El huachicol en México ha dejado de ser únicamente la perforación rudimentaria de ductos para convertirse en una actividad con infraestructura industrial, capacidad logística y presencia en varios estados. Fuerzas federales aseguraron cuatro instalaciones destinadas presuntamente al procesamiento ilícito de combustibles, aunque nuevamente los operativos concluyeron sin una sola persona detenida.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las instalaciones fueron descubiertas a partir de denuncias anónimas: dos se encontraban en San Luis Potosí, una en Tizayuca, Hidalgo, y otra en Cuautla, Morelos. Los inmuebles se suman a los complejos localizados recientemente en Cadereyta, Nuevo León, y Reynosa, Tamaulipas, lo que revela que no se trata de operaciones aisladas, sino de una actividad clandestina extendida territorialmente.

En tres de los cuatro predios asegurados se contabilizaron aproximadamente un millón 96 mil litros de petrolíferos, equivalentes a cerca de 6 mil 900 barriles. La FGR no precisó qué ocurrió con los responsables ni explicó si los centros fueron abandonados antes de los cateos o si sus operadores recibieron alguna advertencia.

La dimensión de los hallazgos contrasta con el debate promovido desde el Gobierno federal sobre cómo deben denominarse estas instalaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado llamarlas refinerías clandestinas y sostiene que se trata de “centros de procesamiento”, debido a que no cuentan con el tamaño ni con los equipos necesarios para realizar los procedimientos complejos de una refinería convencional.

La precisión puede ser técnicamente válida, pero no reduce la gravedad del fenómeno. Aunque no sean refinerías en sentido estricto, los predios tenían capacidad para almacenar, mezclar, transformar y distribuir grandes cantidades de hidrocarburos. El complejo localizado en Cadereyta, por ejemplo, almacenaba 671 mil litros, además de otros líquidos cuya composición quedó sujeta a análisis pericial. En Reynosa, las autoridades aseguraron instalaciones con millones de litros de sustancias con características de hidrocarburo. Los aseguramientos y la explicación presidencial fueron reportados el 1 de agosto.

En el municipio de San Luis Potosí, agentes de la FGR, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Pemex Logística catearon un inmueble equipado con ocho tanques de 80 mil litros, ocho cilindros horizontales, seis cilindros verticales y 894 contenedores con capacidad de mil litros cada uno.

También fueron asegurados una máquina asfaltadora, generadores eléctricos a diésel, una roscadora portátil para tubos, equipo de cómputo, documentación y una camioneta tipo pick-up. Las autoridades estimaron que en el sitio había entre 500 mil y 600 mil litros de petrolíferos, además de 40 cinchos de seguridad utilizados en escotillas de pipas, un indicio que podría ayudar a reconstruir la cadena de transportación y distribución.

En Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fue localizado otro predio con 18 tanques verticales y dos líneas de producción de hidrocarburos. Ahí se aseguraron alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, muestras de ácido sulfúrico, frascos con sustancias de características similares a los hidrocarburos y documentación diversa.

El hallazgo muestra que el sitio presuntamente no era utilizado solamente como bodega. La existencia de líneas de producción, compuestos químicos y muestras sugiere una operación destinada a alterar o acondicionar combustibles, aunque corresponderá a los peritajes determinar qué procesos se realizaban y cuál era el origen de los productos.

En Tizayuca, Hidalgo, las autoridades encontraron 32 contenedores con capacidad de mil litros, otros 25 de cinco mil litros y 456 mil 300 litros de posibles hidrocarburos o productos químicos. También fueron decomisados monitores, aparatos electrónicos, equipo de cómputo y documentos que podrían permitir identificar proveedores, clientes, transportistas o movimientos financieros.

El cuarto operativo ocurrió en Cuautla, Morelos, después de que una denuncia alertó sobre el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas y sobre un intenso olor a hidrocarburos y sustancias químicas. En este caso, la FGR no informó cuánto combustible encontró ni detalló la maquinaria asegurada; únicamente señaló que se tomaron muestras de los contenedores.

La ausencia de detenidos vuelve a exhibir el principal vacío de estos operativos. Las autoridades decomisan instalaciones, tanques, pipas, computadoras y millones de litros de combustible, pero los responsables no aparecen. Montar y mantener centros de esta dimensión requiere inversión, suministro continuo, transportistas, compradores, protección territorial y capacidad para movilizar pipas sin despertar —o sin enfrentar— la reacción de las autoridades.

La FGR aseguró que las investigaciones continuarán:

“Las instituciones de seguridad y procuración de justicia continuarán desarrollando líneas de investigación, acciones operativas y trabajos de inteligencia para identificar, detener y llevar ante la justicia a quienes participen en estas actividades, debilitando sus capacidades operativas, financieras y logísticas, con el propósito de proteger la infraestructura estratégica del país y salvaguardar la seguridad de la población”.