La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lanzó un duro posicionamiento contra el Gobierno federal al exigir que se investigue y entregue a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como a otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal sostuvo que la actual tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad no es producto de circunstancias aisladas, sino consecuencia de una política de protección hacia personajes cercanos al movimiento gobernante que enfrentan acusaciones del otro lado de la frontera.

La declaración ocurre en un contexto de creciente presión bilateral por el combate a los cárteles de la droga y en medio de versiones sobre posibles acciones más agresivas por parte de Washington contra organizaciones criminales asentadas en territorio mexicano. Además, coincide con el inicio de las discusiones preliminares sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), considerado uno de los pilares de la integración económica regional.

En su mensaje, Campos Galván rechazó cualquier posibilidad de una intervención militar extranjera en territorio nacional y reivindicó la defensa de la soberanía mexicana. Sin embargo, advirtió que la protección política a funcionarios acusados de colaborar con el narcotráfico termina debilitando precisamente aquello que el Gobierno dice defender.

“Recientemente, el titular del Ejecutivo de los Estados Unidos sugirió que no le importaría que despareciera el tratado de libre comercio y deslizó la posibilidad de recurrir a acciones militares por tierra contra los cárteles asentados en México. Quiero ser muy clara: estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo, y la integridad de nuestro territorio no se negocia. Pero debo decir algo más, porque una defensa real de nuestra soberanía no puede ser ciega ni mucho menos irracional”, expresó.

La mandataria panista argumentó que la crisis de confianza que enfrenta México ante su principal socio comercial se origina en la falta de acciones contra funcionarios señalados por la justicia estadounidense. En ese sentido, cuestionó que existan solicitudes de captura y acusaciones que, a su juicio, no han sido atendidas por las autoridades mexicanas.

“Surgió, porque hay servidores públicos con solicitudes de aprehensión que son cobijados, abrazados y cuidados, sin que, al día de hoy, sepamos nada de ellos ni de sus casos. Surgió porque las fiscalías persiguen a quienes combatimos el crimen mientras no tocan a los acusados de vínculos con el narcotráfico. Y desde el oficialismo se le llama defender la patria. Pero la patria no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho. Se defiende cortando esos vínculos entre la política y el crimen organizado que causan tantísimo dolor y muerte a los mexicanos. Se defiende llevando ante la justicia a los señalados”, afirmó.

La gobernadora sostuvo que la principal amenaza para la soberanía nacional no proviene del exterior, sino de la infiltración del crimen organizado en las estructuras del poder público. Bajo esa lógica, señaló que la impunidad genera condiciones que facilitan la presión internacional y deterioran la posición de México frente a sus socios estratégicos.

“Lo que atenta más contra la soberanía de México, no es un gobierno extranjero sino la impunidad del crimen organizado. Sí, el auténtico entreguismo e injerencismo es dar el control político al narco. La única razón por la que hoy vivimos esta situación es la negativa del gobierno federal a procesar a los suyos. Eso es impunidad. Y la impunidad no protege a ningún país, lo debilita”, sostuvo.

En la parte más contundente de su mensaje, Maru Campos llamó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum a actuar contra Rubén Rocha Moya y los funcionarios señalados, advirtiendo que la continuidad de esa política podría tener consecuencias económicas y diplomáticas para México.

“Que no destruya años de confianza y cooperación por proteger a los señalados por la justicia. Si llegara a haber una incursión extranjera en nuestro territorio o si llegáramos a perder el tratado comercial que sostiene millones de empleos, de vidas y familias, escúchenlo bien: la responsabilidad será únicamente del gobierno de Morena y de la 4T”, señaló.

Finalmente, la gobernadora reiteró su exigencia de que las acusaciones sean investigadas públicamente y que los señalados enfrenten procesos judiciales, al considerar que la defensa de la soberanía pasa por el fortalecimiento del Estado de derecho.

“Hoy más que nunca, amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices, y que se investigue públicamente a los demás acusados. No dejemos de exigirlo, no permitamos que se olvide. Lo que está en juego es el desarrollo del país, la libertad y la seguridad de todas las familias mexicanas. Al régimen morenista, al régimen de la 4T les recordamos que la patria es primero… no su partido”, concluyó.