El asesinato de Eduardo Bustos, integrante de la Guardia Nacional especializado en labores de investigación, expuso nuevamente la profundidad de la disputa criminal en Guerrero y abrió una investigación sobre los señalamientos que hizo el agente antes de morir acerca de una posible protección institucional a grupos delictivos.

Los restos del uniformado y de otras tres personas fueron encontrados el 5 de septiembre en la localidad de Plan de Lima, perteneciente al municipio de Juan R. Escudero, junto a la carretera federal México-Acapulco.

Antes del hallazgo circuló en redes sociales un video en el que Eduardo Bustos, aparentemente sometido por sus captores, realizó declaraciones sobre los operativos efectuados por autoridades federales y estatales en Guerrero. En la grabación señaló a uno de sus superiores y a un presunto mando de la Fiscalía General del Estado de Guerrero de favorecer a Los Tlacos y dirigir acciones contra Los Ardillos.

Las acusaciones fueron realizadas en condiciones de cautiverio y hasta el momento no han sido corroboradas por una investigación independiente. Sin embargo, la naturaleza de los señalamientos obliga a las autoridades a esclarecer no solamente el homicidio, sino también la posible infiltración del crimen organizado en las corporaciones encargadas de combatirlo.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el hombre observado en la grabación pertenecía a la Guardia Nacional y explicó que se encontraba de descanso en Guerrero, estado del que era originario.

La dependencia condenó el crimen y anunció que colaborará con las autoridades civiles para investigar tanto el asesinato como las circunstancias en las que se realizaron las declaraciones difundidas en redes sociales.

“Esta dependencia del Ejecutivo Federal mantendrá un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente durante este proceso, además de brindar el apoyo institucional que corresponda”, señaló la Defensa.

Como respuesta inicial, las autoridades desplegaron 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos. La operación reunió a personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Policía Estatal.

Durante los recorridos efectuados en Pablo de Galeana, Río Verde y Xaltianguis, comunidades rurales del municipio de Acapulco, fueron detenidas 16 personas señaladas como presuntos integrantes de Los Ardillos, entre ellas quien sería el operador financiero de la organización.

Las fuerzas de seguridad aseguraron 12 armas de fuego, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, 10 máquinas tragamonedas, dos motocicletas y un vehículo. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades para definir su situación jurídica.

Aunque el operativo fue presentado como parte de las investigaciones relacionadas con los hechos de Juan R. Escudero, las autoridades todavía no han informado si alguno de los detenidos tuvo participación directa en el secuestro y asesinato de Eduardo Bustos y de las otras tres víctimas.

El caso ocurre en medio de la disputa territorial entre Los Ardillos, Los Tlacos y otras organizaciones que operan en las regiones Centro, Montaña y Acapulco. Los Ardillos, encabezados históricamente por la familia Ortega Jiménez, construyeron su principal zona de influencia en Quechultenango y posteriormente extendieron su presencia hacia Chilapa, Chilpancingo y la Montaña baja.

El principal mando identificado de la organización es Celso Ortega Jiménez, hermano de Bernardo Ortega Jiménez, exalcalde de Quechultenango y exdiputado local. Organizaciones comunitarias y defensores de derechos humanos han denunciado durante años que el crecimiento del grupo no puede explicarse sin sus relaciones con estructuras políticas y autoridades municipales.

En mayo de 2026, ataques atribuidos a Los Ardillos provocaron el desplazamiento de más de 2 mil 200 habitantes de Xicotlán, Acahuahuetlán, Tula y Alcozacán, según el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata. Las comunidades denunciaron asesinatos, viviendas incendiadas y ataques con armas largas, granadas y explosivos lanzados desde drones.

La muerte de Eduardo Bustos representa ahora un desafío mayor para el Estado mexicano: determinar quién ordenó su ejecución, establecer si las declaraciones grabadas bajo amenaza contienen información verificable y comprobar si el operativo contra Los Ardillos está directamente relacionado con el multihomicidio.

La captura de 16 presuntos integrantes y el aseguramiento de un arsenal constituyen un golpe relevante, pero no resuelven la pregunta central que dejó el asesinato: hasta dónde han penetrado las organizaciones criminales las instituciones de seguridad de Guerrero y quiénes, dentro o fuera del Gobierno, les han permitido ampliar su control territorial.