Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, y presunto prestanombre, recurrió a la justicia federal ante el temor de ser detenido, después de que personas con uniformes de la Fiscalía General de la República (FGR) y vestimenta militar presuntamente rondaron y fotografiaron su domicilio en la Ciudad de México.
El episodio habría ocurrido el 3 de marzo de 2026 en la privada donde reside. Según relató en su demanda de garantías, la presencia de los uniformados le hizo suponer que existía la intención de aprehenderlo.
“El 3 de marzo de 2026, me informaron que varios sujetos uniformados como policías con distintivos de la FGR en compañía de otros con uniformes tipo militar y armados estuvieron rondando el domicilio, tomando fotografías”, expuso en el recurso judicial.
Ante el temor de una presunta “cacería”, Olán Aparicio promovió el amparo el 23 de marzo. El procedimiento tuvo las características de lo que comúnmente se conoce como un “amparo buscador”, utilizado para solicitar que distintas autoridades informen si existe una orden de aprehensión o algún acto que pueda afectar la libertad del promovente.
El juez Primero de Distrito en Materia Penal, Carlos Alberto Rico, requirió información a distintas áreas de la FGR, fiscalías especializadas y autoridades penitenciarias. Las dependencias consultadas negaron la existencia de la orden reclamada, por lo que el juzgador sobreseyó el juicio el 28 de mayo.
La resolución significa que, en el momento en que las autoridades rindieron sus informes, no reconocieron tener una orden de aprehensión contra Jorge Amílcar Olán Aparicio. Sin embargo, el sobreseimiento no constituye una declaración de inocencia ni descarta la existencia de investigaciones, expedientes en integración o una posible orden emitida posteriormente.
El movimiento judicial adquiere relevancia por los señalamientos que rodean al empresario y a compañías relacionadas con su entorno. Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada con operadores de confianza de Olán Aparicio, ha sido señalada por presuntas irregularidades en la importación de combustibles.
De acuerdo con reportes periodísticos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentó ante la FGR una declaratoria de perjuicio por un presunto daño fiscal superior a 834 millones de pesos. La acusación se relaciona con información supuestamente falsa asentada en 139 pedimentos de importación, correspondientes a cargamentos ingresados entre febrero y junio de 2025.
Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también han documentado que Portacelis Gas and Oil recibió combustible de Ikon Midstream, compañía estadounidense investigada por autoridades de México y Estados Unidos dentro de indagatorias sobre presunto huachicol fiscal.
El vínculo empresarial se estableció a través de Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como operador de confianza de Amílcar Olán y quien figuró como administrador único de Portacelis Gas and Oil. El mismo nombre aparece en documentos corporativos de Romedic, empresa relacionada con Olán que obtuvo contratos para el suministro de medicamentos, así como en Poyago e Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis.
La cercanía de Jorge Amílcar Olán Aparicio con Andrés Manuel López Beltrán ha elevado el costo político del caso. Aunque el amparo concluyó sin confirmar una orden de captura, el hecho de que el empresario buscara protección frente a áreas especializadas en delincuencia organizada, delitos fiscales, lavado de dinero y corrupción muestra la dimensión de sus preocupaciones legales.
Por ahora, no existe información pública que confirme una orden de aprehensión contra Olán Aparicio. Lo que sí permanece abierto es el escrutinio sobre la red empresarial vinculada con su entorno y sobre la actuación que adopte la FGR ante las denuncias fiscales relacionadas con Portacelis Gas and Oil.
