La decisión del Gobierno de la Ciudad de México de Clara Brugada de adjudicar de manera directa la adquisición de 17 nuevos convoyes para el Tren Ligero a la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive ha generado cuestionamientos debido a que la compañía enfrenta una demanda promovida por el propio Sistema de Transporte Colectivo Metro ante instancias internacionales por presuntos incumplimientos contractuales.

La contratación, valuada en mil 377 millones de pesos, fue formalizada el 16 de junio de 2025 mediante un acuerdo con el Servicio de Transportes Eléctricos (STE). El documento establece que la empresa realizaría entregas parciales a partir de marzo de 2026 y que la totalidad de las unidades debería estar disponible antes de que transcurrieran 14 meses de la firma del contrato. “El proveedor realizará entregas parciales a partir de marzo de 2026, a fin de cumplir con la entrega total antes de los 14 meses posteriores a la firma del presente contrato”.

Sin embargo, a pesar de que el plazo contractual apunta a que todos los trenes deberían encontrarse operativos hacia mediados de agosto de este año, la entrega no se ha completado. Además, fuentes vinculadas al sector señalan que algunas unidades fueron incorporadas al servicio sin concluir integralmente los protocolos de evaluación técnica, en medio de la presión por concluir obras de modernización antes de la celebración del Mundial de Futbol.

El Tren Ligero depende de la Secretaría de Movilidad de Héctor Ulises García Nieto, y de acuerdo con la información disponible, únicamente los dos primeros trenes, recibidos el 9 de febrero, completaron las pruebas requeridas antes de iniciar operaciones con pasajeros. Posteriormente se reportaron fallas en el servicio que reavivaron dudas sobre la supervisión técnica aplicada al proyecto.

La relación entre CRRC y las autoridades capitalinas ya arrastraba antecedentes de controversia. La empresa china fue contratada para participar en la modernización de la Línea 1 del Metro, proyecto que derivó en un conflicto legal debido a retrasos y presuntos incumplimientos. Actualmente, el caso se encuentra bajo mediación de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París.

El Metro de la Ciudad de México reclama una penalización superior a mil 523 millones de pesos por los retrasos registrados en la ejecución de los trabajos. No obstante, en enero de 2026, un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó un amparo definitivo a la firma china dentro de la disputa judicial desarrollada en territorio mexicano.

Fuentes del sector ferroviario aseguran que existe una negociación para que parte de las sanciones económicas derivadas del conflicto puedan compensarse mediante la entrega de trenes adicionales destinados a la Línea 2 del Metro, aunque dicha posibilidad no ha sido confirmada oficialmente.

La controversia también alcanzó a empresas subcontratadas. La constructora mexicana Grupo ISI, que participó en trabajos de reconfiguración de los Talleres de Zaragoza, denunció adeudos por parte de CRRC. Según el director de la compañía, Ramón Martínez, el contralor de la firma china, Marco Franco, habría condicionado la liberación de pagos a la entrega de recursos económicos y bienes patrimoniales.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la exigencia habría ascendido a 160 millones de pesos, incluyendo pagos en efectivo y la cesión de un inmueble de alto valor. Tras negarse a cumplir dichas condiciones, la empresa mexicana sostiene que los pagos fueron suspendidos, provocando una severa afectación financiera.