El presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue asesinado a balazos este miércoles dentro del Palacio Municipal, en un ataque que confirmó la vulnerabilidad de las autoridades locales frente a los grupos criminales que disputan el control de la región oriente del estado.
El cuerpo del alcalde, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue localizado dentro de las instalaciones del Ayuntamiento, situado aproximadamente a 80 kilómetros de Cuernavaca. La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) inició las investigaciones y aseguró que agotará todas las líneas relacionadas con el homicidio.
“Cabe señalar que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, intervienen con diligencias iniciales y levantamiento del cuerpo sin vida en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal de Temoac”, informó la dependencia.
Después del ataque, las corporaciones integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad desplegaron un operativo en Temoac y municipios cercanos para localizar a los responsables.
“Tras lo ocurrido, las instituciones integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad desplegaron un operativo en el municipio de Temoac y sus alrededores en busca de los responsables de estos hechos delictivos”, agregó la Fiscalía.
Las primeras versiones indican que dos hombres que viajaban en una motocicleta ingresaron o se aproximaron a la sede municipal, dispararon contra el alcalde y huyeron. Los presuntos agresores aparecen en grabaciones de videovigilancia con cascos que impiden identificar sus rostros. La participación de dos atacantes en motocicleta también fue reportada por medios nacionales, aunque la mecánica precisa deberá ser confirmada por las investigaciones ministeriales.
El homicidio no fue un hecho aislado. Valentín Lavín Romero ya había sido atacado el 31 de enero de 2026, cuando sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba junto con su esposa sobre la carretera México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco. Ambos sobrevivieron.
Tras aquel atentado, el alcalde solicitó licencia temporal para recuperarse y atender las condiciones de seguridad que enfrentaba. Su regreso al cargo ocurrió, por tanto, bajo una amenaza que nunca desapareció y que terminó por alcanzarlo dentro del edificio que representaba la autoridad municipal.
En mayo pasado, el edil también fue mencionado en una narcomanta colocada en el centro de Temoac. En el mensaje, presuntos integrantes del crimen organizado lo acusaban de no estarse “alineando” y de proteger a supuestos delincuentes rivales vinculados con actividades de extorsión.
Esos antecedentes convierten el asesinato en un episodio de violencia política con posibles componentes de control criminal territorial. La advertencia pública, el primer atentado y finalmente la ejecución dentro del Ayuntamiento describen una secuencia que las autoridades deberán reconstruir para determinar si el crimen fue una represalia, una disputa entre organizaciones o un intento de apoderarse de las estructuras municipales.
La situación de Temoac ya estaba marcada por investigaciones contra servidores públicos presuntamente relacionados con el crimen organizado. En septiembre de 2025 fue detenida nuevamente Andrea Angelina “N”, conocida como “La Patrona” y ex tesorera municipal, junto con otras diez personas señaladas como integrantes de Los Aparicio, organización también identificada como Los Huazulco.
De acuerdo con las investigaciones difundidas por autoridades y medios, Los Aparicio operan en la región oriente de Morelos y estarían relacionados con delitos como narcomenudeo, secuestro, extorsión y homicidio. La detención de una exfuncionaria municipal señalada como presunta dirigente criminal reveló hasta qué punto las fronteras entre el gobierno local y las estructuras delictivas podían encontrarse debilitadas.
El asesinato de Valentín Lavín Romero adquiere una dimensión particularmente grave porque fue cometido dentro del Palacio Municipal, un espacio que debería contar con vigilancia, controles de acceso y condiciones mínimas de protección. Los agresores no solamente privaron de la vida a un alcalde: irrumpieron en el centro institucional del municipio y demostraron que podían atacar directamente al poder civil.
El crimen también se inscribe en una crisis más amplia en la zona oriente de Morelos, donde distintas organizaciones criminales han disputado durante años el control de la extorsión, el comercio, los mercados, el transporte y las administraciones municipales. Casos recientes en Cuautla han mostrado cómo las redes delictivas buscan infiltrarse en áreas gubernamentales para administrar economías ilegales y utilizar recursos públicos.
La investigación deberá aclarar quién ordenó la ejecución, qué grupo tenía amenazado al alcalde, por qué no se reforzó su seguridad después del primer atentado y si las advertencias contenidas en la narcomanta fueron incorporadas formalmente a una carpeta de investigación.
