Washington abrió un nuevo frente de presión contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel al sancionar la estructura económica que sostiene las misiones médicas cubanas en el extranjero, un programa que Estados Unidos considera una modalidad de trabajo forzoso y que representa una de las principales fuentes de divisas para el régimen de la isla.

La decisión también alcanza a empresas del sector energético, entre ellas Einarbo, identificada por las autoridades estadounidenses como importadora de gas, gas licuado y lubricantes provenientes de México e India. La inclusión de esta compañía coloca bajo vigilancia no solamente a las entidades cubanas, sino también a los bancos, proveedores, intermediarios y empresas extranjeras que mantengan operaciones con ellas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó al gobierno cubano de sostener “una política o práctica de trabajo forzoso, una forma de trata de personas, en el marco del programa gubernamental de exportación de mano de obra, incluidas sus misiones médicas en el extranjero”.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, el régimen de La Habana “confisca entre 50 y 95% de los salarios abonados por los países de acogida” y mantiene a “decenas de miles de trabajadores médicos en más de 50 países” bajo condiciones de explotación.

Las brigadas médicas han sido presentadas durante décadas por Cuba como una estrategia de solidaridad internacional y cooperación sanitaria. Sin embargo, para Washington, el esquema funciona como una maquinaria estatal de obtención de recursos, en la que los médicos reciben sólo una fracción del dinero pagado por los gobiernos contratantes.

En 2025, este programa habría generado alrededor de 7 mil millones de dólares, según cifras oficiales cubanas. Un año antes, aproximadamente 24 mil médicos y profesionales de la salud prestaban servicios en 56 países, lo que confirma la magnitud financiera y diplomática del modelo.

La ofensiva estadounidense ocurre en momentos en que varios gobiernos han comenzado a cancelar o revisar sus acuerdos con La Habana. Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana concluyeron recientemente convenios que, en algunos casos, permitieron la presencia de personal médico cubano durante más de 25 años.

México, en contraste, mantiene activo el programa, bajo el argumento de que la contratación de médicos cubanos es legal conforme a la legislación nacional y responde a la necesidad de cubrir plazas en comunidades con dificultades para contratar personal sanitario.

El problema para el gobierno mexicano no se encuentra necesariamente en la contratación, sino en la ruta financiera de los pagos.

Entre las entidades sancionadas se encuentran la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), organismos encargados de administrar, coordinar y obtener beneficios económicos del envío de personal médico al extranjero.

También fueron incluidos Gretza Sánchez Padrón, directora de la UCCM, y el ministro cubano de Salud, José Ángel Portal Miranda.

La designación significa que cualquier transferencia dirigida a la CSMC o a la UCCM puede convertirse en una operación con una entidad bloqueada por Estados Unidos. Si en el pago participa un banco estadounidense, una sucursal sometida a jurisdicción estadounidense o un sistema financiero vinculado con ese país, los fondos pueden ser congelados.

El riesgo también se extiende a las instituciones financieras mexicanas que, aunque no tengan participación directa de bancos estadounidenses en una operación específica, dependan de cuentas de corresponsalía en Estados Unidos para realizar transferencias internacionales.

Un banco mexicano que facilite operaciones consideradas relevantes para una entidad sancionada podría enfrentar restricciones, el cierre de sus cuentas de corresponsalía o el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense.

El secretario de Estado, Marco Rubio, endureció la advertencia al señalar que “los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estas entidades o que gestionen fondos para ellas deben suspender dichas actividades de inmediato”, porque podrían quedar sujetos a sanciones.

Esta declaración aumenta la presión sobre las instituciones financieras que procesan pagos relacionados con las brigadas médicas cubanas y obliga al gobierno de Claudia Sheinbaum a revisar si los mecanismos utilizados para cubrir los contratos pueden ser considerados operaciones sancionables.

La medida estadounidense no prohíbe directamente a México contratar médicos cubanos, pero encarece y complica la continuidad del programa. La amenaza no se dirige únicamente contra las autoridades de La Habana, sino contra cualquier intermediario financiero o comercial que permita mantener el flujo de recursos.

En paralelo, Washington sancionó al Centro de Investigaciones del Petróleo, a la Empresa de Energía y a Einarbo, señalada como importadora de combustibles, gas licuado y lubricantes provenientes de México e India.

También fueron castigadas cuatro entidades vinculadas con el Grupo de Administración Empresarial, S.A. (Gaesa), el poderoso conglomerado militar que controla buena parte de los negocios estratégicos de Cuba.

Según el Departamento de Estado, algunas de estas empresas modificaron su estatus jurídico o fueron transferidas a otras estructuras con el propósito de “intentar evitar sanciones previas”.

La inclusión de Einarbo resulta especialmente relevante para México, porque abre la posibilidad de que autoridades estadounidenses investiguen las empresas mexicanas que le venden productos, transportan combustibles, aseguran cargamentos o procesan pagos.

La advertencia de Washington es explícita: “Las personas extranjeras que participen en transacciones con personas designadas en virtud de la O. E. 14404, o que operen en los sectores de energía, defensa y material relacionado, metalúrgico y minería, servicios financieros, o el sector de seguridad de la economía cubana, se arriesgan a ser objeto de sanciones”.

Añade que “las personas no estadounidenses, incluyendo instituciones financieras extranjeras, deben proceder con precaución respecto a cualquier operación con una parte sancionada bajo esta autoridad”.

El mensaje rebasa, por tanto, el ámbito de la política hacia Cuba. Se trata de una advertencia directa a los gobiernos y empresas que han ayudado a mantener las fuentes de financiamiento de La Habana.

Para México, las sanciones plantean un dilema diplomático y financiero. El gobierno puede sostener que sus acuerdos con Cuba son legales y forman parte de su política de cooperación, pero los bancos y proveedores difícilmente ignorarán el riesgo de perder acceso al sistema financiero estadounidense.

La presión podría obligar a modificar las rutas de pago, cambiar intermediarios o incluso replantear los contratos con las instituciones cubanas sancionadas. Cualquier intento por utilizar empresas alternas también podría ser interpretado por Estados Unidos como una estrategia para evadir las restricciones.

La ofensiva encabezada por Marco Rubio busca debilitar dos de los principales soportes económicos del régimen cubano: la exportación de servicios médicos y las operaciones energéticas controladas o supervisadas por estructuras estatales y militares.

Pero el alcance real de las sanciones dependerá de la capacidad de Washington para rastrear operaciones internacionales y de la disposición de bancos, gobiernos y empresas extranjeras para asumir el costo de mantener relaciones con las entidades bloqueadas.

En el caso mexicano, la advertencia ya está planteada: continuar financiando el esquema de brigadas médicas o mantener negocios energéticos con empresas sancionadas puede dejar de ser únicamente una decisión política y convertirse en un riesgo directo para instituciones financieras y compañías con intereses en Estados Unidos.