La Fiscalía General de la República (FGR) elevó el nivel de gravedad en el caso de los hermanos Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farías Laguna, al incorporar el delito de narcotráfico a una investigación que ya incluía huachicol, lavado de dinero y delincuencia organizada. El expediente apunta a la existencia de una red estructurada dentro de áreas estratégicas del Estado, particularmente en el sistema aduanero, con operaciones sostenidas entre 2023 y 2025.
De acuerdo con las indagatorias, el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina tras permanecer prófugo desde agosto de 2025, operaba con movilidad irregular en instalaciones clave como las aduanas de Dos Bocas, Tabasco, y Guaymas, Sonora, pese a no contar con adscripción oficial en dichos puntos. El análisis de geolocalización de su número telefónico lo ubica de forma reiterada en esas zonas durante un periodo crítico en el que, formalmente, estaba asignado a otras áreas de la Secretaría de Marina.
Los registros oficiales indican que Farías Laguna estuvo adscrito al Estado Mayor General de la Armada entre 2021 y 2023, posteriormente a la Sexta Flotilla en Manzanillo, y finalmente a la Tercera Región Naval en Dos Bocas en 2025. Sin embargo, los datos de campo contradicen esa ruta institucional, al evidenciar presencia paralela en nodos aduaneros sensibles, lo que refuerza la hipótesis de una operación clandestina con fines delictivos.
En ese contexto, los documentos de la FGR establecen que ambos hermanos habrían construido una estructura de control sistemático en aduanas, facilitando actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos y drogas. El expediente es contundente al señalar: “Cometiendo presuntamente los delitos de tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada, ya que se tiene el conocimiento de que los hermanos Farías Laguna crearon una estructura donde consolidaron un control sistemático y sostenido sobre áreas estratégicas de la administración pública federal, específicamente en las aduanas, donde se cometieron delitos en temas relacionados a hidrocarburos y tráfico de drogas”.
El caso también exhibe anomalías financieras relevantes. Información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revela discrepancias entre los ingresos declarados por Fernando Farías Laguna y los montos registrados en comprobantes fiscales. Mientras sus declaraciones anuales de 2020 a 2024 reportan ingresos por 9.4 millones de pesos, los CFDI de nómina emitidos por la Secretaría de Marina suman más de 11.7 millones, generando una diferencia superior a 4.8 millones de pesos.
Las irregularidades no se limitan a la diferencia de montos. Los reportes oficiales subrayan la emisión atípica de múltiples comprobantes en un mismo día: “En los CFDI recibidos por nómina se identificó que Fernando Farías Laguna en ciertos días recibió de tres o incluso hasta más de 20 CFDI con fecha de emisión del mismo día por cantidades que llegan a superar más de 1.3 millones de pesos, lo cual resulta inusual, toda vez que para el pago de nómina se tendrían que emitir uno o dos CFDI a la quincena o al mes que corresponda”.
La investigación también documenta vínculos operativos con otros mandos navales. Se identificó una reunión entre Fernando Farías Laguna y el capitán de navío Clímaco Aldape Utrera el 18 de mayo de 2025 en Tlalpan, Ciudad de México, personaje cuyo proceso judicial fue suspendido temporalmente por un juez federal en octubre. Asimismo, se registraron al menos cinco encuentros con Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, capitán de corbeta retirado actualmente prófugo, durante marzo y junio del mismo año.
Un elemento adicional que tensiona el caso es la relación familiar de los hermanos Farías Laguna con el ex Secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, lo que introduce un componente político y de posible protección institucional. Pese a esa cercanía, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy no ha llamado a declarar al ex mando naval, lo que ha generado cuestionamientos sobre la línea de investigación y sus alcances.
En ese mismo eje, el caso se inserta en un contexto de señalamientos sobre la protección política desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, donde la ausencia de acciones directas contra figuras de alto nivel vinculadas indirectamente al expediente refuerza la percepción de un manejo selectivo de la justicia.
El entramado descrito por la FGR sugiere la existencia de una red con capacidad de infiltración institucional, que habría operado con cobertura interna y movilidad estratégica en puntos neurálgicos del comercio exterior.
