La vinculación a proceso de Ángel Aguirre Rivero representa un giro político y judicial en el caso Ayotzinapa. Por primera vez, la investigación por la desaparición de los 43 normalistas alcanza directamente a quien gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los ataques de septiembre de 2014 y abre la posibilidad de que las responsabilidades asciendan hacia el gobierno federal encabezado entonces por Enrique Peña Nieto.

Durante la madrugada, Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos suficientes para presumir la existencia de un delito y la probable participación de Aguirre Rivero.

El exgobernador fue vinculado a proceso por desaparición forzada de personas, bajo una modalidad relacionada con el ocultamiento de información sobre la privación de la libertad o el paradero de una persona. El juez ratificó la prisión preventiva de oficio, por lo que permanecerá recluido en el Penal del Altiplano.

También fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 4 de diciembre. Durante ese periodo, la Fiscalía y la defensa podrán recabar nuevos elementos antes de que se determine si el caso avanza a juicio.

La destrucción de los videos de Iguala

La imputación contra Ángel Aguirre no sostiene que el exmandatario haya participado materialmente en la privación de la libertad de los estudiantes. Lo acusa de haber intervenido en el ocultamiento o destrucción de evidencias que podían resultar fundamentales para reconstruir lo ocurrido.

La FGR señala que Aguirre habría ordenado desaparecer las grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.

La acusación se apoya principalmente en los testimonios de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), y de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora general de la misma institución. Ambas exfuncionarias también están sujetas a proceso.

Estrada Ortega declaró que el 29 de septiembre de 2014 sustrajo de la oficina de Galeana Marín el disco que contenía las imágenes y que esa misma noche se lo entregó a Aguirre Rivero en Chilpancingo.

La exvisitadora aseguró que al día siguiente se realizaron dos reuniones en el Palacio de Gobierno de Guerrero, durante las cuales el entonces gobernador preguntó a miembros de su gabinete si ya habían destruido las evidencias. Según su testimonio, Aguirre habría dicho que la desaparición de los estudiantes no podía convertirse en un problema mayor debido a las relaciones que mantenía con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía presentó 13 datos de prueba, mientras que la defensa del exgobernador ofreció 31 elementos para tratar de desvirtuar la acusación.

Al justificar la vinculación a proceso, el juez explicó que la desaparición forzada es un delito cuya investigación suele depender de testimonios e indicios, precisamente porque quienes participan buscan eliminar cualquier rastro de su intervención.

“Aquí no vamos a encontrar pruebas directas, porque el objetivo del delito es ocultar pruebas”, manifestó.

La determinación judicial no significa que Aguirre Rivero haya sido declarado culpable. Establece, sin embargo, que existen elementos suficientes para mantener abierta la investigación y someterlo a un proceso penal. Su defensa anunció que apelará la resolución.

Las responsabilidades comienzan a subir

El procesamiento de Ángel Aguirre rompe el límite político que durante años mantuvo las investigaciones concentradas en integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y funcionarios de niveles inferiores.

También vuelve insuficiente la explicación según la cual las irregularidades del caso fueron resultado exclusivo de decisiones aisladas de algunos servidores públicos. Si la desaparición de evidencias alcanzó al despacho del gobernador de Guerrero, resulta inevitable revisar las decisiones adoptadas por las autoridades federales que asumieron la investigación y presentaron al país una conclusión destinada a cerrar el expediente.

Esa versión fue bautizada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”. Según ese relato, los estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.

La conclusión fue desacreditada por investigaciones posteriores debido a contradicciones periciales, actos de tortura, diligencias realizadas fuera del expediente y manipulación de evidencias. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó la existencia de una operación paralela que terminó por sostener la versión oficial.

Los Pinos y la construcción de la “verdad histórica”

La columna de Hugo Páez en LiteralMex sobre la posible responsabilidad de Enrique Peña Nieto plantea que la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, debe determinar si la fabricación de esa narrativa fue ordenada o coordinada desde los niveles superiores del gobierno federal.

El señalamiento tiene como antecedente las respuestas entregadas por Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, a un cuestionario de la comisión encabezada por Alejandro Encinas.

Según Zerón, las decisiones sobre la presentación pública de la “verdad histórica” se tomaron durante reuniones del gabinete de seguridad celebradas en Los Pinos, con la participación de Enrique Peña Nieto y de los titulares de la Procuraduría General de la República, Gobernación, Defensa Nacional, Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

En esas reuniones también habrían participado Jesús Murillo Karam, Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos, Vidal Soberón, Eugenio Ímaz, Aurelio Nuño y Eduardo Sánchez. El planteamiento coincide con información examinada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que identificó las llamadas juntas de autoridades como espacios donde se procesó la respuesta institucional.

Las declaraciones de Tomás Zerón, sin embargo, no bastan por sí solas para establecer la responsabilidad penal de Peña Nieto. El exfuncionario se encuentra prófugo en Israel, enfrenta acusaciones por tortura, desaparición forzada y manipulación de pruebas, y en sus respuestas intentó reducir su propia participación a la de un funcionario que cumplía instrucciones superiores.

Su versión debe ser corroborada con minutas, comunicaciones, testimonios, registros de reuniones y decisiones administrativas. Pero su condición de imputado no vuelve irrelevante la información que proporcionó. Por el contrario, obliga a la Fiscalía a investigarla para confirmar o descartar si la construcción de la versión oficial fue una decisión colectiva del Estado y no únicamente una actuación de Murillo Karam y Zerón de Lucio.

¿Será investigado Enrique Peña Nieto?

Hasta ahora, Enrique Peña Nieto no ha sido llamado públicamente a declarar por la construcción de la “verdad histórica”. La investigación federal ha llegado al exprocurador Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón, pero se ha detenido antes de alcanzar al superior jerárquico de ambos.

La vinculación a proceso de Ángel Aguirre modifica ese escenario. Si la FGR considera penalmente relevante la presunta destrucción de imágenes ordenada desde el gobierno estatal, también tendría que investigar quién autorizó, conoció o respaldó desde el gobierno federal una narrativa construida mediante torturas, diligencias irregulares y evidencias manipuladas.

Investigar a Peña Nieto no equivale a declararlo culpable. Significa esclarecer qué conoció, qué decisiones tomó y qué instrucciones fueron emitidas durante las reuniones de seguridad celebradas en Los Pinos. La sola presencia del expresidente en esos encuentros no acredita la comisión de un delito, pero tampoco permite excluirlo anticipadamente de la investigación.

La Comisión para la Verdad, encabezada en su momento por Alejandro Encinas, concluyó que la desaparición de los estudiantes constituyó un crimen de Estado. La CIDH también ha registrado ese reconocimiento oficial y los obstáculos enfrentados para acceder a información fundamental.

Si la “verdad histórica” fue una operación institucional para cerrar el caso, desviar las investigaciones y proteger a determinadas autoridades, la responsabilidad no necesariamente termina en quienes la presentaron ante los medios. Debe alcanzar a quienes la diseñaron, aprobaron o utilizaron para impedir el esclarecimiento de los hechos.

La pregunta para la Fiscalía de Ernestina Godoy ya no es solamente si existen pruebas suficientes para procesar a Ángel Aguirre. También debe explicar si investigará las decisiones adoptadas en Los Pinos y si llamará a declarar a Enrique Peña Nieto.