La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar al 5 de junio el cierre del ciclo escolar 2025-2026 detonó una confrontación política y educativa con gobiernos estatales que consideran la medida precipitada y perjudicial para millones de estudiantes.
Los gobiernos de Jalisco, Nuevo León y Guanajuato entre otras entidades rechazaron públicamente la modificación impulsada por la federación al advertir que reducir semanas de clases golpeará aún más a un sistema educativo que todavía arrastra secuelas del rezago provocado por la pandemia y por las constantes interrupciones escolares de los últimos años.
El caso más frontal fue el de Jalisco, donde la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) aclaró que el estado nunca solicitó adelantar el cierre del ciclo escolar y dejó en claro que mantendrá vigente su calendario educativo hasta el 30 de junio.
“En Jalisco estamos del lado de la educación y del desarrollo integral de nuestras niñas y niños”, sostuvo la dependencia estatal al cuestionar una decisión que, según advirtió, impactará directamente en los aprendizajes y en la dinámica cotidiana de miles de familias.
El gobierno encabezado por Pablo Lemus aseguró que sí habrá adecuaciones temporales durante los días de partidos del Mundial de Futbol 2026 en el Área Metropolitana de Guadalajara, pero únicamente por razones logísticas y de movilidad.
“Privilegiando en todo momento la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa”, justificó la administración estatal, al precisar que esos ajustes no implican cancelar semanas completas de actividades escolares ni adelantar las vacaciones de verano.
La postura jalisciense también evidenció una crítica indirecta hacia la planeación federal al señalar que modificar el calendario a pocas semanas de concluir el ciclo escolar genera complicaciones administrativas y trastornos para escuelas y padres de familia.
“Los cambios propuestos en tan corto plazo no favorecen la adecuada organización escolar”, advirtió la SEJ.
La inconformidad fue respaldada por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien pidió públicamente a la federación reconsiderar la medida y sostuvo que el país no está en condiciones de reducir tiempo efectivo en las aulas.
“Sabemos que nuestras niñas y niños requieren seguir avanzando y fortaleciendo sus habilidades y conocimientos en el aula”, expresó la mandataria panista, quien alertó que aún persisten severos déficits de aprendizaje derivados de la pandemia.
La gobernadora también puso sobre la mesa uno de los temas más sensibles para miles de familias: el problema del cuidado infantil durante semanas adicionales sin clases.
“Quiero hacer eco de la preocupación de miles de madres y padres trabajadores que quizá no tienen una red de apoyo o cuidados”, afirmó.
En Guanajuato, además, programas académicos y evaluaciones como la prueba RIMA, prevista para realizarse entre el 16 y el 18 de junio, quedarían afectadas o desfasadas con el nuevo calendario impuesto por la federación.
Mientras tanto, el gobierno de Chihuahua adoptó una postura menos confrontativa y aceptó “adecuar” el calendario, aunque el debate ya exhibe una creciente tensión entre los estados y la federación en torno al control de la política educativa.
El choque ocurre en un momento particularmente delicado para el sistema educativo mexicano, donde organismos nacionales e internacionales han advertido que los estudiantes mexicanos aún no recuperan completamente los niveles de aprendizaje previos a la pandemia. En ese contexto, la reducción del tiempo efectivo de clases ha sido interpretada por varios gobiernos estatales como una señal contradictoria frente a la necesidad de reforzar contenidos y recuperar habilidades académicas básicas.
La controversia también coloca presión política sobre la administración federal, que enfrenta cuestionamientos por intentar modificar de manera acelerada un calendario escolar ya avanzado y sin consenso con las entidades federativas.
