La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un nuevo frente en la ya delicada relación de seguridad entre México y Estados Unidos al investigar la participación de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua en el centro de la crisis del ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros 9 acusados por Estados Unidos de narcoterrorismo.

En lo que algunos analistas interpretaron el mensaje de la Fiscalía de Ernestina Godoy como presión a la gobernadora panista María Eugenia “Maru” Campos, el caso gira en torno a un despliegue realizado en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, donde presuntamente intervinieron elementos de inteligencia estadounidense. La indagatoria, encabezada por el Fiscal de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, no solo busca esclarecer la legalidad de esa participación, sino también determinar si existió conocimiento o autorización por parte del Gobierno de Chihuahua.

En un mensaje público, Ulises Lara confirmó que la dependencia ya dio un paso clave al citar a declarar a cerca de medio centenar de personas involucradas directamente en el operativo, en un intento por reconstruir la cadena de mando y las condiciones en que se ejecutó la acción.

“Como parte de los trabajos realizados por la FGR, hemos logrado avanzar con la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas que participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días”, señaló el funcionario.

La investigación también se centra en un punto particularmente sensible: la acreditación formal de los agentes de la CIA, así como las condiciones jurídicas que habrían permitido su actuación en territorio mexicano, un aspecto que podría escalar el caso a implicaciones de seguridad nacional.

“Asimismo, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del Gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido”, añadió Lara.

El trasfondo político del caso es inevitable. La indagatoria ocurre en medio de tensiones crecientes por la presunta intervención de agencias estadounidenses en operativos dentro de México, un tema que el gobierno federal ha manejado públicamente bajo el discurso de la defensa de la soberanía, mientras en los hechos mantiene esquemas de cooperación en seguridad.

La investigación de la FGR podría derivar en responsabilidades administrativas o penales si se confirma que hubo participación extranjera sin respaldo legal, o bien, si autoridades locales omitieron reportar o autorizar la intervención.