La difusión de una carta fechada el 25 de marzo de 2026 y firmada por el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, ha colocado nuevamente en el centro del debate la necesidad de transparencia en el manejo de los recursos económicos que se solicitan en nombre de la Iglesia Católica y de la devoción a Santa María de Guadalupe.

La autenticidad del documento no ha sido puesta en duda. En él, Aguiar Retes presenta al Lic. Martín Achirica Ramos como responsable de realizar labores de logística y recaudación de fondos para impulsar la promoción internacional de la devoción guadalupana dentro del marco del Jubileo por los 500 años de las apariciones y de la denominada Novena Intercontinental Guadalupana.

En la misiva se solicita brindar apoyo a quienes participan en esa campaña de recaudación y se establece que los recursos obtenidos serían destinados a fortalecer la devoción guadalupana y diversos procesos de hermanamiento entre comunidades católicas en distintas regiones del mundo.

El documento, sin embargo, abre un debate mucho más profundo que la simple organización de una colecta religiosa. La interrogante central no radica en la facultad del Arzobispo Primado de México para impulsar iniciativas pastorales dentro de su jurisdicción, sino en el alcance institucional de una campaña presentada como parte de un acontecimiento que rebasa ampliamente a la Arquidiócesis Primada de México.

El Jubileo Guadalupano y la Novena Intercontinental Guadalupana constituyen proyectos de alcance nacional e internacional que involucran a toda la Iglesia en México y, de manera particular, a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Precisamente por ello resulta especialmente delicado que, de acuerdo con información obtenida de fuentes del propio Episcopado, dicha colecta internacional nunca hubiera sido autorizada por la CEM, ni existiera conocimiento previo sobre su realización.

Las mismas fuentes sostienen que la Conferencia del Episcopado Mexicano desconoce el monto de los recursos obtenidos y afirma no haber recibido cantidad alguna derivada de esa campaña de recaudación.

Si esa versión corresponde a la realidad, surge una pregunta que difícilmente puede ser ignorada: ¿en nombre de qué instancia eclesial se solicitaron recursos económicos en distintos países del mundo?

La preocupación adquiere una dimensión mayor debido a que la carta fue utilizada para presentar la campaña de recaudación en diversas diócesis, particularmente en Filipinas, donde naturalmente los obispos, sacerdotes y fieles pudieron asumir que se trataba de una iniciativa plenamente respaldada por las autoridades responsables del Jubileo Guadalupano.

La legitimidad institucional constituye uno de los principales activos de cualquier colecta promovida por la Iglesia. Cuando un documento porta la firma del Arzobispo Primado de México, resulta razonable que quienes reciben la solicitud interpreten que existe coordinación con las instancias nacionales encargadas del proyecto.

La operación tampoco parece limitarse a Martín Achirica Ramos. En esta campaña aparece un elemento adicional que amplía el círculo de actores involucrados. Achirica Ramos se hace acompañar por los hermanos Héctor Sulaimán Saldívar y Mauricio Sulaimán Saldívar, hijos del fallecido José Sulaimán Chagnón, expresidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuya gestión estuvo rodeada en distintos momentos por controversias y cuestionamientos públicos. La participación de integrantes de esa familia en las actividades de promoción y recaudación añade un componente adicional de interés público, particularmente porque ninguno de ellos forma parte de la estructura de gobierno de la Conferencia del Episcopado Mexicano ni del Cabildo de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. Su presencia vuelve todavía más relevante conocer quién diseñó la estrategia internacional de recaudación, quiénes participaron en su ejecución y bajo qué mandato institucional actuaron.

A ello se suma otro elemento que incrementa las dudas. Una iniciativa internacional vinculada directamente con la promoción de la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe parecería requerir, al menos desde una perspectiva pastoral e institucional, comunicación con el Cabildo de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, órgano responsable del principal santuario mariano del continente.

Hasta donde se ha podido conocer, dicha comunicación no existió. Aunque jurídicamente pudiera no ser indispensable una autorización formal del Cabildo, resulta difícil explicar que una campaña internacional destinada a recaudar recursos utilizando como eje central la imagen y la devoción guadalupana pudiera desarrollarse sin conocimiento del cuerpo de canónigos responsable de la Basílica de Guadalupe.

El problema deja entonces de ser exclusivamente administrativo para convertirse en un asunto de confianza institucional.

Cada peso entregado por un fiel representa un acto de fe. Cuando ese donativo se solicita invocando el nombre de la Virgen de Guadalupe, de la Iglesia Católica y de una celebración que involucra a millones de creyentes en distintos países, la rendición de cuentas deja de ser una opción para convertirse en una obligación moral.

La transparencia exige responder preguntas elementales: ¿quién autorizó formalmente la colecta?, ¿bajo qué estructura jurídica y administrativa se recibieron los donativos?, ¿cuánto dinero fue recaudado?, ¿quién administró esos recursos?, ¿en qué proyectos específicos fueron aplicados y quién puede verificarlo?

Solicitar esas respuestas no implica formular una acusación anticipada ni emitir un juicio de culpabilidad. Por el contrario, constituye el mecanismo más eficaz para proteger el prestigio de las instituciones eclesiales, preservar el buen nombre de quienes participaron en la campaña y evitar que cualquier sombra de opacidad termine afectando una de las devociones religiosas más importantes del mundo católico.

La propia Iglesia ha insistido durante años en la necesidad de fortalecer los principios de honestidad, responsabilidad y transparencia en la administración de los bienes confiados por los fieles. Esa exigencia cobra todavía mayor relevancia cuando los recursos provienen de campañas internacionales realizadas bajo el amparo de acontecimientos religiosos de enorme trascendencia.