Ahumada, Chihuahua. Silvia Delgado, quien formó parte del equipo legal del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se perfila como una de las nuevas juezas locales en materia penal del estado de Chihuahua.

Con el 86 por ciento de las actas computadas en el Distrito 5 —con cabecera en Ahumada— Delgado ocupa el segundo lugar con 18,999 votos. En ese distrito, serán electas las cinco mujeres y cinco hombres con mayor número de sufragios.

Trayectoria polémica

Durante la campaña, Silvia Delgado fue criticada por su historial como defensora de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa. Se integró a su equipo legal en agosto de 2016, y participó en diversas acciones legales en favor del capo mientras estaba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de Ciudad Juárez.

En diciembre de 2016, promovió un amparo solicitando una cobija adicional para su cliente, argumentando que las bajas temperaturas afectaban su bienestar. Posteriormente, en enero de 2017, presentó una queja legal alegando que un custodio del penal había acosado a Guzmán Loera durante las revisiones; sin embargo, otro abogado del equipo desmintió que el narcotraficante hubiera denunciado acoso sexual.

Su defensa como candidata

A pesar de las críticas, Delgado se presentó durante su campaña como una aspirante con carácter y compromiso con la imparcialidad:

“Estoy convencida de que para ser juez no sólo se necesita preparación, se requiere carácter y temple para tomar las decisiones de manera imparcial, pero sobre todo: darle el valor que se merecen las personas”, afirmó en su propaganda.

Preocupación ciudadana por la falta de filtros

La organización Defensorxs señaló que la postulación de Silvia Delgado es un ejemplo de cómo la elección judicial carece de filtros adecuados. En redes sociales, advirtieron:

“En este momento, tal vez lo único que puede impedir que llegue al puesto es un litigio.

En Defensorxs estamos buscando a los competidores de Silvia Delgado para que firmen un juicio contra su victoria por su inelegibilidad”, afirmaron.

La situación ha reavivado el debate sobre la pertinencia de elegir jueces mediante voto popular sin mecanismos efectivos de control de antecedentes y perfiles.