La decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de reservar durante cinco años toda la documentación vinculada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza Cázares, coloca nuevamente bajo escrutinio la estrategia del Gobierno federal frente a uno de los casos políticos de mayor impacto en la relación bilateral.
La determinación surgió como respuesta a una solicitud de transparencia que buscaba conocer el contenido de los intercambios diplomáticos entre ambos países. La Cancillería argumentó que la divulgación de esos documentos comprometería la confianza institucional que sostiene los mecanismos de cooperación en materia de seguridad e intercambio de información.
En su resolución, la dependencia sostuvo que “La divulgación de esta información podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano, al revelar elementos sensibles de los mecanismos de cooperación, análisis de información, estrategias de coordinación intergubernamental y consideraciones para la conducción de la interlocución diplomática entre México y Estados Unidos.”
Asimismo, concluyó que “Dicha información requiere ser clasificada como reservada por un término de cinco años”.
La reserva comprende oficios, comunicaciones diplomáticas, solicitudes de asistencia jurídica internacional, notas verbales, correos institucionales y minutas intercambiados entre autoridades mexicanas y estadounidenses relacionados con ambos políticos de Morena.
El contexto del caso se remonta a abril, cuando la Fiscalía de Nueva York hizo públicas acusaciones contra una decena de ex funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con la facción criminal Los Chapitos. Dentro de ese grupo fueron mencionados Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázares, lo que detonó una crisis política que trascendió el ámbito estatal y alcanzó la agenda diplomática entre ambos gobiernos.
Mientras Rocha Moya solicitó licencia a la gubernatura, Inzunza Cázares permanece en funciones como senador. Tras el congelamiento de sus cuentas bancarias, el legislador continúa recibiendo su dieta mediante cheque, situación que ha mantenido el caso en el debate público.
Desde que se conocieron las acusaciones provenientes de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que su administración solicitará formalmente las pruebas que respalden los señalamientos contra los ex funcionarios sinaloenses. Al mismo tiempo, ha insistido en que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe realizarse con pleno respeto a la soberanía nacional.
La decisión de la SRE de mantener bajo reserva la información durante un lustro evita, por ahora, conocer el alcance de las comunicaciones oficiales entre ambos gobiernos, así como el contenido de los reportes, solicitudes y mecanismos de colaboración relacionados con un expediente que continúa teniendo implicaciones políticas, judiciales y diplomáticas para México y Estados Unidos.
