La crisis de desapariciones en México dejó al descubierto otra fractura institucional: la incapacidad, o falta de voluntad de las fiscalías estatales para documentar quiénes sostienen la búsqueda de miles de personas ausentes. Desde 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que va de Claudia Sheinbaum, al menos 25 mil 111 madres mexicanas acudieron ante ministerios públicos para denunciar la desaparición de sus hijos, de acuerdo con información entregada por las fiscalías locales a EL UNIVERSAL.

El dato exhibe apenas una parte del problema. De las 32 fiscalías estatales consultadas, 19 reconocieron que no cuentan con estadísticas sobre el parentesco de quienes presentan denuncias, y algunas admitieron incluso que ni siquiera solicitan esa información cuando se abre una carpeta de investigación. La omisión refleja el nivel de desorden institucional en medio de una emergencia nacional marcada por más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país.

Las fiscalías de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz argumentaron que atienden a cualquier persona que denuncia una desaparición, pero sin integrar el parentesco dentro de sus registros oficiales. En otros casos, como Puebla, Oaxaca y Quintana Roo, las autoridades rechazaron responder bajo el argumento de que el concepto de “atención” resultaba ambiguo o “inentendible”.

La respuesta de las instituciones encargadas de investigar desapariciones ocurre en un contexto donde los colectivos de búsqueda han denunciado durante años la ausencia de mecanismos confiables de registro, seguimiento y localización. El caso de Sonora evidenció la precariedad estadística: la fiscalía estatal aseguró no contar con un desglose ni sobre las personas atendidas ni sobre los delitos denunciados, pese a reportar más de 971 mil personas atendidas desde 2019.

Entre los estados que sí entregaron datos específicos, Tamaulipas encabeza el número de madres buscadoras atendidas con 3 mil 454 casos, seguido de Chiapas con 2 mil 321, mientras que Yucatán reportó únicamente dos mujeres con acreditación de parentesco materno en ese periodo. En la Ciudad de México, aunque tampoco existe un desglose oficial sobre el tipo de parentesco, la fiscalía capitalina informó haber atendido a 11 mil 954 personas, en su mayoría mujeres.

El fenómeno se mantuvo constante durante los últimos años. El pico más alto de denuncias se registró en 2019, con 2 mil 173 atenciones, mientras que 2025 volvió a disparar las cifras con mil 828 denuncias relacionadas con desapariciones. En apenas los primeros meses de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya contabilizaba 401 personas buscando a un familiar desaparecido.

La dimensión política y humanitaria del problema se profundizó tras la polémica generada por la llamada Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, presentada en diciembre de 2023 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, denunciaron que más de 80 mil reportes de personas desaparecidas fueron reclasificados de manera ambigua, reduciendo artificialmente las cifras oficiales.

Colectivos como A dónde van los desaparecidos acusaron además que el gobierno federal excluyó a madres buscadoras y familiares de las discusiones sobre el nuevo censo y sobre la actualización de estadísticas nacionales. Las críticas apuntaron a presuntas omisiones deliberadas para disminuir la magnitud pública de la crisis.

Aunque la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó distancia de ese censo y abrió nuevas mesas de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y colectivos de búsqueda, el gobierno federal entró en confrontación con organismos internacionales. En abril de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó el Artículo 34 de la Convención Internacional, mecanismo reservado para países donde existen indicios de desaparición forzada “generalizada o sistemática”.

La decisión provocó una reacción inmediata del gobierno mexicano y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que cerraron filas rechazando las conclusiones del organismo internacional. El 9 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “en México no hay desaparición forzada desde el Estado”, una declaración que detonó nuevas críticas e indignación entre colectivos de madres buscadoras y organizaciones de derechos humanos.

Detrás de las cifras, los reclamos apuntan a una misma conclusión: mientras las desapariciones siguen creciendo y las madres continúan recorriendo fosas, caminos y oficinas gubernamentales, buena parte de las instituciones encargadas de investigar ni siquiera documenta quién está buscando.