El Departamento del Tesoro de Estados Unidos elevó el caso del huachicol fiscal a un problema de seguridad financiera, corrupción política y captura institucional, al señalar que el Cártel Jalisco Nueva Generación utiliza ganancias del robo y contrabando de combustible para financiar campañas electorales, pagar a medios de comunicación y colocar en cargos públicos a políticos dispuestos a colaborar con el crimen organizado.

La acusación fue presentada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, y por la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, ambas dependientes del Departamento del Tesoro, al anunciar sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente ligadas a una red de contrabando de combustible vinculada al CJNG.

El reporte sostiene que el huachicol fiscal ya no es sólo un delito de evasión de impuestos o de robo de combustible, sino una vía de financiamiento criminal que permite a los cárteles influir en elecciones, penetrar estructuras administrativas y lavar ganancias ilícitas mediante contratos públicos y empresas fachada.

“Los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno”, asegura la comunicación del gobierno estadounidense.

El señalamiento coloca el problema en una dimensión mayor: el combustible robado o introducido ilegalmente no sólo alimenta las finanzas del crimen organizado, sino que también puede convertirse en una herramienta para comprar protección política, abrir rutas de operación, controlar aduanas, influir en gobiernos locales y asegurar contratos estatales.

“Esto facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y de otras actividades delictivas”, subraya el documento.

La información, sustentada en análisis de FinCEN, no identifica públicamente a políticos, campañas ni partidos específicos. Sin embargo, el señalamiento ocurre en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre autoridades mexicanas, redes criminales y procesos electorales, especialmente después de que se conocieran señalamientos contra políticos de Sinaloa por presunta colusión con el Cártel de Sinaloa.

En este nuevo caso, el foco está puesto en el CJNG y en el uso del huachicol fiscal como una maquinaria financiera. De acuerdo con el Tesoro, la red operaba mediante empresas fachada, documentos aduanales falsificados y esquemas de importación irregular de combustible desde Estados Unidos hacia México, evadiendo impuestos y disfrazando la mercancía para ocultar su verdadera naturaleza.

Entre los sancionados aparece Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el gobierno estadounidense como contador y cerebro financiero de ciertas operaciones del CJNG. La dependencia lo acusa de crear empresas fachada, operar estructuras corporativas para el cártel y falsificar documentos aduanales para facilitar el traslado ilegal de combustible.

El Departamento del Tesoro le atribuye vínculos con seis empresas en México, dedicadas a giros como transporte, servicios financieros e inmobiliarios, además de una firma en el Reino Unido. Estas estructuras, según la autoridad estadounidense, habrían servido para mover recursos, ocultar beneficiarios y lavar ganancias provenientes del contrabando.

También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, relacionado con las firmas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, señaladas por su presunta participación en operaciones de huachicol fiscal y traslado irregular de combustible hacia territorio mexicano.

La acusación incluye otro elemento delicado: Oscar Guillermo Juraidini Silva no sólo habría operado como financiero del CJNG, sino también como mediador entre grupos criminales en Tamaulipas, una entidad clave para el contrabando de diésel y gasolina desde Estados Unidos.

Desde hace más de una década, dos facciones antagónicas afines al Cártel del Golfo, Los Metros en Reynosa y Los Escorpiones en Matamoros, mantienen una disputa territorial. En ese escenario, Juraidini Silva habría sido una pieza relevante para contener conflictos entre grupos rivales, en una región estratégica para el tráfico de combustible.

El caso exhibe cómo el huachicol dejó de ser un negocio marginal para convertirse en una economía criminal sofisticada, con capacidad para cruzar fronteras, utilizar empresas legales, alterar documentos aduanales, comprar voluntades y financiar estructuras políticas.

La participación de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, citada en el reporte estadounidense, muestra además que el caso tuvo colaboración institucional entre ambos países. Sin embargo, también abre una pregunta central para el gobierno mexicano: si las autoridades financieras ya documentaron parte de la operación, ¿hasta dónde llegará la investigación dentro de México y qué políticos, funcionarios o empresarios pudieron beneficiarse de esta red?