La estrategia de seguridad implementada por la Secretaría de Marina (Semar) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentara que dos empresas responsables de tareas de vigilancia en las terminales aéreas mantienen vínculos corporativos con individuos investigados por delincuencia organizada y tráfico de armas.

De acuerdo con la indagatoria, las compañías SERPROSEP y Armour King obtuvieron contratos por más de mil 194 millones de pesos para realizar labores de seguridad en las Terminales 1 y 2 del principal aeropuerto del país, bajo la supervisión de la Semar, institución que asumió el control operativo del AICM como parte de la estrategia federal para reforzar la seguridad en instalaciones consideradas estratégicas.

La controversia surge porque ambas empresas aparecen relacionadas con Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yoryi”, y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, personajes señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como integrantes de una organización criminal presuntamente encabezada por el empresario Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo.

Según los documentos revisados por MCCI, Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga participaron como accionistas, operadores o representantes dentro de las estructuras corporativas de las compañías favorecidas con los contratos de seguridad aeroportuaria. En el caso de SERPROSEP, ambos aparecen vinculados a la empresa mediante actas mercantiles, mientras que en Armour King, Alberts Ponce figura como apoderado legal y Sainz de la Maza Zúñiga como comisario desde la constitución de la sociedad.

La relevancia del caso aumenta debido a que Jorge Enrique Alberts Ponce enfrenta una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos, dentro de una investigación federal que también los relaciona con actividades presuntamente realizadas en beneficio del Cártel del Golfo.

El hallazgo abre interrogantes sobre los mecanismos de revisión utilizados para adjudicar contratos en instalaciones estratégicas del Estado mexicano. Más aún cuando las empresas involucradas no sólo obtuvieron acceso a labores de vigilancia, sino a la supervisión de puntos de inspección y áreas de espera por donde transitan diariamente miles de pasajeros nacionales e internacionales.

La situación resulta particularmente delicada porque la administración aeroportuaria quedó bajo responsabilidad de la Marina, a cargo del Almirante Raymundo Morales, precisamente con el argumento de fortalecer los controles de seguridad y cerrar espacios a la infiltración criminal en infraestructura considerada sensible para la seguridad nacional.

Consultada sobre los señalamientos, la Semar respondió el pasado 6 de junio que, “de ser el caso, se dará vista a los órganos fiscalizadores”, al tiempo que precisó que esperará “una determinación firme por parte de una autoridad jurisdiccional” antes de emitir una postura definitiva respecto de los contratos cuestionados.

Mientras las investigaciones continúan, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio los procesos de contratación pública en áreas estratégicas del Gobierno federal y la capacidad de los mecanismos de control para detectar posibles vínculos entre proveedores del Estado y personas sujetas a investigaciones por delincuencia organizada.

La revelación adquiere especial relevancia en un contexto donde el combate al tráfico ilegal de armas se ha convertido en una de las principales prioridades de seguridad para México y en un tema recurrente de cooperación y tensión con Estados Unidos. Bajo ese escenario, la presencia de empresas relacionadas con presuntos operadores de una red de tráfico de armamento en la vigilancia del principal aeropuerto del país plantea cuestionamientos que van más allá de un simple proceso administrativo y alcanzan el terreno de la seguridad nacional.