Silvia Rocío Delgado García, quien formó parte del equipo legal que defendió a Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, fue elegida como jueza penal en Ciudad Juárez durante las elecciones judiciales del pasado 1 de junio de 2025. Con más de 23 mil votos obtenidos, Delgado se colocó entre las candidatas más votadas del Distrito 5 local en Chihuahua.

Su nombramiento forma parte del proceso impulsado por la Cuarta Transformación para elegir por voto popular a más de 2 mil 600 jueces, magistrados y ministros en todo el país. Aunque la participación ciudadana fue baja —11 por ciento a nivel local y 13 por ciento en las elecciones federales— el gobierno federal ha defendido el ejercicio como un paso histórico para democratizar el Poder Judicial.

Delgado alcanzó notoriedad nacional cuando, como abogada penalista, se integró a la defensa del capo sinaloense mientras estaba recluido en el penal federal de Ciudad Juárez. Entre sus acciones legales figuraron amparos para mejorar las condiciones de reclusión de su cliente, como el suministro de una cobija adicional debido al frío, y denuncias contra custodios por presuntos abusos.

El colectivo Defensorxs incluyó a Delgado en una lista de aspirantes a jueces “de alto riesgo”, argumentando vínculos con el crimen organizado y señalando que su cercanía con “El Chapo” podría comprometer la imparcialidad de su actuación como juzgadora. La organización anunció que presentará impugnaciones para impedir que asuma el cargo, alegando que no cumple con el requisito constitucional de “buena reputación”.

Por su parte, Delgado ha defendido su trayectoria profesional de casi dos décadas, señalando que su papel como abogada defensora no implica afinidad con los delitos cometidos por sus clientes. “Hicimos un trabajo profesional. El derecho a la defensa es un principio fundamental”, declaró en entrevistas posteriores a su triunfo.

El Instituto Estatal Electoral entregó la constancia de mayoría a Delgado el pasado 19 de junio. Si las impugnaciones no prosperan, asumirá el cargo como jueza penal de Ciudad Juárez el próximo 1 de septiembre para un periodo de nueve años.

El caso de Silvia Delgado ha reactivado el debate sobre la conveniencia del modelo de elección popular de jueces. Para algunos, su elección representa un riesgo de infiltración de intereses criminales en el Poder Judicial; para otros, simboliza el acceso de profesionales del derecho con experiencia real en los tribunales a posiciones de decisión. En cualquier caso, su figura se ha convertido en uno de los rostros más polémicos de una reforma judicial sin precedentes en México.