La crisis política y judicial que envuelve al círculo cercano del Gobierno de Sinaloa sumó un nuevo episodio luego de que el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, obtuviera un amparo que bloquea temporalmente cualquier intento de detención con fines de extradición hacia Estados Unidos.

La resolución fue emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán, encabezado por el juez Rafael Linares Rivera, dentro del expediente 539/2026. El fallo concede una suspensión de plano que impide ejecutar órdenes de captura provisional, localización o aseguramiento mientras se desarrolla el juicio constitucional cuya audiencia fue programada para el próximo 1 de junio.

El caso coloca nuevamente bajo presión al entorno político del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, luego de que fiscales estadounidenses intensificaran las acusaciones contra ex funcionarios de su administración por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y específicamente con la facción de “Los Chapitos”.

De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Gerardo Mérida Sánchez habría recibido pagos mensuales de hasta 100 mil dólares a cambio de brindar protección a operadores criminales, alertar sobre operativos contra laboratorios de droga y evitar detenciones de integrantes de la organización criminal.

El documento judicial mexicano establece que: “Se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional”, medida que en los hechos representa un blindaje temporal frente a cualquier solicitud inmediata de entrega a autoridades estadounidenses.

La imputación del Departamento de Justicia de Estados Unidos no sólo contempla delitos relacionados con conspiración para introducir narcóticos a territorio estadounidense, sino también cargos vinculados con posesión y tráfico de armamento de alto poder. La gravedad de las acusaciones podría derivar, según las leyes federales estadounidenses, en penas mínimas obligatorias de hasta 40 años de prisión o incluso cadena perpetua.

La situación revive el debate sobre el nivel de penetración del crimen organizado en las estructuras de seguridad pública de Sinaloa, particularmente durante el periodo de violencia interna que sacudió a la entidad entre 2023 y 2024. Durante esos meses, enfrentamientos entre grupos criminales provocaron crisis de seguridad en diversos municipios, mientras crecían las sospechas sobre presuntas filtraciones de información desde corporaciones estatales.

La salida de Gerardo Mérida Sánchez de la Secretaría de Seguridad ocurrió en diciembre de 2024, en medio de cuestionamientos por el deterioro de la seguridad y versiones sobre fracturas internas dentro de las corporaciones policiacas.

Las repercusiones políticas del caso alcanzaron a otras figuras cercanas al gobierno sinaloense. El propio Rubén Rocha Moya y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencia temporal a sus cargos tras ser incluidos en investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses.

También dejó el cargo bajo licencia el vicefiscal estatal Dámaso Castro Saavedra, señalado por presuntamente recibir pagos periódicos para brindar protección a integrantes del crimen organizado. A ello se suman las investigaciones contra Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas, además de mandos policiales como Juan Valenzuela Millán, identificado en la acusación estadounidense por presuntos delitos relacionados con secuestro y colaboración con redes criminales.

El amparo obtenido por Gerardo Mérida Sánchez no elimina las acusaciones ni cancela un eventual proceso de extradición, pero sí representa un primer movimiento jurídico defensivo frente a la creciente presión de Estados Unidos sobre ex funcionarios vinculados al gobierno sinaloense.