La política de Andrés Manuel López Obrador contra los fideicomisos públicos encontró una excepción significativa dentro de las propias instituciones fortalecidas durante su gobierno. Aunque el expresidente impulsó la desaparición de 176 instrumentos bajo el argumento de que operaban con opacidad, discrecionalidad y riesgos de corrupción, la Secretaría de Marina (Semar) ha creado cuatro mecanismos financieros de este tipo durante las administraciones de la llamada Cuarta Transformación.

El caso más reciente es el Fideicomiso para el Desarrollo Marítimo Nacional (FDMN), constituido en Nacional Financiera el 31 de octubre de 2025. El instrumento permaneció sin recursos durante sus primeros meses, pero en el segundo trimestre de 2026 recibió 2 mil 727 millones de pesos canalizados por la Marina, según el informe trimestral entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso.

La creación del FDMN exhibe una contradicción política y administrativa. Los fideicomisos fueron señalados por López Obrador como estructuras que permitían manejar recursos públicos fuera de los controles ordinarios. Sin embargo, el gobierno terminó recurriendo a ellos para financiar algunas de las principales responsabilidades económicas e infraestructura asignadas a las Fuerzas Armadas.

Estos instrumentos no están sujetos a las mismas reglas temporales del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que permiten conservar recursos durante varios ejercicios fiscales. En términos administrativos, las dependencias pueden utilizarlos para “ahorrar” fondos a largo plazo y destinarlos posteriormente a proyectos específicos, sin que el dinero deba ejercerse necesariamente durante el año para el que fue aprobado.

El nuevo fideicomiso financiará proyectos de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional, las empresas paraestatales responsables de operar los puertos del país y que fueron transferidas a la Semar en 2021. El informe de Hacienda señala que ya se autorizaron recursos para obras en Ensenada, Acapulco, Progreso, Manzanillo y Tampico, aunque no ofrece detalles sobre su naturaleza, costo individual, plazos de ejecución o mecanismos de contratación.

La falta de información adquiere mayor relevancia porque las administraciones portuarias generalmente operan con resultados financieros positivos y no necesitan subsidios federales para sostener sus actividades. Pese a ello, ahora podrán recibir apoyos de un fideicomiso alimentado con recursos públicos y administrado fuera de los mecanismos ordinarios del presupuesto anual.

También existe un problema de transparencia. Las Fuerzas Armadas rara vez publican información completa sobre las contrataciones financiadas mediante sus fideicomisos, pues estas operaciones no suelen realizarse a través de ComprasMX. De este modo, conocer qué empresas reciben los contratos, bajo qué procedimientos son seleccionadas y cuáles son las condiciones técnicas y financieras de cada obra resulta considerablemente más difícil.

El FDMN guarda similitudes con el Fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria (FIPORT), creado en 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquel instrumento fue constituido por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y terminó alcanzado por el decreto de extinción de fideicomisos expedido por López Obrador en abril de 2020.

Cuando fue liquidado, el FIPORT tenía 6 mil 213 millones de pesos, que fueron reintegrados en 2021 a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Esos recursos provenían precisamente de las ganancias generadas por las administraciones portuarias. Cinco años después, el gobierno volvió a establecer un mecanismo semejante, ahora bajo el control de la Marina.

El fideicomiso marítimo se suma a otros tres instrumentos operados por la Semar para financiar el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, realizar mejoras en aeropuertos y administrar pagos de otros proyectos. En conjunto, esos tres fondos ejercieron 13 mil 213 millones de pesos durante el primer semestre de 2026.

Aunque cada uno tuvo un origen jurídico diferente, todos contribuyen a consolidar una estructura financiera paralela alrededor de las nuevas funciones empresariales y de infraestructura entregadas a las Fuerzas Armadas. El fideicomiso aeroportuario fue creado por el Congreso mediante la Ley Federal de Derechos; el de administración y pago fue ordenado por López Obrador en el Reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y el destinado al Istmo fue constituido directamente por la Semar en diciembre de 2023.

Este último mecanismo financia las obras de las líneas K, Z y FA del Tren Interoceánico, cuya ejecución corresponde a la Marina. Solamente durante el primer semestre de 2026 aportó 12 mil 180 millones de pesos para su rehabilitación y modernización.

Esos recursos se agregan a los 22 mil 929 millones de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de 2026 a los mismos proyectos, mediante la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

La Marina dispone así de dos vías simultáneas de financiamiento: las asignaciones aprobadas expresamente en el presupuesto federal y los recursos acumulados dentro de fideicomisos. El modelo amplía su capacidad para ejecutar obras de largo plazo, pero también reduce la visibilidad pública sobre el destino detallado del dinero.

La contradicción es difícil de soslayar: la 4T eliminó fideicomisos civiles alegando que constituían espacios de opacidad y discrecionalidad, pero permitió que la institución militar con mayores responsabilidades económicas construyera su propia red de instrumentos financieros. El problema no radica únicamente en recuperar una figura previamente condenada, sino en hacerlo mientras permanecen bajo reserva los proyectos, contratos y beneficiarios que recibirán miles de millones de pesos públicos.