El paso de Enrique Díaz Vega por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Rubén Rocha Moya dejó algo más que el manejo de las finanzas públicas de Sinaloa. Durante casi tres años como integrante del gabinete morenista, el ahora ex funcionario incrementó de manera acelerada su patrimonio inmobiliario con la adquisición de al menos 10 nuevas propiedades, muchas de ellas liquidadas de contado, mientras hoy enfrenta señalamientos en Estados Unidos por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales de inicio y conclusión de cargo, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2024, Díaz Vega reportó un aumento superior a los 18 millones de pesos en activos inmobiliarios. El crecimiento ocurrió prácticamente en paralelo a su desempeño como responsable de las finanzas estatales del gobierno de Morena en Sinaloa.
Las adquisiciones comenzaron apenas meses después de asumir el cargo. En 2022 compró terrenos y locales comerciales por varios millones de pesos, incluyendo un predio de más de 36 mil metros cuadrados. Para 2023 continuó la expansión patrimonial con nuevas casas y terrenos, además de operaciones millonarias con la empresa Kyara S.A. de C.V.
El caso adquiere mayor relevancia porque varias de las operaciones inmobiliarias se realizaron mediante compañías donde el propio funcionario tenía participación accionaria o representación legal, como Housesin Desarrollos S.A. de C.V., firma en la que incrementó su participación accionaria del 28 al 38 por ciento mientras seguía en funciones públicas.
Al concluir su gestión, el ex secretario acumulaba 44 propiedades con un valor declarado cercano a los 128.9 millones de pesos, una cifra que contrasta con el contexto de crisis financiera, inseguridad y violencia que marcó buena parte del sexenio de Rubén Rocha Moya en Sinaloa.
El crecimiento patrimonial del ex funcionario ocurre además en medio de una de las investigaciones más delicadas abiertas por autoridades estadounidenses contra integrantes del círculo político de Morena en Sinaloa. Enrique Díaz Vega fue acusado junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y otros funcionarios y ex funcionarios de presuntamente colaborar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
La acusación presentada ante una Corte de Nueva York sostiene que existieron acuerdos de protección política y operación electoral a cambio de sobornos y respaldo criminal. El expediente incluso detalla presuntas reuniones entre el ex secretario de Finanzas y líderes del grupo criminal encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Antes de la elección de Rocha Moya, el acusado Enrique Díaz Vega, también se reunió con Iván, Alfredo (Guzmán) y otros miembros de alto rango del cártel. Díaz entregó a los líderes de Los Chapitos una lista de los oponentes de Rocha Moya y sus respectivas direcciones para que pudieran intimidar a dichos oponentes y obligarlos a retirarse de la contienda electoral”, señala la acusación estadounidense.
Las implicaciones financieras del caso podrían extenderse más allá de México. Autoridades de Estados Unidos mantienen bajo la lupa inversiones y cuentas vinculadas al ex funcionario, incluyendo operaciones en PNC Bank, de Pittsburgh, y en Alterna Securities, firma con sede en Houston enfocada en clientes mexicanos.
Aunque las declaraciones patrimoniales no detallan los montos exactos invertidos en dichas cuentas ni en otras instituciones financieras mexicanas como BBVA, Actinver, GNP Seguros, Banamex y Banco del Bajío, el caso abre la posibilidad de eventuales procedimientos de decomiso patrimonial por parte del Departamento de Justicia estadounidense.
