La investigación por uno de los mayores casos de huachicol fiscal registrados en México llegó directamente a mandos del Ejército mexicano que tuvieron bajo su responsabilidad la Aduana de Matamoros, en Tamaulipas, un punto estratégico para el ingreso de mercancías desde Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República busca aprehender a los Tenientes Coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, ambos titulares de la Aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, así como al Teniente de Policía Militar Jorge García García, ex subdirector de Operación Aduanera del mismo recinto fiscal, de acuerdo a la información de Abel Barajas en REFORMA.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARVTAMP/0000715/2025, el caso involucra el contrabando de 144 millones 508 mil 856 litros de diésel, nafta y gasolina, que habrían ingresado al país entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025 mediante pedimentos que los hicieron pasar como solución de cloruro de calcio.

El señalamiento es grave porque no apunta únicamente a una operación empresarial o aduanal, sino a una presunta red de corrupción instalada dentro de una aduana administrada por mandos militares, en momentos en que el control de los recintos fiscales fue presentado como una medida para combatir precisamente el contrabando, la evasión fiscal y el tráfico ilegal de combustibles.

Los tres militares de la Secretaría de la Defensa del general Ricardo Trevilla forman parte de una lista de 13 funcionarios aduanales, agentes aduanales y empresarios contra quienes el juez Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, giró órdenes de aprehensión por el caso de huachicol fiscal en Matamoros.

A Blas Pedro Sarabia García y Jorge García García se les atribuyen los delitos de delincuencia organizada y contrabando calificado, mientras que a Armando Barrera Trujillo se le acusa únicamente de delincuencia organizada, según el expediente del caso. Los tres se encuentran prófugos de la justicia.

El expediente señala que Armando Barrera Trujillo fue nombrado al frente de la Aduana de Matamoros por el General André Georges Foullon Van Lissum, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Antes de asumir ese cargo, Barrera se desempeñó como Jefe de Inteligencia y Operaciones del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, lo que añade un elemento sensible al caso: no se trataba de un mando menor ni ajeno a tareas de seguridad.

La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos sostiene que militares y funcionarios aduanales formaban parte de una organización criminal encabezada por Armando III Riestra Fernández, socio único y representante legal de Servicios Aduanales JR S.A.S. de C.V., empresa con sede en Reynosa, Tamaulipas.

Riestra Fernández se encuentra preso desde enero en el Penal Federal del Altiplano. Su empresa habría sido la encargada de tramitar los pedimentos con los que se documentó la entrada al país de millones de litros de hidrocarburos bajo una denominación falsa.

Las importadoras señaladas por la Fiscalía son Jumandi Group S.A.P.I. de C.V., ubicada en Aguascalientes, y Ferroservicios S.A. de C.V., localizada en Pedro Escobedo, Querétaro. Ambas aparecen como parte del entramado usado para introducir combustibles al país evadiendo controles fiscales y aduaneros.

Hasta ahora, siete de los imputados han sido detenidos y procesados desde enero. Seis permanecen recluidos en penales federales, entre ellos el Altiplano y el Femenil de Morelos, mientras que sólo uno obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

La investigación de la FGR describe una estructura que habría operado con protección institucional dentro de la propia aduana. En el expediente se afirma:

“Esta organización delictiva mantiene una red de corrupción que incluye a personal de las Fuerzas castrenses, como el ex titular de la Aduana Matamoros, Armando Barrera Trujillo, Teniente Coronel de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuya gestión se encuentra dentro del periodo de investigación del 1 de junio (de 2024) al 15 de julio de 2025 y del actual titular de la referida aduana, Blas Pedro Sarabia García, también Teniente Coronel de Sedena, cuya gestión dio comienzo a partir del día 15 de julio de 2025”.

La Fiscalía también subraya el perfil militar de los acusados y el riesgo que implica su eventual reclusión por su preparación en armas y combate:

“Jorge García García, Subdirector de Operación Aduanera y Teniente de Policía Militar de la Sedena, respecto de los cuales resulta un hecho notorio que dados los grados que ocupan, cuentan con instrucción en el manejo de las armas y en situaciones de combate, por lo cual se requieren condiciones especiales de seguridad, tanto para garantizar su integridad, como de otras personas que en su momento se encuentren recluidas con ellas”.

El caso golpea de lleno el discurso oficial sobre la militarización de las aduanas como mecanismo de limpieza institucional. La participación señalada de mandos de la Sedena en una operación de esta magnitud exhibe que el problema no sólo está en los agentes aduanales, importadores o empresarios, sino también en la estructura de control que debía impedir el ingreso irregular de combustibles.

El volumen documentado por la Fiscalía, más de 144 millones de litros de hidrocarburos, coloca este expediente entre los casos más relevantes de huachicol fiscal, una modalidad que no depende de tomas clandestinas en ductos, sino de operaciones documentales, pedimentos falsos, clasificación irregular de mercancías y redes de protección dentro de puntos de entrada al país.

La Aduana de Matamoros aparece así como una puerta de entrada para una operación millonaria que habría burlado controles fiscales, aduaneros y de seguridad nacional.