El Gobierno federal prepara un nuevo esquema de supervisión sobre los contenidos difundidos por la radio y la televisión, mediante lineamientos que contemplan desde recomendaciones de las defensorías de las audiencias hasta multas y sanciones contra los concesionarios que incumplan reiteradamente sus obligaciones.

Durante la conferencia presidencial, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, presentó el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que será sometido a consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto.

La propuesta establece que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podrá intervenir cuando una estación de radio, un canal de televisión o una empresa programadora ignore las recomendaciones emitidas por su propia defensoría y persista en conductas consideradas violatorias de los derechos de las audiencias.

“Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia”, afirmó Alcalde.

Aunque el proyecto está limitado formalmente a los concesionarios comerciales, públicos y sociales de radio y televisión, la Presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de discutir en el futuro si este tipo de regulación debe extenderse a la prensa escrita y a las plataformas digitales.

La mandataria reconoció que esos sectores no están incluidos porque las atribuciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se circunscriben actualmente a los servicios de radiodifusión.

“La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, o las plataformas también no están en esta regulación, que son temas que están también a discusión de la sociedad”, expresó.

La declaración introduce un debate de mayor alcance sobre los límites entre la protección de las audiencias, la responsabilidad de los medios y la libertad de expresión. Aunque el anteproyecto se presenta como un mecanismo para garantizar información veraz, diferenciar opiniones de noticias y combatir contenidos falsos o descontextualizados, la posibilidad de imponer sanciones administrativas coloca a la autoridad reguladora en una posición determinante frente a los medios electrónicos.

Sheinbaum sostuvo que el propósito es hacer efectivo el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y convocó a concesionarios, organizaciones civiles, académicos y ciudadanos a participar en la consulta.

“Se abre la consulta pública para que se pueda participar y se pueda llegar a los lineamientos de manera definitiva, que tienen que ver con el derecho a la información”, señaló.

El procedimiento previsto comenzará cuando una persona presente una queja ante la defensoría de las audiencias del propio medio. La defensoría solicitará un informe al concesionario, analizará el contenido cuestionado y deberá determinar, en un plazo máximo de 20 días, si existió una vulneración.

En caso de acreditar una irregularidad, la defensoría emitirá una recomendación. Si el concesionario no la atiende, la persona inconforme podrá recurrir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, instancia que intervendrá antes de valorar la aplicación de una multa o una sanción.

Los lineamientos obligarán a las estaciones de radio y televisión a contar con un Código de Ética y a designar, al menos, a una persona responsable de defender los derechos de las audiencias.

“Las personas defensoras deben regirse por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia. Las personas defensoras no deben tener conflicto de interés”, explicó Luisa María Alcalde.

Para las radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, el proyecto dispone que la persona defensora pertenezca a la propia comunidad, con el propósito de garantizar que conozca su contexto social, cultural y lingüístico.

El anteproyecto reconoce como derechos de las audiencias el acceso a información veraz y oportuna, la separación clara entre noticias y opiniones, la identificación de la publicidad y la posibilidad de ejercer el derecho de réplica frente a contenidos falsos o inexactos.

Los concesionarios deberán distinguir las opiniones y los mensajes comerciales mediante menciones, cortinillas, textos en pantalla o plecas. También estarán obligados a evitar que información histórica sea presentada como actual o que materiales descontextualizados sean difundidos de manera que puedan inducir al público a una interpretación equivocada.

“La responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”, afirmó la Consejera Jurídica.

El proyecto incluye además medidas de accesibilidad para personas con debilidad auditiva, así como criterios para promover representaciones visuales respetuosas, incluyentes y libres de discriminación.

Alcalde recordó que los derechos de las audiencias fueron incorporados al marco constitucional en 2013 y desarrollados en la legislación secundaria de 2014. Sin embargo, una reforma aprobada en 2017 eliminó parte de esas disposiciones, decisión que fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022.

De acuerdo con la funcionaria, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión recuperó y reforzó esos derechos. El siguiente paso será determinar, mediante los nuevos lineamientos, cómo se aplicarán y hasta dónde llegará la capacidad del Estado para supervisar, corregir y eventualmente sancionar los contenidos de los medios electrónicos.