El huachicol dejó de ser la imagen rudimentaria de una toma clandestina para convertirse en una industria criminal diversificada, capaz de penetrar ductos, terminales, pipas, aduanas y estaciones de servicio. Las cifras más recientes de Petróleos Mexicanos muestran que, lejos de contenerse, el saqueo alcanzó durante el segundo trimestre de 2026 su nivel económico más grave de los últimos ocho años.

Entre abril y junio, la sustracción ilegal de petróleo crudo, gasolina, diésel y turbosina provocó pérdidas por 9 mil 180 millones de pesos, de acuerdo con el reporte financiero de la empresa que dirige Juan Carlos Carpio Fragoso. Esto equivale a retirar de las cuentas de la petrolera aproximadamente 101 millones de pesos cada día.

El deterioro resulta todavía más significativo porque representa un aumento de 20% frente al mismo periodo de 2025, pese a los operativos, decomisos, cateos y detenciones anunciados por el gobierno federal. La cifra constituye una evidencia financiera difícil de conciliar con el discurso oficial de que el robo de combustibles se encuentra bajo control.

El daño equivale, además, a poco más de la mitad de los 18 mil 24 millones de pesos de utilidad neta que Pemex reportó durante el segundo trimestre. Aunque ambos conceptos no pueden restarse mecánicamente, la comparación revela la magnitud del boquete: por cada dos pesos de ganancia trimestral, el huachicol arrebató el equivalente a uno.

El problema no termina en el combustible que desaparece. Víctor Hugo Juárez Cuevas, director general de Edge Innovation, explicó a El Universal que cada litro robado es un producto que Pemex deja de vender y que posteriormente alimenta un mercado clandestino capaz de ofrecer precios inferiores incluso a los registrados en las terminales de almacenamiento y reparto.

“Con el huachicol se sigue afectando a los ductos de Pemex y obviamente esto se hace con la participación de funcionarios que están involucrados, incluyendo el sindicato. También en las terminales de almacenamiento y reparto entregan pipas que no salen directamente o apartan petrolíferos que no se contabilizan en las ventas de Pemex”, afirmó Juárez Cuevas durante una entrevista con El Universal.

El señalamiento coloca el problema más allá de las bandas que perforan ductos. Para movilizar grandes volúmenes, alterar registros, disponer de pipas y colocar el producto en estaciones de servicio se necesita una red logística, comercial y presuntamente institucional. El volumen del negocio hace difícil sostener que se trata exclusivamente de operaciones realizadas desde fuera de la empresa.

A la ordeña tradicional se suma el huachicol fiscal, basado en introducir combustibles al país mediante clasificaciones arancelarias falsas para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del IVA. También operan las mezclas ilegales comercializadas en estaciones de servicio, donde productos de menor calidad son vendidos como combustibles regulares.

Para Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, el delito evolucionó hacia mecanismos mucho más sofisticados de contrabando técnico, evasión tributaria y manipulación de la cadena de suministro.

“A pesar de los esfuerzos del gobierno federal en materia de decomisos, cateos y detenciones, la sustracción ilegal de hidrocarburos sigue erosionando con fuerza las finanzas públicas”, advirtió.

“Cada litro de combustible vendido en la ilegalidad representa una triple pérdida para el país: se elimina el valor del producto para Pemex, se evade el cobro de impuestos clave (IEPS e IVA) y se restringe la capacidad de la empresa para invertir en infraestructura, exploración y refinación. A su vez, esto presiona el presupuesto nacional y limita la disponibilidad de recursos para inversión pública”, agregó Díaz Ibarra.

El especialista sostiene que el combate al huachicol debería medirse por resultados financieros y no solamente por el número de operativos o litros decomisados.

“La efectividad de las acciones estatales será clara únicamente cuando las pérdidas económicas disminuyan de manera sostenida, se recupere la recaudación tributaria y se restablezca la competencia justa para el mercado formal”, señaló.

El dato adquiere una dimensión política porque en enero de 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el combate al huachicol como una de sus primeras grandes cruzadas contra la corrupción. El cierre temporal de ductos provocó entonces escasez y largas filas en distintas regiones del país, sacrificios que fueron justificados bajo la promesa de desmantelar las redes de robo.

Siete años después, las pérdidas alcanzan su mayor nivel desde 2018. El delito no fue erradicado: se adaptó, diversificó sus operaciones y penetró nuevos puntos de la cadena energética.

La Fiscalía General de la República abrió investigaciones por contrabando de combustibles que alcanzaron a mandos de la Secretaría de Marina, entre ellos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda Durán. Sin embargo, las indagatorias no han derivado públicamente en una revisión más amplia de la cadena de mando ni en responsabilidades políticas para quienes controlaron puertos y aduanas durante el gobierno de López Obrador. Ojeda Durán no ha sido acusado formalmente.

Mientras el huachicol escala, Pemex enfrenta una producción de crudo inferior a sus objetivos, compromisos financieros y adeudos con proveedores que, en conjunto, acercan sus obligaciones a los 100 mil millones de dólares. Al cierre de junio, la petrolera reconoció una deuda financiera de 77 mil 500 millones de dólares, aunque logró reducirla 9.1% respecto al término de 2025. El primer semestre, sin embargo, cerró con una pérdida neta acumulada de 27 mil 968 millones de pesos. Pemex reportó sus resultados del segundo trimestre.

En estas condiciones, el robo de combustibles no es únicamente un problema de seguridad pública. Es una hemorragia financiera sostenida por corrupción, controles deficientes e impunidad. Cada día sin desmantelar las redes completas —desde quien perfora un ducto hasta quien altera documentos, libera una pipa o vende el producto— le cuesta al país otros 101 millones de pesos.

El verdadero indicador del combate al huachicol no está en las fotografías de decomisos, sino en los estados financieros de Pemex. Y esos números dicen que, pese a siete años de promesas, el saqueo no terminó: se volvió más rentable, sofisticado y costoso para México.