La detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acusado por el Gobierno federal de presunta traición a la patria por permitir la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara, desató una crisis política dentro del PAN y abrió un nuevo frente de confrontación entre las autoridades federales y el gobierno estatal de Maru Campos.

El exfuncionario fue capturado el sábado 17 de octubre en la capital de Chihuahua por elementos de la Fiscalía estatal, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, relacionados con irregularidades en un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Horas después, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, informó que también obtuvo una orden de aprehensión contra Jáuregui por hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

La acusación federal representa un escalamiento del caso, pues ya no se trata únicamente de presuntas irregularidades administrativas o del incumplimiento de protocolos policiales, sino de una posible violación a la soberanía nacional por permitir que agentes extranjeros participaran directamente en operaciones reservadas a las autoridades mexicanas.

En un mensaje difundido mediante video, Ernestina Godoy sostuvo que Jáuregui habría autorizado o permitido la intervención de personal extranjero en territorio nacional sin contar con las facultades legales necesarias.

La fiscal explicó que el exfuncionario habría “permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional y en acciones que sólo corresponden a las fuerzas federales”, conducta que, de acuerdo con la investigación, “atenta contra la soberanía y la integridad de la nación al encontrarse expresamente prohibido por nuestra Constitución”.

El origen del escándalo se remonta al operativo contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en El Pinal, cuya ejecución puso al descubierto la participación de agentes estadounidenses en tareas de seguridad dentro de México.

El caso adquirió mayores dimensiones después de conocerse que dos agentes vinculados a la CIA y dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua murieron en un accidente carretero relacionado con aquella operación. Las circunstancias de su presencia y las actividades que realizaban en territorio mexicano provocaron cuestionamientos sobre los mecanismos de cooperación bilateral y la autorización de las autoridades federales.

La controversia tiene implicaciones que rebasan las fronteras de Chihuahua. Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, México y Estados Unidos han mantenido una cooperación en materia de inteligencia y combate al narcotráfico, pero bajo el principio de que los agentes extranjeros no pueden ejercer directamente funciones operativas reservadas a las instituciones mexicanas.

Por ello, el caso Jáuregui coloca bajo escrutinio no solamente las decisiones de un fiscal estatal, sino también los mecanismos de supervisión y coordinación entre las instituciones mexicanas y las agencias de seguridad estadounidenses.

En Chihuahua, el encargado de la Fiscalía estatal, Gilberto Loya Chávez, aseguró que la investigación no pretende desconocer los resultados del operativo en El Pinal, donde fue desmantelada una instalación utilizada presuntamente para producir drogas, sino establecer las responsabilidades por la manera en que se desarrolló.

“Lo que se investiga es la forma en la que se condujo este operativo, la omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables”, explicó el funcionario al justificar la actuación de la Fiscalía.

Las autoridades estatales sostienen que, independientemente de los resultados obtenidos contra la delincuencia organizada, ningún funcionario puede actuar al margen de la ley ni autorizar procedimientos que excedan sus atribuciones.

La investigación también alcanzó a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, contra quien fue librada otra orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades.

Sin embargo, la dimensión judicial del caso quedó inevitablemente entrelazada con una disputa política dentro del Partido Acción Nacional.

Jáuregui, quien durante años fue uno de los funcionarios de mayor confianza de la gobernadora Maru Campos, terminó enfrentado con la mandataria estatal después de manifestar su interés en competir por la Alcaldía de Chihuahua en las elecciones de 2027.

Su aspiración chocó con las preferencias políticas atribuidas a la gobernadora, cuyo entorno ha impulsado al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, como posible contendiente por la capital del estado.

El distanciamiento entre ambos dejó de ser una confrontación privada y se convirtió en un enfrentamiento público cuando Campos reprochó a su antiguo colaborador haber actuado sin informarle sobre la operación de abril.

Jáuregui, por su parte, defendió sus decisiones y sostuvo que no había violado la ley.

La captura profundizó la fractura panista. Militantes y simpatizantes del exfiscal se manifestaron frente al Tribunal de Justicia de Chihuahua, donde denunciaron una supuesta persecución política y lo calificaron de preso político.

Los inconformes acusaron a Maru Campos de traicionar a quien había sido uno de sus principales colaboradores y señalaron que el proceso judicial podría estar relacionado con la disputa por la candidatura a la Presidencia Municipal.

Hasta ahora, esas acusaciones políticas no demuestran que la gobernadora haya ordenado la detención para impedir las aspiraciones electorales de Jáuregui. Sin embargo, la coincidencia entre el rompimiento político y las acciones judiciales alimenta las sospechas dentro de un partido que enfrenta una fractura en uno de sus principales bastiones estatales.

El caso plantea además una interrogante sobre el conocimiento que pudo haber tenido el gobierno de Chihuahua respecto de la participación de agentes de inteligencia estadounidenses.

Si la intervención de la CIA ocurrió al margen de los canales institucionales, la investigación deberá esclarecer quién autorizó su presencia, qué funcionarios conocían sus actividades y hasta dónde llegaron las decisiones tomadas dentro de la estructura estatal.

Y si el entonces fiscal actuó por su cuenta, también será necesario determinar cómo pudo desarrollarse una operación de semejante importancia sin los controles institucionales correspondientes.

La detención de César Jáuregui abre así dos crisis simultáneas: una de seguridad nacional, por la presunta intervención ilegal de agentes extranjeros, y otra política, por la ruptura del panismo de Chihuahua en vísperas de la contienda electoral de 2027.

Lo que comenzó como un operativo contra el narcotráfico terminó convertido en un expediente por presunta traición a la patria y una disputa de poder que amenaza con fracturar al gobierno de Maru Campos.