En medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y el escándalo que rodeó la salida de Guadalupe Taddei, el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió otro frente de controversia: ascendió a una funcionaria investigada por presuntas faltas administrativas graves y su presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, justificó el nombramiento por su experiencia profesional.
Se trata de Karla Sofía Sandoval Domínguez, designada encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), pese a enfrentar un procedimiento administrativo por su participación en la contratación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), por 22 millones 371 mil 350 pesos.
El contrato, adjudicado sin licitación según los señalamientos de la investigación, derivó en un proceso de evaluación marcado por fallas tecnológicas, gastos adicionales y afectaciones a 17 mil 291 aspirantes que buscaban ingresar al organismo electoral.
Sin embargo, para la presidencia provisional del INE, esos antecedentes no constituyen un impedimento para que Sandoval asuma la responsabilidad de dirigir precisamente el área encargada de los concursos de ingreso y la carrera profesional electoral.
Blanca Cruz defendió públicamente la designación con el argumento de que la trayectoria laboral de la funcionaria fue el criterio determinante.
“Se ponderó la experiencia que tiene la funcionaria, incluso en la propia área, pues ya tiene algunas décadas trabajando en esta materia, y que también es una funcionaria que tiene más tiempo de trayectoria en la materia electoral, y es lo que nosotros ponderamos”, respondió.
La explicación deja una contradicción institucional: la experiencia que sirvió para justificar el ascenso corresponde a la misma área donde se originaron las irregularidades que actualmente investiga el Órgano Interno de Control (OIC).
La presidenta provisional insistió en que el procedimiento administrativo no representa, por sí mismo, una prohibición para desempeñar el nuevo encargo.
“Cualquier funcionario que sea requerido por alguna supuesta irregularidad, pues tendrá que atender estos requerimientos; en este momento es un procedimiento que puede estar en curso, pero que no le impediría estar asumiendo esta función que hoy tiene”, sostuvo.
EL CONTRATO MILLONARIO Y EL EXAMEN FALLIDO
La investigación tiene su origen en el contrato celebrado con Ceneval para organizar y aplicar el examen de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, destinado a cubrir aproximadamente 300 plazas.
La evaluación estaba programada para realizarse en línea el 16 de mayo de 2026, pero las fallas del sistema impidieron que miles de participantes completaran adecuadamente el proceso.
Ante el fracaso tecnológico, el INE ordenó repetir el examen de manera presencial el 13 de junio, con la participación de personal electoral en las 32 entidades federativas.
El incidente obligó a utilizar recursos humanos, materiales y financieros adicionales, mientras miles de aspirantes tuvieron que someterse nuevamente a una evaluación que debió realizarse correctamente desde el primer intento.
El OIC abrió el 3 de noviembre un procedimiento de responsabilidades administrativas por posibles faltas graves relacionadas con la contratación y el cumplimiento del servicio.
El expediente contempla un posible abuso de funciones, derivado de presuntas irregularidades en la adjudicación y de las condiciones bajo las cuales se contrató al organismo evaluador.
Sandoval Domínguez deberá comparecer el próximo 26 de noviembre ante la autoridad de control para responder a los señalamientos.
FUNCIONARIOS INVESTIGADOS Y VÍNCULOS CON PROVEEDORES
El procedimiento administrativo también involucra al exadministrador del INE, Jesús Octavio García González; al exdirector del Servicio Profesional Electoral Nacional, Jorge Egren Moreno Troncoso; y al exdirector de Recursos Materiales, Mario Alfonso Burciaga Esparza.
Los tres exfuncionarios han sido vinculados en reportes periodísticos con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, empresario mencionado en las investigaciones sobre contrataciones electorales durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.
Esta relación constituye un elemento adicional de contexto, aunque no acredita por sí misma participación en operaciones ilícitas ni demuestra que el contrato con Ceneval forme parte de los esquemas investigados en otros expedientes.
La controversia se produce mientras el INE enfrenta cuestionamientos por las contrataciones realizadas durante la anterior presidencia y por las denuncias relacionadas con proveedores que han llegado a la Fiscalía General de la República (FGR).
En ese escenario, la designación de Sandoval adquiere una dimensión que trasciende su situación administrativa individual: la credibilidad del mecanismo de selección, evaluación y profesionalización de quienes organizan las elecciones mexicanas.
UNA DESIGNACIÓN QUE COMPROMETE LA CREDIBILIDAD DEL INE
El nombramiento de Karla Sofía Sandoval Domínguez entró en vigor el 16 de noviembre, apenas trece días después del inicio del procedimiento administrativo por presuntas faltas graves.
Aunque jurídicamente una investigación no equivale a una sanción y debe respetarse la presunción de inocencia, el organismo electoral enfrenta un cuestionamiento distinto: si resulta institucionalmente prudente colocar al frente de una dirección estratégica a una funcionaria cuya actuación anterior está bajo escrutinio.
La DESPEN interviene en el ingreso, desarrollo y evaluación del personal especializado que participa en la organización de las elecciones. Su conducción exige no solamente experiencia técnica, sino también confianza en la imparcialidad y transparencia de sus procedimientos.
Blanca Cruz optó por respaldar la trayectoria de Sandoval sin que hasta ahora exista una resolución definitiva que esclarezca las responsabilidades derivadas del contrato con Ceneval.
El argumento de que una investigación no impide legalmente ejercer el cargo puede ser correcto, pero no resuelve las dudas sobre los criterios de responsabilidad institucional utilizados para efectuar el nombramiento.
La pregunta es especialmente relevante después de la salida de Guadalupe Taddei, cuya administración quedó envuelta en señalamientos por conflictos de interés, contrataciones controvertidas y relaciones con proveedores.
La comparecencia del 26 de noviembre permitirá conocer nuevos elementos del procedimiento, pero el ascenso ya produjo una controversia sobre las decisiones de la presidencia provisional.
El INE tiene la obligación de garantizar el debido proceso a sus funcionarios, pero también de explicar por qué la experiencia profesional pesó más que los riesgos institucionales de designar a una persona investigada por presuntas faltas graves.











