El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) vuelve a colocarse en el centro de la disputa por el poder político. Una investigación periodística reveló que el gobierno de Delfina Gómez Álvarez dejó bajo la influencia de la Sección 36 la administración de la nómina y el control laboral de más de 100 mil trabajadores de la educación del Valle de México, sostenidos con un presupuesto anual superior a 46 mil millones de pesos.

No se trata formalmente de una transferencia directa del presupuesto educativo a las cuentas del sindicato, sino del control político y administrativo ejercido mediante los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), organismo responsable de ejecutar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). La diferencia jurídica es importante, pero no elimina el problema de fondo: la posible subordinación de una institución pública a una estructura sindical vinculada con Morena.

El director general de los SEIEM, Magdaleno Reyes Ángeles, fue nombrado en septiembre de 2023, al inicio del gobierno de Delfina Gómez, y cuenta con una trayectoria dentro de la Sección 36 del SNTE. De las 106 plazas reportadas en la estructura burocrática del organismo, por lo menos 68 estarían ocupadas por maestros sindicalizados. Esto concede al gremio influencia sobre decisiones relacionadas con contrataciones, ascensos, permanencia laboral, plazas y condiciones de trabajo.

La investigación también documentó la existencia del “Programa Estratégico de Operación Corredor Azul”, diseñado desde 2023 para aumentar la presencia del gobierno estatal, los SEIEM y la organización sindical en 16 municipios considerados de alta rentabilidad política. El documento proponía identificar a docentes, padres de familia, simpatizantes de Morena y beneficiarios de programas sociales, además de “capitalizar” los padrones de personas promovidas o apoyadas para medir los resultados de la operación electoral. Agencia Reforma, reproducida por El Diario de Juárez.

La precisión cronológica también resulta necesaria. Delfina Gómez ganó la gubernatura del Estado de México en 2023, no en 2024. La operación atribuida a la Sección 36 durante 2024 habría estado dirigida a favorecer a candidatos de Morena a presidencias municipales, diputaciones locales y cargos federales, cuando Gómez ya ocupaba el gobierno estatal.

En aquel momento, la sección sindical estaba encabezada por Rigoberto Vargas Cervantes, quien dejó la dirigencia para convertirse en candidato y posteriormente diputado local de Morena. Su sucesora, Mónica Granillo Velazco, también llegó a la política partidista como diputada federal morenista con licencia. El tránsito de dirigentes sindicales hacia candidaturas oficialistas muestra una relación que rebasa la negociación estrictamente laboral.

Esta estructura puede adquirir una importancia nacional rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, congresos locales y cientos de ayuntamientos. El proceso abarcará a las 32 entidades y exigirá al Instituto Nacional Electoral (INE) coordinar más de 500 actividades relacionadas con el padrón, la fiscalización y la instalación de casillas.

En ese escenario, el SNTE de Alfonso Cepeda Salas cuenta con algo que ningún partido puede construir en pocos meses: presencia en prácticamente todos los municipios, contacto cotidiano con millones de familias, capacidad de organización y una estructura jerárquica formada por dirigentes seccionales, supervisores, directores y docentes. Si ese aparato se utiliza para promover candidaturas, identificar beneficiarios o condicionar derechos laborales, dejaría de funcionar como representación gremial para convertirse en una maquinaria político-electoral.

El modelo podría complementar el despliegue territorial de los Servidores de la Nación, responsables de operar programas sociales y mantener contacto directo con sus beneficiarios. Las autoridades electorales ya han advertido que estos funcionarios no pueden participar en actividades partidistas mientras ejercen sus cargos, precisamente porque su cercanía con la población puede otorgarles una ventaja indebida y vulnerar la equidad de las contiendas.

A esta red se sumarían agrupaciones políticas y comunitarias asociadas con programas públicos o con movimientos como los llamados Servidores de la Paz. Sin embargo, afirmar que todas estas estructuras ya integran una operación nacional coordinada para manipular elecciones requiere pruebas documentales adicionales. Lo comprobable hasta ahora es la existencia de vasos comunicantes entre gobiernos, programas sociales, dirigencias sindicales y candidaturas de Morena.

El riesgo crece por la transformación interna del árbitro electoral. Durante los primeros meses de 2026, el INE, presidido por Guadalupe Taddei Zavala, registró la baja de cientos de trabajadores especializados. Aunque el organismo informó originalmente de 831 salidas de personal contratado por proyecto y honorarios, el recuento citado por exconsejeros llegó a 836 funcionarios, incluidos verificadores, técnicos, analistas y asesores.

Las bajas afectaron áreas como Transparencia y Protección de Datos Personales, Prerrogativas y Partidos Políticos, Servicios de Informática, Organización Electoral, Fiscalización y lo Contencioso Electoral. El expresidente del instituto, Lorenzo Córdova, advirtió que la sustitución masiva destruye parte de la “memoria institucional” y abre “un peligroso espacio de inexperiencia” antes de una elección particularmente compleja.

Los 836 funcionarios representan más de 5% del personal total del instituto, pero equivaldrían aproximadamente a 15% de la plantilla de sus oficinas centrales. Paralelamente, el INE reconoció miles de nuevas contrataciones, aunque muchas corresponden a empleos eventuales renovados mensualmente y a perfiles como asistentes, auxiliares, enlaces, secretarias y choferes, en contraste con los técnicos y especialistas dados de baja. El Universal.

La coincidencia entre el fortalecimiento territorial del SNTE, la expansión de las estructuras relacionadas con los programas sociales y el debilitamiento técnico del INE configura una señal de alerta, pero todavía no demuestra por sí misma la existencia de un plan consumado de fraude o manipulación electoral. Para sostener esa acusación sería necesario documentar instrucciones partidistas, desvío de recursos, coacción sobre trabajadores, utilización ilegal de padrones o condicionamiento de beneficios.

Tampoco existe evidencia pública suficiente para establecer una relación causal entre esta alianza electoral y las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa. Las imputaciones estadounidenses, las solicitudes de extradición y la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha reclamado pruebas suficientes antes de proceder, forman parte de una crisis política distinta. Vincular directamente ambos procesos debe presentarse como una interpretación política, no como un hecho comprobado.

Lo documentado en el Estado de México, no obstante, permite identificar un modelo susceptible de reproducirse: una organización sindical controla posiciones clave de la administración educativa, sus dirigentes obtienen candidaturas y su estructura territorial participa en tareas de promoción política. Si ese esquema se extiende a los 17 estados que renovarán gubernatura en 2027 y posteriormente a la elección presidencial de 2030, el país enfrentará una competencia marcada por una profunda desigualdad entre el partido gobernante y sus adversarios.

El problema no es que los maestros tengan preferencias políticas ni que el SNTE negocie mejores condiciones para sus afiliados. El límite se cruza cuando la nómina, las plazas, los ascensos, los padrones escolares o los programas sociales se convierten en instrumentos para premiar lealtades, movilizar votantes o castigar disidencias. Ahí termina la organización gremial y comienza la captura electoral del Estado.