El gobierno de Claudia Sheinbaum pretende acelerar la digitalización de la economía y elevar la recaudación mediante dos reformas que podrían transformar la operación cotidiana de consumidores y empresas: restringir el uso de dinero en efectivo en sectores determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y establecer, en los hechos, un piso mínimo de Impuesto Sobre la Renta para compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales.

Las medidas forman parte del Paquete Económico 2027, entregado al Congreso por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, bajo el argumento de combatir la informalidad, la evasión fiscal, las facturas falsas y el uso de deducciones consideradas excesivas.

La primera modificación se encuentra en la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. El proyecto propone facultar a Hacienda para determinar los “sectores estratégicos” y las “actividades relevantes” en los que los medios electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago.

Si el Congreso aprueba la iniciativa, Hacienda tendría 15 días hábiles para establecer qué sectores quedarían sujetos a esta disposición y conservaría la atribución de ampliar posteriormente su aplicación. En otras palabras, los legisladores aprobarían la facultad general, pero la dependencia encabezada por Édgar Amador Zamora decidiría dónde y cuándo dejaría de aceptarse efectivo.

La propuesta no establece todavía una prohibición nacional ni señala expresamente que todos los comercios deberán rechazar billetes y monedas. Arturo Luna, representante de Fintech México y vicepresidente de Asuntos de Gobierno para Visa México, consideró que las primeras actividades seleccionadas podrían ser las gasolineras y las casetas de peaje.

La iniciativa contempla excepciones ante fallas de conectividad, interrupciones de los sistemas o contingencias tecnológicas. También incorpora tarjetas bancarias, transferencias, SPEI, CoDi y DiMo como alternativas de pago, mientras obliga a los gobiernos federal, estatales y municipales a ofrecer opciones electrónicas para cobrar trámites y servicios.

La meta oficial consiste en conseguir que 50% de los pagos realizados en México sean digitales en 2030. Sin embargo, la transición enfrenta una realidad difícil de ignorar: el efectivo continúa siendo el principal medio de pago, especialmente entre la población de menores ingresos, pequeños comerciantes, trabajadores informales, adultos mayores y comunidades con acceso limitado a servicios bancarios o internet.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el efectivo fue utilizado por 85.2% de las personas en compras menores de 500 pesos y por 73.5% en operaciones superiores a esa cantidad. Prohibirlo antes de garantizar conectividad, cuentas accesibles, seguridad digital y comisiones razonables podría convertir una política contra la informalidad en un mecanismo de exclusión.

Además, el pago electrónico deja registro de cada operación y facilita la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria, pero también traslada costos a los establecimientos. El Banco de México ha reportado tasas de descuento promedio de aproximadamente 1.76% para tarjetas de débito y 2.19% para tarjetas de crédito, cargos que pueden reducir los márgenes de los pequeños negocios o terminar incorporados a los precios.

El segundo cambio se dirige a las empresas del régimen general con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos anuales. La iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta propone limitar las deducciones autorizadas cuando representen 96.67% o más de los ingresos acumulables.

Bajo esa fórmula, las deducciones no podrían superar el 96.67% de los ingresos, lo que obligaría a reconocer una utilidad fiscal mínima de 3.33%, aunque la contabilidad de la empresa mostrara un margen menor o incluso una pérdida.

Es importante precisar la cifra: el proyecto no establece directamente un impuesto de 3.3% sobre las ventas. Lo que fija es una base gravable mínima equivalente a 3.33% de los ingresos. Al aplicarle la tasa corporativa de ISR de 30%, el pago resultante sería cercano a 1% de las ventas.

Una empresa con ingresos por 100 millones de pesos y gastos deducibles por 105 millones registraría normalmente una pérdida fiscal de cinco millones. Con la nueva mecánica sólo podría deducir 96.67 millones y tendría que declarar una utilidad fiscal de 3.33 millones, sobre la cual pagaría alrededor de un millón de pesos de ISR, pese a haber perdido dinero en términos contables.

Las deducciones no reconocidas podrían trasladarse a ejercicios posteriores, pero el contribuyente tendría que entregar recursos al fisco en el presente. Esto presionaría su flujo de efectivo y afectaría especialmente a comercializadoras, constructoras, distribuidoras de combustibles y compañías que operan legítimamente con márgenes reducidos.

El proyecto también limitaría la aplicación de pérdidas fiscales acumuladas a un máximo de 50% de la utilidad de cada ejercicio. Una empresa con una utilidad fiscal de 20 millones y pérdidas pendientes por 100 millones sólo podría descontar 10 millones y tendría que pagar ISR sobre la mitad restante. A cambio, el periodo para amortizar las pérdidas se ampliaría de 10 a 20 años.

Hacienda sostiene que la reforma responde a un problema de evasión. Según los datos presentados por el Gobierno, de las 524 mil empresas del régimen general que declararon ingresos positivos durante 2025, 318 mil no pagaron ISR. En 223 mil casos las deducciones fueron iguales o superiores a los ingresos.

El director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó además que más de 120 mil empresas declararon pérdidas durante los últimos tres ejercicios fiscales. El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, señaló que alrededor de 54 mil compañías presentan tasas efectivas cercanas a cero y más de 50 mil han reportado pérdidas durante cinco años consecutivos.

La autoridad parte de datos que justifican una fiscalización más rigurosa, pero convierte la sospecha de evasión en una regla general. Una empresa puede no pagar ISR porque compra maquinaria, abre instalaciones, absorbe una crisis, enfrenta aranceles, trabaja con márgenes reducidos o utiliza pérdidas legales generadas en ejercicios anteriores. No toda pérdida representa una simulación ni toda deducción cercana a los ingresos es producto de una factura falsa.

El Paquete Económico 2027 no aumenta formalmente la tasa corporativa de ISR, que permanece en 30%, pero modifica la base sobre la cual se calcula y restringe el reconocimiento inmediato de gastos y pérdidas. Por ello, el resultado puede operar como un impuesto mínimo sobre los ingresos, aun cuando el Gobierno insista en que no está creando nuevos gravámenes.

La administración de Claudia Sheinbaum proyecta recaudar 6.2 billones de pesos en impuestos durante 2027 y espera que los ingresos por ISR crezcan 7.2% real, muy por encima del crecimiento económico estimado entre 1.5% y 2.5%. Hacienda calcula obtener alrededor de 130 mil millones de pesos adicionales mediante límites a deducciones, fiscalización y medidas contra la evasión.

El debate en el Congreso no debería limitarse a respaldar el combate contra las factureras. Los legisladores tendrán que determinar si es constitucional y económicamente razonable cobrar ISR sobre utilidades que pueden no existir, así como entregar a Hacienda una facultad amplia para decidir qué actividades dejarán de aceptar efectivo.