Los cuerpos abandonados en una carretera de Guerrero, el coche bomba que estremeció el centro de Ojocaliente, la emboscada contra militares en Michoacán y el asesinato de dos agentes federales en Veracruz no son episodios aislados.

En conjunto muestran una transformación de la violencia criminal. Los cárteles ya no sólo se disputan rutas, territorios y mercados ilegales. Ahora atacan directamente a las instituciones, emplean explosivos, colocan minas, adaptan drones y exhiben públicamente las presuntas redes de protección que han construido dentro de gobiernos, fiscalías y corporaciones policiacas.

La guerra del crimen no regresó porque nunca terminó. Lo que ocurre es que se ha fragmentado, extendido y recrudecido. Ya no existe un solo frente nacional, sino múltiples guerras regionales en las que grupos criminales combaten entre sí, desafían al Estado y, al mismo tiempo, buscan utilizar partes del propio aparato de seguridad contra sus adversarios.

El asesinato que exhibió las entrañas de Guerrero

En la carretera federal México-Acapulco, cerca de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, fueron localizados restos humanos dentro de bolsas y costales. Los primeros reportes mencionaron tres víctimas; información posterior de fuentes cercanas al caso elevó la cifra a cuatro. Entre ellas se encontraba Eduardo Bustos Pérez, integrante de la Guardia Nacional adscrito a la coordinación regional de Iguala.

Antes de ser asesinado, Bustos apareció en un video de poco más de ocho minutos. Bajo un evidente contexto de sometimiento, declaró que recibía instrucciones para vigilar, fotografiar y georreferenciar posiciones de Los Ardillos en localidades como Xaltianguis, El Ocotito y Tierra Colorada.

La información, según su relato, era entregada a un superior identificado como el “cabo Medina”, quien presuntamente trabajaba con un elemento del área de delitos graves de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, al que llamó “Montoro”. Ambos, sostuvo, favorecían a Los Tlacos, también conocidos como Cártel de la Sierra.

“Los Tlacos les ordenan a ellos, y ellos ordenan a los de la Guardia Nacional, a los verdes”, afirmó.

Bustos habló también de supuestos pagos quincenales a mandos y funcionarios, así como de operaciones montadas para debilitar a Los Ardillos y facilitar el avance de sus rivales hacia Juan R. Escudero, Xaltianguis y Acapulco. Incluso mencionó al político guerrerense Jacinto Barona como parte de esa presunta red.

Las declaraciones fueron realizadas mientras el agente se encontraba privado de la libertad. Por eso, el video no puede ser considerado por sí mismo una prueba concluyente. Pudo haber sido obligado a repetir un guion construido por sus captores para desacreditar a las autoridades y justificar su asesinato.

Pero la coacción tampoco convierte automáticamente todas sus afirmaciones en falsas.

La Fiscalía de Guerrero sostuvo que Bustos fue obligado a declarar y fuentes oficiales rechazaron sus acusaciones. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que pertenecía a la Guardia Nacional, pero evitó responder directamente al contenido del video.

Ahí se encuentra el problema institucional: descalificar el testimonio por las condiciones en que fue obtenido no sustituye una investigación. Las autoridades deben determinar si existen el cabo Medina y el funcionario apodado Montoro, revisar operaciones, comunicaciones, órdenes, depósitos, reportes de inteligencia y cadenas de mando.

Después del hallazgo, fuerzas federales y estatales detuvieron a 16 presuntos integrantes de Los Ardillos, entre ellos un supuesto operador financiero, y aseguraron 12 armas, más de 36 mil 700 cartuchos, droga, vehículos y máquinas tragamonedas. El operativo representa un golpe contra esa organización, pero no esclarece las acusaciones de infiltración formuladas antes de la muerte de Bustos.

La pregunta permanece abierta: ¿la Guardia Nacional investigaba imparcialmente a los grupos criminales o algunos de sus integrantes habían sido utilizados para favorecer a uno de los bandos?

