Una ola de reclamos y acusaciones le esparan al morenista Enrique Inzunza Cázarez en el Senado. A diferencia del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador se niega a separarse del cargo pese a la presión política y judicial derivada de las acusaciones presentadas en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La permanencia de Inzunza en el Senado no es un asunto menor. Su permanencia le permite conservar el fuero constitucional, por lo que cualquier intento de proceder penalmente en México obligaría a impulsar primero un juicio de desafuero en el Congreso de la Unión. En contraste, solicitar licencia implicaría perder esa protección política y jurídica que hoy lo blinda frente a una eventual acción penal.
El ex secretario general de Gobierno de Sinaloa quedó bajo el reflector internacional luego de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo incluyera en una acusación junto con Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros siete funcionarios y ex funcionarios presuntamente relacionados con operaciones de protección al Cártel de Sinaloa.
La ofensiva judicial impulsada desde Estados Unidos busca que México detenga a los señalados para fortalecer investigaciones relacionadas con delitos de narcoterrorismo y eventualmente proceder con solicitudes formales de extradición.
En este contexto, la decisión de Enrique Inzunza Cázarez de mantenerse en el Senado ya provoca reclamos y presiones de la oposición, que anticipa una batalla política en torno a la posibilidad de retirarle el fuero. Legisladores adversarios a Morena consideran que el caso representa una prueba crítica para medir hasta dónde el oficialismo está dispuesto a proteger a sus cuadros políticos señalados por autoridades estadounidenses.
La crisis golpea directamente al círculo político más cercano de Rubén Rocha Moya. Durante años, Inzunza fue considerado uno de los operadores más influyentes del mandatario sinaloense, con control político y jurídico dentro del Gobierno estatal.
La situación también profundiza el desgaste de Morena frente a las presiones de la administración de Donald Trump, que ha endurecido la postura contra los cárteles mexicanos y condicionado la cooperación bilateral en seguridad a resultados concretos en detenciones y extradiciones.
La licencia solicitada por Rubén Rocha Moya fue interpretada como un intento de contener el daño político y evitar una confrontación mayor con Washington. Sin embargo, la negativa de Enrique Inzunza Cázarez a dejar el Senado mantiene abierta una nueva línea de tensión política y jurídica para el oficialismo.
Mientras tanto, en Sinaloa, el caso alimenta la percepción de una estructura política cercada por investigaciones internacionales en medio de una crisis de violencia que desde hace años mantiene bajo presión a empresarios, comerciantes y ciudadanos tras los llamados “culiacanazos”, la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos y las disputas internas del Cártel de Sinaloa.
Ahora, el nombre de Enrique Inzunza Cázarez se convierte en uno de los puntos más sensibles para Morena en el Senado, donde cada aparición pública estará acompañada por cuestionamientos sobre los presuntos vínculos entre poder político y crimen organizado en Sinaloa.
