El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, endureció la presión sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al afirmar que las acciones emprendidas por México contra los cárteles del narcotráfico están lejos de responder a la dimensión del problema.

Durante una visita oficial a Quito, como parte de una gira por Colombia, Ecuador y Perú, el funcionario reconoció que las autoridades mexicanas han intensificado sus operaciones contra las organizaciones criminales. Sin embargo, consideró que los resultados continúan siendo insuficientes.

Rubio dijo que la lucha de México contra los cárteles “no es ni de lejos suficiente” y advirtió que Washington enfrentará “de una forma u otra” a los grupos que producen, transportan y distribuyen drogas hacia territorio estadounidense.

La declaración representa algo más que una crítica diplomática. El secretario de Estado dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos avance con acciones unilaterales si considera que la cooperación con las autoridades mexicanas no ofrece los resultados esperados.

“Hay territorios, vastos territorios, en México que no están bajo el control del Estado”, expresó Rubio. El funcionario no precisó qué regiones tenía identificadas, qué extensión abarcarían ni presentó información pública que permitiera medir el supuesto dominio territorial de los grupos criminales.

La afirmación, sin embargo, coloca nuevamente en el centro del debate la capacidad del Estado mexicano para ejercer autoridad en regiones donde los cárteles cobran extorsiones, imponen reglas, controlan rutas, intervienen en actividades económicas y desafían abiertamente a las instituciones de seguridad.

“La cabeza de la serpiente de estos cárteles está en México”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense, al definir al país como el principal centro operativo de las organizaciones que amenazan la seguridad de Estados Unidos.

El mensaje contrasta con el tono utilizado por Rubio durante su visita a México en septiembre de 2025, cuando destacó el nivel de colaboración bilateral y aseguró que la cooperación se desarrollaba con respeto a la soberanía. Un año después, su advertencia muestra que Washington considera insuficientes los avances y está dispuesto a elevar la presión política y operativa.

La administración del presidente Donald Trump ha convertido el combate a los cárteles en uno de los principales ejes de su política hacia América Latina. Su estrategia incluye la clasificación de organizaciones criminales como grupos terroristas, sanciones financieras, operaciones marítimas y una mayor participación de agencias estadounidenses en labores de inteligencia.

En Ecuador, Rubio se reunió con el presidente Daniel Noboa, uno de los aliados regionales más cercanos de Trump en materia de seguridad. Después del encuentro, anunció que solicitará al Congreso de Estados Unidos 45 millones de dólares adicionales para fortalecer las capacidades ecuatorianas contra el narcotráfico.

El paquete contempla recursos y equipamiento para operaciones de seguridad, además de embarcaciones destinadas a la vigilancia marítima. Washington también anunció una iniciativa de 10 millones de dólares contra la minería ilegal, el reclutamiento criminal y el financiamiento ilícito.

Rubio aseguró que la cooperación con el gobierno de Daniel Noboa se ha ampliado para perseguir a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, incluidas operaciones conjuntas contra embarcaciones presuntamente utilizadas para transportar cargamentos.

Como parte del endurecimiento de la ofensiva, Estados Unidos designó a Los Tiguerones, una de las principales bandas ecuatorianas, como organización terrorista extranjera. El grupo ha sido relacionado con narcotráfico, asesinatos, extorsiones y con la irrupción armada en las instalaciones de TC Televisión, ocurrida en Guayaquil en enero de 2024.

La apuesta estadounidense por Ecuador exhibe el modelo que Washington busca extender en la región: gobiernos alineados políticamente, cooperación operativa, presencia marítima y aceptación de una estrategia que coloca al narcotráfico en el terreno de la seguridad nacional y el terrorismo.

Para México, el señalamiento de Rubio constituye una advertencia directa. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que la cooperación debe mantenerse sin subordinación y con respeto a la soberanía, Estados Unidos eleva el tono, cuestiona la capacidad territorial del Estado mexicano y plantea que actuará contra los cárteles aun cuando no exista pleno acuerdo bilateral.

El fondo de la declaración es contundente: para la administración de Donald Trump, el problema ya no consiste solamente en decomisar drogas o capturar operadores. Washington exige desmantelar las estructuras políticas, financieras y territoriales que permiten a los cárteles conservar poder. Si considera que México no puede o no quiere hacerlo, la amenaza de intervenir “de una forma u otra” dejará de ser únicamente retórica.