El Gobierno de Donald Trump se prepara para extender a tierra firme su campaña militar contra el narcotráfico en América Latina, una estrategia que podría alcanzar a organizaciones asentadas en México, aunque el país no participa en la coalición regional impulsada por Estados Unidos.

Durante una visita a Panamá, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que la advertencia de Washington contra los cárteles va “en serio” y abarca desde las redes dedicadas al tráfico de cocaína en Sudamérica hasta las estructuras responsables de distribuir fentanilo desde territorio mexicano.

La declaración no constituye todavía el anuncio de un ataque inminente en México, ni precisa si una eventual operación requeriría la autorización del Gobierno mexicano. Sin embargo, representa una escalada en el discurso de la administración de Trump, porque incorpora explícitamente a las plazas mexicanas dentro del escenario de posibles acciones militares terrestres.

Hegseth afirmó que Estados Unidos busca desplegar con sus aliados una “capacidad operativa como la que vieron con los ataques a las lanchas de droga” en el Caribe y el Pacífico oriental. La siguiente fase, explicó, tendría “el mismo efecto en tierra” mediante operaciones coordinadas inicialmente con Ecuador, Colombia y otros gobiernos aliados.

“Será el mismo efecto en tierra, y por eso estamos trabajando con Ecuador, Colombia, con socios para llevar la lucha a los DTO en tierra”, sostuvo el funcionario desde un punto no identificado de la selva panameña. Las siglas DTO son utilizadas por Washington para referirse a las organizaciones designadas como terroristas.

El planteamiento transforma el combate al narcotráfico en una estrategia de naturaleza abiertamente militar. Hegseth comparó a los cárteles latinoamericanos con organizaciones como Estado Islámico y Al-Qaeda, con lo cual busca justificar el uso de ataques letales contra grupos que, hasta hace poco, eran perseguidos principalmente mediante operaciones policiales, investigaciones financieras y procesos judiciales.

“Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, son un objetivo, igual que el Estado Islámico o Al-Qaeda”, afirmó el Secretario de Guerra. La declaración amplía deliberadamente el campo de acción estadounidense: el criterio ya no sería únicamente la ubicación del grupo criminal, sino su presunta capacidad para amenazar a ciudadanos o intereses de Estados Unidos.

La estrategia tiene como antecedente la Operación Southern Spear, iniciada en septiembre de 2025 con bombardeos contra embarcaciones señaladas como transportadoras de drogas. De acuerdo con reportes internacionales, la campaña ha dejado más de 215 muertos. Un informe presentado al Congreso estadounidense documentó que solamente entre abril y junio de 2026 fueron atacadas al menos 19 embarcaciones, con un saldo estimado de 56 personas muertas o desaparecidas.

La ampliación hacia objetivos terrestres se articula mediante la Coalición Anticárteles de las Américas, integrada por 19 países y encabezada por Donald Trump. Entre sus participantes se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, cuyos gobiernos han respaldado una política regional de mayor endurecimiento militar.

México no forma parte de esa alianza, a pesar de que en su territorio operan algunas de las organizaciones criminales más poderosas del continente. Esa ausencia convierte las palabras de Hegseth en una advertencia especialmente delicada: cualquier acción estadounidense dentro del país sin consentimiento del Gobierno mexicano representaría una violación de la soberanía nacional y abriría una crisis diplomática de grandes dimensiones.

Hasta ahora, los casos confirmados de operaciones terrestres estadounidenses se han realizado en coordinación con gobiernos aliados. El propio Pentágono reconoce acciones conjuntas con Ecuador y una operación coordinada con fuerzas venezolanas. En Colombia, Hegseth abrió la posibilidad de atacar junto con el nuevo Gobierno a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), considerados por Washington “objetivos legítimos”. Reuters confirmó que las conversaciones incluyen eventuales ataques conjuntos.

La advertencia coloca al Gobierno mexicano frente a una presión creciente. Washington sostiene que las organizaciones dedicadas al tráfico de fentanilo representan una amenaza directa para su seguridad nacional, mientras que la exclusión de México de la coalición puede ser interpretada por la administración de Trump como falta de disposición para participar en su nueva estrategia militar.

El mensaje de Pete Hegseth no confirma que existan ya órdenes para bombardear o desplegar tropas en territorio mexicano, pero sí establece una doctrina: para la administración de Donald Trump, los cárteles dejaron de ser solamente organizaciones criminales y se convirtieron en enemigos susceptibles de ser atacados militarmente en cualquier lugar donde operen. En ese nuevo mapa de guerra, México aparece como uno de los escenarios centrales.