Enrique Peña Nieto debe ser investigado por la Fiscalía de Ernestina Godoy, y eventualmente procesarlo en México por su posible participación en el encubrimiento del caso Ayotzinapa. También existe una vía internacional, pero es mucho más estrecha. La conclusión de Alejandro Encinas de que fue un “crimen de Estado”, y que la “verdad histórica” se construyó en los niveles superiores del gobierno, constituye un punto de partida relevante.

Esta tesis adquiere una dimensión distinta a raíz de la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, acusado por la Fiscalía General de la República de participar presuntamente en el ocultamiento de evidencias. Su captura rompe el límite político que durante casi doce años mantuvo la investigación concentrada en policías, integrantes de Guerreros Unidos y funcionarios de niveles inferiores.

Si la responsabilidad comienza a ascender hasta quien gobernaba Guerrero, resulta inevitable preguntar ¿por qué tendría que detenerse antes de llegar al poder federal que administró la crisis, condujo las investigaciones y presentó al país una versión destinada a cerrar el expediente?

Aguirre no es un personaje periférico. Era el gobernador cuando desaparecieron los normalistas, mantuvo comunicación con el gobierno federal y encabezaba las instituciones estatales que conocieron los ataques prácticamente en tiempo real. La nueva acusación lo vincula con la desaparición de los videos del Palacio de Justicia de Iguala, grabaciones que pudieron registrar el traslado de algunos estudiantes.

Versiones relacionadas con la investigación sostienen que Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, habría declarado que la destrucción de esas evidencias fue ordenada por Aguirre, y por el entonces procurador estatal Iñaki Blanco Cabrera. La FGR no ha revelado íntegramente ese testimonio ni ha confirmado públicamente un acuerdo para convertirla en testigo protegido. Por tanto, deberá corroborarlo con pruebas independientes.

Pero si la Fiscalía afirma que un gobernador pudo intervenir para desaparecer evidencias, también debe investigar si existió una segunda operación, todavía más amplia, para manipular la investigación desde el gobierno federal.

El caso es ampliamente conocido. La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, policías municipales, integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diferentes corporaciones siguieron y atacaron a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Seis personas murieron, decenas resultaron heridas y 43 jóvenes fueron desaparecidos. De ellos solamente han sido identificados los restos de Alexander Mora Venancio, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. El destino de los otros 40 continúa sin esclarecerse.

El crimen fue seguido por una operación institucional que pretendió clausurar el caso. En enero de 2015, el procurador Jesús Murillo Karam presentó la llamada “verdad histórica”: los estudiantes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Equipo Argentino de Antropología Forense desmontaron esa versión al documentar contradicciones científicas, torturas, declaraciones manipuladas y diligencias irregulares. Murillo Karam fue detenido en 2022 por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia. Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y operador central de aquella versión, permanece en Israel, mientras México intenta obtener su extradición.

La pregunta fundamental es si Murillo Karam y Zerón actuaron solos.

Cuando Alejandro Encinas presentó las conclusiones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, no se limitó a describir errores ministeriales. Sostuvo que la desaparición fue un crimen de Estado y que la “verdad histórica” se urdió en los niveles más altos del gobierno de Peña Nieto, incluyendo reuniones celebradas en la Presidencia de la República, en Los Pinos.

Esa afirmación tiene un enorme peso político, pero todavía necesita convertirse en evidencia judicial. “Crimen de Estado” no es un delito autónomo que permita encarcelar automáticamente al jefe del Ejecutivo.

La FGR tendría que reconstruir las reuniones de Los Pinos: quiénes asistieron, qué informes fueron presentados, qué instrucciones se impartieron y quién autorizó convertir una investigación plagada de torturas e irregularidades en la posición oficial del Estado mexicano.

Deberían revisarse minutas, agendas, comunicaciones entre Presidencia, Gobernación, PGR, Secretaría de la Defensa Nacional y Marina; informes entregados al expresidente y testimonios de quienes participaron en aquellas reuniones. Resultaría especialmente importante determinar si Peña Nieto conoció las torturas utilizadas para obtener declaraciones y las irregularidades de la diligencia encabezada por Zerón en el río San Juan.

Peña Nieto ya no cuenta con inmunidad presidencial. La FGR puede investigarlo, citarlo y, si obtiene datos suficientes, solicitar una orden de aprehensión. No se requiere un juicio político ni una declaración de procedencia del Congreso. Lo que se necesita es una imputación individualizada y pruebas capaces de resistir ante un tribunal.

La desaparición forzada, además, es un delito permanente mientras no se conozca el destino de las víctimas y no está sujeta a prescripción. Para otros posibles delitos, como encubrimiento, coalición de servidores públicos y obstrucción de la justicia, tendría que analizarse la legislación vigente cuando ocurrieron los hechos.

También existe una posibilidad internacional: la Corte Penal Internacional puede juzgar a individuos, incluidos expresidentes, cuando existen crímenes de lesa humanidad. Pero no bastaría con demostrar la desaparición de los 43 estudiantes ni con citar la conclusión de “crimen de Estado”. Sería necesario acreditar que Ayotzinapa formó parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y que existió una política estatal u organizacional detrás de las desapariciones, torturas y encubrimientos.

Además, la Corte Penal Internacional solamente interviene cuando el Estado responsable no puede o no quiere realizar una investigación genuina. Si México investiga seriamente los mismos hechos y a los mismos responsables, la jurisdicción principal seguirá correspondiendo a los tribunales nacionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos representa una vía distinta. Puede declarar responsable al Estado mexicano, ordenar reparaciones y exigir investigaciones efectivas, pero no puede condenar penalmente ni encarcelar a Peña Nieto. Las responsabilidades individuales tendrían que establecerse en México o, bajo condiciones mucho más exigentes, ante la Corte Penal Internacional.

La detención de Ángel Aguirre coloca a la fiscal general Ernestina Godoy ante una prueba decisiva. Si la investigación solamente alcanza al exgobernador de Guerrero, podría convertirse en otro golpe político aislado. Si sigue la cadena de decisiones hasta sus últimas consecuencias, tendrá que entrar en Los Pinos y determinar quién convirtió una investigación criminal en una operación de Estado para administrar la verdad.

Se trata de investigar si la “verdad histórica” pudo ser construida, aprobada y defendida desde la Presidencia. Peña Nieto no puede ser excluido de la investigación cuando la propia Comisión de la Verdad concluyó que el encubrimiento se gestó en los niveles superiores de su administración.

La detención de Ángel Aguirre abre una puerta que la FGR ya no puede cerrar selectivamente. Si Ayotzinapa fue un crimen de Estado, la justicia tiene la obligación de investigar no sólo a quienes ejecutaron las órdenes, sino también a quienes pudieron concebirlas, autorizarlas y protegerlas desde la cúspide del poder.