Explosivos contra el Estado

El 30 de agosto, un vehículo cargado con aproximadamente 200 kilogramos de explosivos fue detonado frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas.

La explosión dejó 11 personas heridas, entre ellas policías, y provocó daños en más de 60 viviendas y 15 vehículos. Las investigaciones atribuyeron el atentado a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, en medio de su disputa con facciones del Cártel de Sinaloa. Tres presuntos implicados fueron detenidos.

El atentado no fue una excepción. El fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, reconoció que durante 2026 se han registrado 23 incidentes relacionados con explosivos, seis de ellos mediante automóviles o motocicletas acondicionados. Un recuento específico de agresiones contra corporaciones de seguridad identificó diez ataques y determinó que siete tuvieron como blanco policías, comandancias o patrullas.

Drones con cargas explosivas, minas, paquetes con pólvora y dispositivos de fabricación casera han aparecido en Luis Moya, Trinidad García de la Cadena, Pinos, Villa García y Ojocaliente.

Es una modificación cualitativa del conflicto. Los grupos criminales buscan atacar a distancia, dificultar la entrada de las fuerzas de seguridad, controlar carreteras y comunidades y producir un efecto psicológico que rebasa el número inmediato de víctimas.

El coche bomba de Ojocaliente también dejó al descubierto otra contradicción. Días después del atentado, el Gobierno federal informó que el promedio diario de homicidios en Zacatecas había disminuido 85 por ciento entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, y 96 por ciento respecto de 2021. Las cifras pueden ser correctas y, al mismo tiempo, insuficientes para describir lo que ocurre.

Una entidad puede registrar menos homicidios y enfrentar, paralelamente, una mayor capacidad destructiva de las organizaciones criminales. Contar cadáveres no permite medir por completo el control territorial, la extorsión, el desplazamiento de comunidades, la infiltración de autoridades o el uso de explosivos contra instalaciones públicas.

Los uniformados se convierten en objetivos

La misma semana del ataque en Zacatecas, una célula criminal emboscó a elementos de la Base de Operaciones Interinstitucionales en una zona serrana de Zinapécuaro, Michoacán. Un integrante del Ejército murió y otros tres resultaron heridos.

En Omealca, Veracruz, dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron asesinados mientras investigaban una célula dedicada al secuestro y la extorsión. Una agente resultó lesionada. El operativo posterior permitió localizar dos vehículos relacionados con la agresión y liberar a dos personas secuestradas.

La organización Causa en Común había contabilizado, con corte al 3 de septiembre, al menos 201 integrantes de instituciones de seguridad asesinados durante 2026: 83 policías municipales, 63 estatales, 41 integrantes de la Guardia Nacional, 10 militares, dos marinos y dos agentes federales.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 3 de septiembre de 2026, el registro acumulaba 643 elementos asesinados. Los ataques más recientes todavía no estaban incorporados completamente a ese corte.

Los policías municipales siguen siendo el eslabón más vulnerable. Trabajan con salarios bajos, armamento insuficiente, escasa protección jurídica y corporaciones expuestas a la presión de alcaldes, cacicazgos y organizaciones criminales. Son, simultáneamente, los primeros responsables de enfrentar el delito y los servidores públicos con mayor riesgo de ser amenazados, cooptados o asesinados.

Menos homicidios, pero una violencia más compleja

El Gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que su estrategia de seguridad ha reducido 51 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026.

También reporta más de 63 mil 500 detenciones por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 32 mil 800 armas, 518 toneladas de droga, más de cinco millones de pastillas de fentanilo y la destrucción de 2 mil 725 laboratorios y áreas de concentración de sustancias químicas.

La disminución de homicidios es relevante y no debe minimizarse. Representa miles de vidas y marca una diferencia frente a los periodos de mayor violencia. Sin embargo, comparar únicamente septiembre de 2024 —uno de los momentos más críticos por el estallido de la guerra en Sinaloa— con julio de 2026 ofrece una fotografía parcial.

