La 4T intenta presentar como trámite lo que en realidad es una señal de alarma para México. La decisión de Estados Unidos de no renovar el T-MEC por otros 16 años y llevarlo a un esquema de revisiones anuales no es una simple formalidad técnica, como busca hacerlo ver el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Es un golpe económico, político y de confianza para el país.

El tratado no desaparece de inmediato. Ese es el dato que el gobierno repite para reducir el impacto. Pero el problema no está en que el T-MEC termine mañana, sino en que deja de ofrecer el horizonte de estabilidad que México necesitaba. Estados Unidos optó por no extender el acuerdo en su forma actual, por lo que el tratado seguirá vigente bajo un mecanismo de revisión anual hasta 2036 si no se alcanza antes un acuerdo de renovación. Esa decisión introduce incertidumbre sobre el futuro de la integración comercial de América del Norte.

La diferencia es enorme. Una renovación por 16 años habría enviado una señal de confianza a empresas, inversionistas, bancos, calificadoras y cadenas industriales. En cambio, la revisión anual convierte al T-MEC en una especie de certificación económica permanente. Cada año, México tendrá que pasar nuevamente por el filtro político, comercial y estratégico de Washington.

Por eso el discurso de Ebrard resulta insuficiente. Decir que el tratado sigue vigente hasta 2036 es técnicamente correcto, pero políticamente incompleto. El golpe no está en la cancelación inmediata del acuerdo, sino en la pérdida de certidumbre de largo plazo. Una empresa que planea invertir en una planta automotriz, electrónica, farmacéutica o de semiconductores no decide con una ventana de doce meses. Decide con cálculos de 10, 15 o 20 años.

El nuevo esquema abre la puerta a una presión anual sobre México. Estados Unidos podrá volver una y otra vez sobre sus reclamos en materia automotriz, reglas de origen, acero, aluminio, energía, comercio digital, cadenas de suministro, competencia china y déficit comercial. En los hechos, el país queda sujeto a una revisión política recurrente, no sólo a una evaluación comercial.

La administración de Donald Trump ha colocado como preocupación central la dependencia de insumos extranjeros y la necesidad de revisar las cadenas de suministro. Ebrard ha reconocido que México busca atender esas inquietudes en las conversaciones del T-MEC, especialmente en sectores estratégicos como autos, chips y componentes industriales.

Ese dato confirma la gravedad del momento. México no llega a la mesa desde una posición de fuerza absoluta, sino bajo presión. Su economía depende profundamente del acceso al mercado estadounidense, mientras que Estados Unidos utiliza esa dependencia como herramienta de negociación. La revisión anual aumenta esa asimetría.

El mayor riesgo está en la inversión. El llamado nearshoring, que el gobierno ha vendido como una oportunidad histórica, necesita estabilidad jurídica y comercial. Pero ningún inversionista serio puede ignorar que el principal tratado comercial de México quedará sometido a revisiones constantes. La incertidumbre puede retrasar proyectos, elevar costos financieros, frenar ampliaciones industriales y llevar a empresas a diversificar operaciones fuera del país.

El impacto puede sentirse también en el tipo de cambio, en el costo de financiamiento y en las decisiones de largo plazo de los sectores exportadores. Cada revisión anual puede convertirse en un nuevo episodio de volatilidad. Cada declaración de Washington puede mover expectativas. Cada desacuerdo puede transformarse en amenaza arancelaria, disputa técnica o presión política.

El sector automotriz queda particularmente expuesto. Es una industria integrada en Norteamérica, con cadenas de valor que cruzan varias veces la frontera. Si las reglas pueden ponerse bajo discusión cada año, las armadoras y proveedoras enfrentan un entorno mucho menos previsible. El riesgo no es únicamente comercial; es financiero, laboral y regional.

A esta incertidumbre externa se suma una debilidad interna que el gobierno tampoco quiere reconocer: la caída de la certeza jurídica en México tras la elección judicial. El país no sólo llega debilitado por la revisión anual del T-MEC; llega con un Poder Judicial cuestionado, politizado y con una legitimidad dañada por el escándalo de los acordeones.

