La presión de Estados Unidos contra estructuras políticas y criminales vinculadas a Sinaloa escala en distintos frentes, mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum evita confrontar o exhibir públicamente a personajes cercanos al grupo político del exgobernador Rubén Rocha Moya, varios de ellos señalados como narcoterroristas y requeridos en extradición por autoridades estadounidenses.
En Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, inició una revisión sobre la operación de los 53 consulados de México en Estados Unidos, en medio de la creciente tensión bilateral por narcotráfico, migración y seguridad fronteriza.
A esta postura se sumó Dylan Johnson, subsecretario para Asuntos Públicos Globales del Departamento de Estado, quien aseguró que la revisión a la red consular mexicana busca determinar si su funcionamiento está alineado con la agenda “Estados Unidos Primero” impulsada por el presidente Donald Trump. La declaración fue interpretada como una nueva señal de presión política y diplomática hacia el gobierno mexicano.
La medida coincide con nuevas acciones de seguridad anunciadas por el director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, quien presumió el desmantelamiento de una red de tráfico de drogas en Kansas City con presuntos vínculos con México.
“FBI Kansas City lideró la operación, integrándose con socios locales y federales. El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en todo el país sigue aplastando a las organizaciones de tráfico de drogas y redes criminales a diario”, afirmó Patel.
La investigación, iniciada en enero de 2020, apunta a una estructura encabezada por José Santos Macías-Román, ciudadano mexicano de 46 años que residía de manera irregular en Estados Unidos y que presuntamente transportaba metanfetamina líquida desde Sinaloa hacia el área metropolitana de Kansas City. El caso vuelve a colocar al Cártel de Sinaloa en el centro de la narrativa de seguridad impulsada por Washington.
El endurecimiento del discurso estadounidense ocurre mientras en México persisten señales de protección política hacia integrantes del grupo gobernante sinaloense.
Uno de los casos más delicados es el del general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, quien recurrió a un amparo judicial en medio de las investigaciones y presiones derivadas de los señalamientos estadounidenses. Hasta ahora, el gobierno federal no ha emitido críticas contra el juez que concedió la protección judicial ni ha descalificado públicamente el recurso legal.
El contraste político resulta inevitable. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el oficialismo emprendió una ofensiva constante contra jueces que concedieron suspensiones y amparos relacionados con el impacto ambiental del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Refinería Olmeca Dos Bocas. Desde Palacio Nacional se acusó reiteradamente al Poder Judicial de frenar proyectos estratégicos de la llamada Cuarta Transformación.
Ahora, frente al amparo concedido a un exresponsable de seguridad pública ligado al grupo político de Sinaloa, el silencio institucional contrasta con aquella presión ejercida sobre ministros, jueces y magistrados.
En paralelo, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez permanece resguardado por el fuero constitucional que le otorga su escaño en el Senado. El exsecretario general de Gobierno de Sinaloa y uno de los hombres más cercanos a Rubén Rocha Moya ha sido mencionado dentro del contexto político derivado de las acusaciones y solicitudes de extradición promovidas desde Estados Unidos contra integrantes del círculo gubernamental sinaloense.
La presión no se concentra únicamente sobre Rocha Moya. La lista de personas requeridas por autoridades estadounidenses incluye a otros ocho funcionarios y exfuncionarios que formaron parte de estructuras de poder durante el gobierno morenista en Sinaloa, configurando uno de los episodios de mayor tensión diplomática y política entre México y Estados Unidos en los últimos años.
En este escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema político de alto costo: mantener la defensa política y legal de cuadros ligados al obradorismo sinaloense o ceder ante la presión creciente de Washington, que ha colocado el combate al fentanilo y la persecución de redes ligadas al narcotráfico como una prioridad estratégica de seguridad nacional.