En el primer semestre de 2026, ocho entidades concentraron 54 por ciento de los homicidios: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz. La violencia disminuye en el promedio nacional, pero se enquista en corredores específicos donde se disputan puertos, aduanas, carreteras, producción agrícola, combustibles, drogas y cobros de piso.

La ofensiva federal también provoca reacomodos y represalias. La captura o muerte de dirigentes criminales fragmenta organizaciones, abre disputas sucesorias y genera enfrentamientos por los territorios vacantes.

La muerte de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”, durante un operativo en Tocumbo, Michoacán, golpeó al Cártel de Los Reyes. Estados Unidos ofrecía tres millones de dólares por su captura y las autoridades lo señalaban como coordinador de extorsiones contra productores.

En Manzanillo, Colima, fue abatido Miguel “N”, “El Topo”, presunto jefe de una célula del CJNG responsable de homicidios, extorsiones y desapariciones. Son resultados operativos importantes, pero cada caída puede desencadenar una nueva disputa si el Estado no ocupa de manera permanente el territorio, protege a la población y desmantela las redes financieras y políticas que sostenían a esas estructuras.

El crimen no avanza solo

La guerra criminal no podría alcanzar esta dimensión únicamente mediante sicarios y armas. Necesita información oficial, protección política, policías sometidos, funcionarios que filtren operativos y autoridades que permitan el movimiento de personas, mercancías y dinero.

El Operativo Enjambre fue diseñado precisamente para atacar esas redes. Un recuento de El Universal documentó, hasta mayo de 2026, 141 funcionarios detenidos en cinco entidades por presuntos nexos con organizaciones criminales. Entre ellos había alcaldes, directores de seguridad y servidores municipales.

El caso más reciente se registró en Esperanza, Puebla, donde fueron detenidos el alcalde morenista Isaac Rodríguez Ochoa, su hermano Manuel Rodríguez Ochoa, la exdirectora de Seguridad Pública Abigail Contreras Camacho y otras seis personas. Las autoridades los relacionan con una célula dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y otros delitos en la carretera Puebla-Veracruz.

En los cateos fueron aseguradas 35 armas, 11 vehículos, un dron y un inhibidor de señal. Las investigaciones detectaron posibles redes de protección, vigilancia y filtración de información sobre operativos.

Estas capturas no sólo exhiben el alcance de los grupos criminales. Revelan la profundidad de la crisis institucional. Cuando un alcalde, un jefe policiaco o un funcionario entrega información al crimen, la delincuencia deja de operar frente al Estado y comienza a actuar desde su interior.

Una guerra fragmentada y silenciosa

México no está regresando exactamente a la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Aquella fue presentada como una ofensiva nacional del Gobierno federal contra los cárteles. La actual es más dispersa, cambiante y difícil de identificar.

Es una guerra entre organizaciones criminales; entre facciones de un mismo cártel; contra policías y militares; por el control de gobiernos municipales; por mercados legales e ilegales, y por la posibilidad de convertir instituciones públicas en brazos operativos de intereses privados.

El Gobierno puede mostrar reducciones en homicidios y golpes relevantes contra dirigentes criminales. Pero mientras haya coches bomba frente a comandancias, policías asesinados, militares emboscados y agentes obligados a confesar presuntas complicidades antes de ser ejecutados, no puede sostenerse que la violencia está bajo control.

El desafío no consiste sólo en capturar más delincuentes. Consiste en esclarecer quiénes los protegen, cómo obtienen información oficial, quién les proporciona explosivos, qué autoridades reciben dinero y por qué tantas investigaciones se detienen antes de alcanzar a los mandos políticos o institucionales.

La guerra del crimen se recrudece porque los cárteles conservan capacidad para matar, corromper, sustituir autoridades y responder a los operativos del Estado.

La sangre y las llamas son la parte visible. Debajo permanece una red de protección que, si no es investigada y destruida, seguirá convirtiendo cada captura en una victoria temporal y cada territorio recuperado en el escenario de la siguiente batalla.