El huachicol fiscal continúa como uno de los principales desafíos para el Gobierno Federal. A pesar de la militarización de las aduanas y del despliegue de miles de elementos de seguridad, las autoridades detectan un promedio superior a 10 operaciones irregulares cada día.

Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) identificó 3 mil 109 casos de posible contrabando o clasificación arancelaria incorrecta relacionados con 109.4 millones de litros de hidrocarburos, de acuerdo a información de Abel Barajas en el periódico Reforma.

Las operaciones pretendían evadir alrededor de 4 mil 600 millones de pesos en contribuciones fiscales, de acuerdo con la información incorporada al Segundo Informe de Gobierno.

La dimensión de las irregularidades revela que el contrabando de combustibles no constituye una práctica aislada, sino una actividad sistemática que aprovecha las operaciones de comercio exterior para introducir hidrocarburos declarados bajo fracciones arancelarias distintas y pagar menos impuestos.

Los casos fueron detectados mediante sistemas de revisión no intrusiva instalados en las 50 aduanas del país. La ANAM informó:

“Herramientas de trazabilidad y control de hidrocarburos permitieron a las autoridades cancelar 3 mil 434 sellos digitales para facturar y presentar 118 denuncias penales”.

Las cifras muestran, sin embargo, una brecha considerable entre las operaciones identificadas y las denuncias presentadas. Frente a los 3 mil 109 casos detectados, solamente se promovieron 118 denuncias penales, equivalentes a menos del cuatro por ciento.

El propio informe aclara que las autoridades localizaron irregularidades en la clasificación de productos petrolíferos, lo que permitió exigir su regularización y recuperar contribuciones omitidas.

“Se detectaron 3 mil 109 casos de clasificación arancelaria incorrecta en productos petrolíferos e hidrocarburos, propiciando su regularización y contribuyendo al fortalecimiento de la recaudación fiscal”, señala el documento.

Esta precisión resulta relevante: no todas las irregularidades aduaneras acreditan automáticamente la existencia de un delito. Sin embargo, el volumen involucrado y la cantidad de sellos digitales cancelados reflejan la persistencia de estructuras empresariales y logísticas capaces de mover combustible mediante documentación presuntamente falsa o clasificaciones fiscales indebidas.

Durante el mismo periodo, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó el inicio de 9 mil 459 carpetas de investigación relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos. Las investigaciones dejaron 859 personas detenidas, de las cuales solamente 307 fueron vinculadas a proceso. También se realizaron 137 cateos y se aseguraron más de 10.3 millones de litros de combustibles.

Las cifras evidencian que el número de investigaciones y detenciones no se traduce necesariamente en procesos judiciales. Apenas poco más de una tercera parte de las personas detenidas fue vinculada a proceso, mientras que el informe no detalla cuántos expedientes corresponden específicamente a huachicol fiscal y cuántos están relacionados con el robo físico de combustibles.

Para reforzar la vigilancia, el Gobierno Federal asignó 2 mil 663 militares de manera permanente a 32 aduanas bajo su coordinación: 21 fronterizas y 11 interiores. A ellos se sumaron 582 elementos de la Secretaría de Marina desplegados en ocho aduanas, seis marítimas y dos terrestres.

También fueron comisionados 2 mil 446 efectivos de la Guardia Nacional para, según el informe, “inhibir los actos de corrupción e impulsar la recaudación fiscal”. En conjunto, el dispositivo representa al menos 5 mil 691 integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en tareas de vigilancia aduanera.

Pese a este despliegue, las aduanas reportaron el aseguramiento de apenas 737 mil 300 litros de hidrocarburos, una cantidad muy inferior a los 109.4 millones de litros involucrados en las operaciones irregulares detectadas. La diferencia obedece a que una irregularidad fiscal puede ser regularizada sin que necesariamente se produzca un decomiso, pero también exhibe las limitaciones para inmovilizar físicamente el combustible bajo sospecha.

Por su parte, la Guardia Nacional aseguró en todo el país un millón 507 mil litros de combustibles, además de 85 autotanques, 33 tractocamiones, 22 semirremolques, 29 dollys, 11 camiones tipo torton, 172 vehículos y 28 inmuebles.

La publicación de estos datos marca una diferencia frente al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando no se difundieron reportes con este nivel de detalle sobre irregularidades fiscales en la importación de combustibles, pese a que diversas investigaciones penales sitúan el auge del huachicol fiscal durante aquella administración.

El nuevo informe permite dimensionar parcialmente el problema, pero también confirma su magnitud. Después de años de control militar en puertos y aduanas, el Gobierno sigue detectando más de 10 posibles operaciones de contrabando al día, mientras sólo una fracción termina en denuncias penales y el volumen efectivamente asegurado continúa muy por debajo del combustible involucrado.

Más que una estadística de éxito, los 3 mil 109 casos detectados en diez meses constituyen la evidencia de un negocio ilegal que permanece activo y que todavía encuentra espacios para operar dentro de un sistema aduanero custodiado por las Fuerzas Armadas.