La reforma judicial promovida por el Gobierno de la Cuarta Transformación fue presentada como la solución frente a un sistema supuestamente dominado por la corrupción, los privilegios y la liberación recurrente de presuntos delincuentes.

El argumento central del oficialismo fue que la elección popular de jueces, magistrados y ministros permitiría sustituir a una estructura judicial que, según la narrativa gubernamental, protegía criminales y obstaculizaba las investigaciones de las autoridades federales.

Sin embargo, las resoluciones que favorecen la libertad de personas identificadas públicamente como integrantes de organizaciones criminales no desaparecieron con la llegada de los juzgadores electos mediante el nuevo modelo.

El caso de José Antonio Cortés Huerta, “El Titán”, expone nuevamente la distancia entre los anuncios de las autoridades federales, la solidez jurídica de sus investigaciones y las decisiones posteriores de los tribunales.

Cortés Huerta fue liberado el lunes, apenas dos meses después de que su captura fuera presentada por el Gobierno federal como un golpe relevante contra una red relacionada con el contrabando de combustibles, el huachicoleo y la comercialización ilegal de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

El presunto operador criminal había sido detenido el 9 de mayo en Monterrey, durante un despliegue federal que incluyó cateos simultáneos en distintos puntos de Nuevo León.

Tres días después, el 12 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó públicamente la operación durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La captura fue presentada entonces como parte de las acciones federales para desmantelar una organización dedicada al tráfico y distribución ilegal de combustibles.

No obstante, la jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, María de los Ángeles Padrón Banda, decretó la no vinculación a proceso de Cortés Huerta.

La resolución implicó su liberación al considerar que, dentro de la investigación presentada por la Fiscalía, no existían elementos suficientes para atribuirle formalmente algún delito.

La decisión adquiere una dimensión política adicional porque Padrón Banda figuró entre las candidaturas promovidas mediante los llamados “acordeones” atribuidos al gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante la pasada elección judicial.

Los “acordeones” fueron documentos impresos y digitales que circularon durante el proceso electoral con listas de candidatos recomendados para ocupar juzgados y tribunales, una práctica cuestionada por la oposición y por organizaciones civiles debido a su posible influencia sobre el voto ciudadano.

La liberación de “El Titán” también estuvo precedida por un amparo definitivo concedido el 8 de julio por el juez Primero Penal de Nuevo León, Mario Melo Cardoso.

El juzgador señaló irregularidades en los cateos realizados en el domicilio del detenido, lo que debilitó los elementos utilizados por las autoridades para sostener la acusación.

La resolución vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de las corporaciones federales y de los ministerios públicos responsables de integrar el expediente.

El problema no se limita, por tanto, a la decisión de una jueza, sino que también alcanza la legalidad de los operativos, la obtención de evidencias y la capacidad de la Fiscalía para transformar una captura mediática en un caso judicial sostenible.

Con la salida de José Antonio Cortés Huerta, quedaron en libertad las cuatro personas detenidas durante los operativos realizados los días 9 y 10 de mayo en Monterrey, San Pedro Garza García y Allende.

Además de Cortés Huerta, las autoridades capturaron a Jesse Uresti, Juan de Dios Saavedra y Rosario Flores, identificada como presunta pareja de “El Titán”.

Los despliegues fueron difundidos ampliamente por el Gobierno federal y presentados como un golpe contra una estructura vinculada con el tráfico ilegal de combustibles.

Omar García Harfuch aseguró que los detenidos formaban parte de una red dedicada al contrabando de combustible y a la comercialización ilícita de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.

De acuerdo con la información divulgada tras el operativo, “El Titán” era identificado como líder de una célula del Cártel del Noreste relacionada con actividades de huachicoleo.

Las autoridades también lo señalaron como socio de Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”, presunto operador del contrabando de combustible mediante trenes y embarcaciones procedentes de territorio estadounidense.

Cortés Huerta también fue relacionado con el aseguramiento de un buque realizado en Tamaulipas durante marzo de 2025, como parte de las investigaciones sobre el ingreso ilegal de hidrocarburos al País.

Pese a la gravedad de esos señalamientos, la investigación presentada ante los tribunales no logró sostener, hasta ahora, la permanencia en prisión de ninguno de los cuatro detenidos.

El caso representa una contradicción para el discurso de la 4T.

Durante años, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente Claudia Sheinbaum responsabilizaron a los jueces por liberar presuntos delincuentes, incluso cuando las resoluciones se derivaban de detenciones ilegales, cateos irregulares, violaciones al debido proceso o expedientes mal integrados.

La elección popular de juzgadores fue promovida bajo la promesa de terminar con esas decisiones y acercar el Poder Judicial a los intereses de la ciudadanía.

Pero la liberación de “El Titán” muestra que cambiar el mecanismo de designación de los jueces no corrige automáticamente las deficiencias de las fiscalías ni subsana los errores cometidos durante una investigación.

También evidencia que los nuevos juzgadores estarán sometidos al mismo dilema jurídico que sus antecesores: validar las acusaciones gubernamentales o exigir que cada detención y cada prueba cumplan con la Constitución.

La presunción de inocencia obliga a considerar a José Antonio Cortés Huerta inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Sin embargo, el Gobierno federal deberá explicar por qué una persona presentada públicamente como pieza central de una organización dedicada al huachicoleo terminó en libertad apenas dos meses después de su captura.