Notaría ligada a Adán Augusto y La Barredora avala contrato de Pemex por 4,800 millones

El contrato fue adjudicado durante la gestión de Víctor Rodríguez, a una empresa constituida en una notaría vinculada al entorno de Adán Augusto López. Ricardo Aldana encabeza el sindicato petrolero.

Una notaría relacionada con el círculo político y empresarial del exgobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández, así como con compañías vinculadas a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, constituyó a una de las empresas beneficiadas con un contrato de Petróleos Mexicanos por hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos.

Se trata de Arrendo Serv S.A. de C.V., sociedad registrada el 14 de noviembre de 2013 ante la Notaría Pública Número 4 de Villahermosa, Tabasco, entonces encabezada por Miguel Cachón Álvarez, de acuerdo con el expediente 16969 del Registro Público de Comercio de Tabasco.

La empresa obtuvo, en consorcio con Impulsa Tu Ganancia, el contrato PMX-2025-98-347, adjudicado directamente por Pemex el 25 de julio de 2025, durante la administración de Víctor Rodríguez Padilla y Ricardo Aldana Prieto, líder del sindicato petrolero STPRM. El exdirector de la petrolera está detenido por un caso de violencia intrafamiliar contra su esposa.

El acuerdo, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, contempla el arrendamiento de entre 350 y mil 200 vehículos especializados para labores relacionadas con el combate al tráfico ilícito de hidrocarburos y la protección de instalaciones estratégicas de la empresa productiva del Estado.

La contratación fue denunciada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República, por posibles conflictos de interés, simulación de competencia y otras presuntas irregularidades.

El vínculo de Arrendo Serv con la Notaría Pública Número 4 cobra relevancia debido a que esa oficina forma parte de una red de notarías tabasqueñas que, según investigaciones periodísticas, participaron en la constitución y modificación de empresas posteriormente beneficiadas con contratos de los gobiernos federal y estatal.

En octubre pasado, EL UNIVERSAL documentó que cinco notarías relacionadas con Adán Augusto López Hernández y cuatro personas cercanas a su grupo político constituyeron sociedades, certificaron compraventas de terrenos e inmuebles y dieron fe de cambios de accionistas y apoderados legales de al menos una decena de compañías.

Esas empresas obtuvieron contratos públicos por un monto conjunto de al menos 11 mil millones de pesos. Entre las notarías mencionadas se encuentra la entonces encabezada por Miguel Cachón Álvarez.

La misma notaría dio fe de poderes otorgados a representantes de Consorcio Crismar, empresa mencionada en el expediente judicial relacionado con la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto dirigente de La Barredora.

Además, Miguel Cachón Álvarez constituyó la empresa Portacelis Gas and Oil, que posteriormente se asoció con Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, firma registrada a nombre de Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño y sobrino de Cachón, señalado por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán.

El contrato de Pemex también ha generado cuestionamientos porque Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia modificaron sus estatutos sociales varios meses después de haber recibido la adjudicación.

De acuerdo con las actas inscritas en el Registro Público de Comercio, Arrendo Serv aprobó la modificación de su objeto social el 26 de enero, mientras que Impulsa Tu Ganancia hizo lo mismo el 29 de enero.

Las reformas ampliaron considerablemente las actividades que ambas compañías estaban autorizadas a desarrollar.

Arrendo Serv incorporó expresamente el arrendamiento y administración de vehículos, servicios de logística, almacenaje, maniobras y custodia, así como la prestación de servicios para organismos públicos y empresas del Estado, entre ellas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Por su parte, Impulsa Tu Ganancia, constituida originalmente como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, amplió su objeto para incluir el servicio público federal de autotransporte, el arrendamiento de automotores y la compraventa y distribución de automóviles, camiones, tractocamiones, remolques y semirremolques.

Estas actividades no figuraban originalmente entre las funciones centrales de la empresa, lo que abrió cuestionamientos sobre si las compañías contaban, al momento de recibir el contrato, con un objeto social plenamente alineado con el servicio adjudicado.

La comparación entre el contrato PMX-2021-97-59 y el nuevo acuerdo PMX-2025-98-347 muestra también incrementos importantes en algunas tarifas de arrendamiento.

En una de las partidas revisadas, la renta diaria de un vehículo pasó de mil 904 pesos, en el contrato adjudicado en 2021 a Lumo Financiera del Centro, a 3 mil 606 pesos en el procedimiento ganado por Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia.

La diferencia representa un aumento cercano a 90%, aunque la documentación disponible debe ser analizada para determinar si ambos precios corresponden a vehículos, equipamiento y condiciones contractuales plenamente comparables.

El crecimiento de Impulsa Tu Ganancia dentro del sector público ha sido particularmente acelerado. Entre 2022 y 2025, la empresa acumuló al menos ocho contratos por más de 6 mil 261 millones 290 mil pesos.

De esa cantidad, aproximadamente 77% corresponde exclusivamente al contrato otorgado por Pemex para el arrendamiento de vehículos destinados a tareas estratégicas de seguridad y combate al mercado ilícito de hidrocarburos.

El caso concentra así diversos elementos bajo escrutinio: una adjudicación directa multimillonaria, modificaciones posteriores a los objetos sociales de las empresas beneficiadas, aumentos de tarifas respecto de un contrato previo y conexiones notariales con el llamado Grupo Tabasco, compañías relacionadas con Hernán Bermúdez Requena y empresarios cercanos a Andrés Manuel López Beltrán.

Las denuncias presentadas ante las autoridades federales deberán determinar si esas relaciones derivaron en alguna ventaja indebida, conflicto de interés o simulación empresarial.

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