Un menor de edad entró al penal de El Castillo, en Mazatlán, para una visita familiar y terminó entre las diez personas fallecidas durante un enfrentamiento dentro de la prisión. Nueve internos también murieron y otros 16 resultaron heridos este jueves 8 de octubre. La violencia alcanzó a quienes estaban bajo custodia y a quien acudió acompañado de su familia.

Ese mismo día, Claudia Sheinbaum celebró desde Palacio Nacional una reducción en la percepción de inseguridad en colonias y localidades. La presidenta presentó cifras de la ENVIPE que, según explicó, muestran una disminución de 50.6% en 2019 a 35.9% en 2026. “Entonces vamos muy bien”, afirmó al valorar los resultados de su gobierno.

La muerte del menor vuelve especialmente doloroso el contraste. Una visita familiar debería realizarse bajo condiciones de protección estrictas. Su presencia dentro de una prisión obliga a extremar las medidas de seguridad, porque los visitantes dependen de los controles y decisiones de las autoridades penitenciarias.

El Estado falló en su obligación de proteger vidas dentro de una instalación que administra y vigila. La investigación deberá establecer las causas y responsabilidades individuales, pero el resultado ya acredita una falla institucional de consecuencias irreparables.

Los hechos ocurrieron por la mañana, durante el horario de visitas. Se reportaron disparos y una movilización de fuerzas de seguridad para atender la emergencia. Posteriormente, las autoridades anunciaron que habían recuperado el control, suspendieron las visitas y notificaron a la Fiscalía General del Estado para investigar lo sucedido.

El reporte de que el penal quedó bajo control describe la situación posterior al enfrentamiento. No explica cómo se llegó a una balacera con diez muertos dentro de una prisión. Tampoco responde qué falló en la vigilancia, cómo estuvieron disponibles las armas y qué medidas se aplicaron para resguardar a los visitantes.

Esas preguntas deben dirigir la investigación. Las autoridades de Sinaloa tienen que explicar si existían advertencias previas, cómo reaccionó el personal penitenciario y quién debía supervisar los mecanismos de prevención. Si hubo negligencia, tolerancia o complicidad, deberá acreditarse y sancionarse. Ninguna de esas hipótesis puede darse por probada de antemano; ninguna debería descartarse para proteger a funcionarios.

La angustia se extendió al exterior. N+ reportó que familiares derribaron vallas del penal para exigir los nombres de las víctimas. La incertidumbre sobre quién había muerto o resultado herido añadió sufrimiento a una emergencia que exigía información oportuna y atención a las familias.

Frente a esta tragedia, el discurso presidencial requiere más rigor y menos complacencia. La percepción de inseguridad y la violencia efectiva miden fenómenos distintos. Una mejoría nacional puede coexistir con episodios graves en una entidad. El enfrentamiento de Mazatlán no invalida por sí solo una encuesta, pero sí muestra los límites de utilizarla como fundamento de una celebración general.

La crítica está en la conclusión política. Cuando la presidenta afirma que el país va muy bien, asume la responsabilidad de explicar también dónde los resultados son insuficientes y dónde la protección estatal se derrumba. Informar avances es necesario; reconocer fallas y exigir consecuencias también lo es.

La administración del penal corresponde a las autoridades estatales. El gobierno de Sinaloa, en el estado gobernado por Graciela Domínguez, sucesora de Rubén Rocha Moya, debe rendir cuentas por lo ocurrido bajo su custodia, mientras la Presidencia debe exigir una investigación seria y evitar que sus indicadores favorables releguen una tragedia de esta magnitud.

Los internos conservan su derecho a la vida y a la integridad. El menor visitante tenía derecho a regresar con su familia. La obligación de protegerlos no depende de su condición jurídica ni puede diluirse en el anuncio de un operativo posterior.

Diez muertos, entre ellos un menor, exigen justicia y responsabilidades concretas.