Las palabras del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encontraron eco inmediato en la violencia que volvió a estallar en Sinaloa. Mientras el mandatario republicano insistía desde la Casa Blanca en que “los cárteles gobiernan México”, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezados por el equipo de Omar García Harfuch fueron atacados por civiles armados en Culiacán, en un episodio que dejó dos agresores muertos, un detenido y un nuevo mensaje de desafío directo contra las fuerzas federales.

La escena ocurrió apenas una semana después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos criminales por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un hecho que elevó la presión internacional sobre el Gobierno mexicano y colocó nuevamente a la entidad en el centro de la disputa bilateral entre seguridad, narcotráfico y gobernabilidad.

Durante un evento por el Día de las Madres en la Casa Blanca, Trump aseguró que el flujo de drogas hacia territorio estadounidense proviene mayoritariamente de México y sostuvo que su Administración ya actúa de forma más agresiva contra las estructuras criminales. “Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México. Nadie más: los cárteles. Simplemente lo gobiernan”, dijo el mandatario estadounidense, quien además presumió operaciones militares contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Las declaraciones no ocurrieron en el vacío. Horas después, García Harfuch confirmó que personal de la SSPC fue agredido mientras investigaba a una célula criminal vinculada con privaciones ilegales de la libertad en Culiacán, de la facción de La Mayiza. El funcionario informó que la situación fue controlada, pero el operativo dejó aseguradas armas largas, cargadores, una granada, equipo táctico y una camioneta con las siglas “MF”, en una región donde las disputas internas del crimen organizado mantienen una escalada de violencia desde hace meses.

El choque armado refuerza la narrativa impulsada desde Washington sobre la pérdida de control territorial en diversas zonas de México, particularmente en Sinaloa, donde las pugnas criminales, los ataques a fuerzas federales y las acusaciones contra funcionarios públicos han deteriorado la percepción de gobernabilidad tanto dentro como fuera del País.

Para la Administración de Claudia Sheinbaum, el problema ya no se limita al impacto interno de la violencia. La insistencia de Trump en ligar al Estado mexicano con el poder de los cárteles coincide con una etapa de creciente presión diplomática y judicial desde Estados Unidos, donde el discurso de seguridad comienza a mezclarse con amenazas de intervención más agresivas si México no logra contener el poder territorial y financiero de las organizaciones criminales.

El ataque contra personal federal en la capital sinaloense ocurre además en un momento particularmente delicado para el Gobierno federal, que intenta sostener la narrativa de control institucional mientras en los hechos continúan los enfrentamientos armados, las operaciones militares permanentes y los señalamientos internacionales sobre la capacidad real del Estado mexicano para contener al narcotráfico.

En ese contexto, la ofensiva verbal de Trump encuentra combustible político en cada episodio de violencia ocurrido en entidades dominadas por organizaciones criminales. Y Culiacán, nuevamente, terminó convertido en el símbolo más visible de esa disputa por el control del territorio, la seguridad y la legitimidad del poder político mexicano.