La condena a cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada García no fue presentada por las autoridades estadounidenses únicamente como el cierre judicial de la trayectoria de uno de los narcotraficantes más poderosos de México. El mensaje emitido después de la audiencia apuntó directamente hacia una estructura más amplia: los funcionarios públicos corruptos, las redes financieras y los protectores institucionales que permitieron durante décadas el funcionamiento del Cártel de Sinaloa.

Afuera de la Corte Federal de Brooklyn, el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Terrance Cole, advirtió que la sentencia busca enviar una señal a los dirigentes de los cárteles y a quienes, desde posiciones gubernamentales, colaboran con las organizaciones criminales.

“Esto no es el final, es solo el comienzo. Es una advertencia para todos los líderes de cárteles y empresas criminales globales: si trafican con drogas mortales, si lucran con el sustento de otros y amenazan a los ejércitos, la DEA va por ustedes.”

La advertencia adquirió una dimensión política cuando Cole amplió expresamente el alcance de la persecución estadounidense hacia los servidores públicos vinculados con el narcotráfico.

“Bueno, si trafican con drogas o son funcionarios gubernamentales corruptos, la DEA va por ustedes. Nuestro trabajo está lejos de terminar. Desmantelaremos sus redes. Cortaremos sus líneas de vida financieras.”

Las declaraciones constituyen uno de los mensajes más directos emitidos recientemente por la DEA contra la protección política e institucional del narcotráfico. No implican, por sí mismas, que exista una acusación penal contra algún funcionario mexicano específico, pero sí confirman que la estrategia estadounidense no pretende limitarse a detener a los jefes de los cárteles.

La ofensiva también busca identificar a quienes facilitaron sus operaciones, protegieron sus cargamentos, lavaron sus recursos o permitieron la captura criminal de instituciones públicas.

Ismael “El Mayo” Zambada fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión después de declararse culpable de dirigir una empresa criminal continua y participar en una conspiración de delincuencia organizada. La sentencia representa uno de los golpes judiciales más importantes contra la dirigencia histórica del Cártel de Sinaloa.

Durante casi cuatro décadas, Zambada encabezó, junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán, una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, su estructura recurrió sistemáticamente a la violencia y al pago de sobornos para proteger rutas, cargamentos y operaciones financieras.

El director de la DEA sostuvo que “El Mayo” contribuyó a consolidar al Cártel de Sinaloa, designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera, mediante la generación de violencia, el tráfico de fentanilo y la corrupción de instituciones públicas.

Terrance Cole también señaló que las drogas se han convertido en un arma de destrucción masiva por las innumerables vidas que han cobrado, particularmente por la crisis provocada por el consumo de fentanilo en territorio estadounidense.

La referencia a los funcionarios corruptos resulta especialmente relevante porque el poder de Zambada no se explicó únicamente por su capacidad armada. Su permanencia durante décadas fuera del alcance de las autoridades habría requerido redes de información, sobornos, protección territorial y complicidades dentro de corporaciones policiales, gobiernos e instituciones del Estado.

Esa es la parte del caso que permanece abierta. La condena encierra de por vida al jefe criminal, pero no necesariamente desmantela las estructuras políticas, financieras y administrativas que hicieron posible su operación.

En ese sentido, la declaración de Terrance Cole puede interpretarse como una advertencia de que Estados Unidos buscará seguir el dinero, reconstruir las cadenas de protección y utilizar información obtenida de narcotraficantes procesados, testigos colaboradores, operaciones financieras y expedientes judiciales para perseguir a los servidores públicos que hayan colaborado con los cárteles.

El fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., aseguró que Zambada pasará el resto de su vida en prisión, donde, afirmó, pertenece.

La condena representa una victoria judicial para Estados Unidos, pero también deja pendiente una pregunta fundamental para México: ¿quiénes protegieron durante décadas a uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo?

La respuesta podría ser mucho más trascendente que la propia sentencia. Si la DEA cumple su advertencia, el siguiente capítulo ya no se concentrará exclusivamente en los jefes del narcotráfico, sino en los políticos, funcionarios, operadores financieros y autoridades corruptas que convirtieron la impunidad en la principal fortaleza de las organizaciones criminales. “`