El INE recibió 29 quejas por las llamadas guías de votación o acordeones en la elección judicial y dictó medidas cautelares contra su distribución impresa y digital. Posteriormente, el propio instituto impuso sanciones a 177 candidaturas ganadoras que aparecieron en esos listados.

El problema no es menor. Si los nuevos jueces, magistrados y ministros llegan al cargo bajo la sombra de una operación política de inducción del voto, la confianza en la justicia mexicana se deteriora. Y para el comercio internacional, la justicia no es un asunto secundario. Las empresas necesitan tribunales independientes para defender contratos, inversiones, concesiones, permisos y derechos frente a decisiones arbitrarias del poder público.

Human Rights Watch advirtió que la reforma judicial y el proceso electoral socavaron la independencia judicial en México. También sostuvo que los estándares internacionales exigen jueces protegidos de la influencia política para resolver conforme a derecho.

Ese deterioro pega directamente al T-MEC. El tratado no sólo depende de aranceles o reglas de origen. Depende de confianza institucional. Si México ofrece tribunales más ideologizados, inclinados hacia el Poder Ejecutivo y con menor preparación técnica, el país pierde atractivo como destino de inversión. La certidumbre comercial se erosiona desde fuera, por la revisión anual, y desde dentro, por el debilitamiento judicial.

La combinación es peligrosa: un tratado bajo revisión permanente y un Poder Judicial bajo sospecha de captura política. Para los inversionistas, esa mezcla significa riesgo. Riesgo de cambios regulatorios sin contrapeso. Riesgo de litigios resueltos con criterios políticos. Riesgo de que las decisiones del Ejecutivo encuentren menos límites institucionales. Riesgo de que México deje de ser visto como una plataforma confiable para producir y exportar hacia Estados Unidos.

Por eso la 4T no puede maquillar la gravedad del golpe. La narrativa oficial intenta reducirlo a una continuidad administrativa: el tratado sigue, las reglas se mantienen, las revisiones son normales. Pero el fondo es otro. México perdió la posibilidad de cerrar una renovación amplia y estable. En lugar de eso, quedó sometido a evaluaciones anuales que pueden condicionar inversiones, presionar sectores estratégicos y debilitar su posición negociadora.

Para Marcelo Ebrard, el costo también es político. Como Secretario de Economía, queda asociado a una negociación que no consiguió blindar el acuerdo comercial más importante para México. Su defensa pública puede contener el impacto mediático inmediato, pero no elimina el hecho central: Estados Unidos no concedió la renovación que México necesitaba.

Esta derrota erosiona además sus aspiraciones presidenciales. Ebrard no pertenece al núcleo duro de la izquierda encabezada por Claudia Sheinbaum. Fue su adversario en la contienda interna de Morena rumbo a la candidatura presidencial de 2024 y su permanencia en el gabinete depende, en buena medida, de resultados. Si el T-MEC se convierte en un foco anual de tensión económica, el desgaste recaerá inevitablemente sobre él.

El problema para la 4T es que no se trata sólo de un asunto técnico. Es una señal de pérdida de confianza. Estados Unidos no rompe el tratado, pero tampoco lo blinda. Mantiene a México dentro, pero bajo revisión. Conserva el acuerdo, pero reserva la presión. Esa es la verdadera lectura del nuevo escenario.

La economía mexicana queda atrapada entre dos incertidumbres: la externa, provocada por la revisión anual del T-MEC, y la interna, causada por el deterioro de la certeza jurídica. Una amenaza el acceso estable al mercado estadounidense. La otra amenaza la confianza en las instituciones mexicanas.

Por más que Ebrard intente maquillar el golpe, el mensaje para los mercados es claro: México ya no tiene garantizado el horizonte comercial que presumía. Tendrá que demostrar cada año que sigue siendo un socio confiable. Y lo hará con un Poder Judicial más débil, más politizado y menos creíble.

La 4T puede intentar cambiarle el nombre a la derrota. Puede llamarla revisión, continuidad o proceso natural del tratado. Pero en los hechos, México perdió certidumbre.