La investigación sobre la presunta red de huachicol fiscal operada desde las aduanas marítimas comenzó a aproximarse a la estructura de mando de la Secretaría de Marina, aunque la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, mantiene fuera de los interrogatorios al exsecretario Rafael Ojeda Durán.

A petición de la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, la FGR citó para este jueves 30 de julio a siete integrantes de la Armada de México, quienes deberán comparecer como testigos ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Los marinos fueron identificados con las iniciales C.M.A., A.L.R., B.A.G.A., H.R.H., R.S.B., J.C.S.P. y L.A.G.A. Sus testimonios buscan aclarar cómo se tomaron las decisiones dentro de la institución, quién impartió las órdenes y qué autoridades tuvieron conocimiento de las operaciones que permitieron el ingreso ilegal de combustibles por los puertos de Altamira y Tampico.

La defensa de Farías Laguna, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, sostuvo que la aceptación de los interrogatorios representa un avance sustancial para determinar si la responsabilidad alcanzó niveles superiores dentro de la estructura naval.

“La FGR aceptó una de las principales solicitudes de la defensa de Manuel Roberto Farías Laguna al ordenar la realización de entrevistas ministeriales a siete elementos de la Semar, quienes deberán comparecer hoy 30 de julio ante la FEMDO”, señaló el equipo jurídico.

Las comparecencias serán realizadas de manera escalonada durante la jornada. Los abogados del vicealmirante conducirán los interrogatorios con la presencia del Ministerio Público Federal, de modo que las respuestas quedarán formalmente incorporadas a la carpeta de investigación.

El objetivo de la defensa es reconstruir la cadena de mando y determinar si Farías Laguna actuó por cuenta propia o si cumplía instrucciones emitidas por autoridades de mayor jerarquía.

“La atención ahora se centra en lo que puedan revelar los siete marinos. Sus testimonios podrían esclarecer quiénes participaron en la toma de decisiones, cómo se desarrolló el operativo, quiénes realmente dieron instrucciones o responsabilidades que aún no han salido a la luz. Más que una diligencia de trámite, las entrevistas representan una oportunidad para conocer si la investigación apunta a quienes dirigieron las acciones”, afirmó la defensa.

La comparecencia de personal naval abre una nueva etapa en un expediente que, hasta ahora, había concentrado las acusaciones en los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sin transparentar plenamente las decisiones institucionales que habrían permitido el funcionamiento de la red.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna permanece preso y sujeto a proceso en el penal federal del Altiplano. Su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, enfrenta en Argentina un procedimiento de extradición solicitado por las autoridades mexicanas.

La FGR acusa a ambos de encabezar una estructura de corrupción integrada por elementos de la Secretaría de Marina y funcionarios vinculados con las aduanas, que presuntamente facilitó el desembarque de 31 buques cargados con combustible de contrabando entre 2024 y 2025.

Las operaciones habrían ocurrido principalmente en los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, donde cargamentos de hidrocarburos ingresaron al país mediante documentación falsa o declaraciones aduaneras que los presentaban como sustancias diferentes para evitar el pago de impuestos.

Sin embargo, la apertura de los interrogatorios tiene un límite político e institucional evidente: la Fiscalía se niega a citar al almirante Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñó como secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y era la máxima autoridad de la dependencia en el periodo en el que presuntamente operó la red.

Desde el pasado 1 de junio, Farías Laguna solicitó formalmente a la FEMDO que Ojeda Durán fuera interrogado para esclarecer qué información recibió, cuáles fueron las instrucciones emitidas desde la cúpula de la Semar y qué mecanismos de supervisión se aplicaron en las aduanas controladas por personal naval.

La FGR rechazó esa petición, aunque la defensa anunció que insistirá en la comparecencia del exsecretario.

La negativa resulta especialmente relevante porque Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna son sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, una relación que coloca al exfuncionario en el centro de las interrogantes sobre los nombramientos, la supervisión y el conocimiento que pudo haber tenido acerca de las actividades atribuidas a sus familiares.

La Fiscalía parece dispuesta a investigar hacia los niveles operativos e intermedios de la Marina, pero mantiene cerrada la posibilidad de revisar las responsabilidades de quien encabezó la institución durante los años en que las aduanas marítimas quedaron bajo control militar.

El problema de fondo ya no consiste solamente en determinar quién autorizó el desembarque de los buques, sino en establecer si una operación de esa dimensión pudo desarrollarse sin conocimiento de los altos mandos.

La comparecencia de los siete marinos podría revelar datos relevantes sobre las órdenes, los procedimientos y las decisiones internas. Pero mientras Rafael Ojeda Durán permanezca protegido de cualquier interrogatorio, la investigación continuará bajo la sospecha de que la FGR busca sancionar a una parte de la estructura sin esclarecer la responsabilidad política y jerárquica de la cúpula naval.