La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una red de huachicol fiscal en las Aduanas mexicanas comenzó a exhibir posibles nexos de protección institucional dentro de la propia Secretaría de Marina (Semar), al señalar que el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna, gozaban de respaldo derivado de su parentesco con el entonces titular de la dependencia, Rafael Ojeda Durán en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Aunque la FGR de Ernestina Godoy no le atribuye formalmente calidad de imputado al ex Secretario de Marina, su nombre aparece dentro de la solicitud de orden de aprehensión presentada contra 15 empresarios, agentes aduanales y operadores vinculados al presunto esquema de contrabando de hidrocarburos. El documento judicial sostiene que la red criminal tenía capacidad de infiltración en puertos, aduanas y estructuras de seguridad federal, según informe del prestigiado periodista Abel Barajas publicado este martes en el periódico Reforma.
Uno de los puntos más delicados de la indagatoria gira alrededor del asesinato del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ejecutado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, luego de que presuntamente preparaba denuncias relacionadas con las operaciones de los hermanos Farías Laguna.
La FGR sostiene que el mando naval había informado previamente a personal de la Marina sobre sus movimientos y periodo vacacional, lo que habría facilitado su localización. En el expediente, la dependencia afirma que: “Dicha información sólo era del conocimiento de personal de la Secretaría de Marina, circunstancia que facilitó su ubicación y posterior ejecución, con la evidente finalidad de silenciarlo y evitar que se hiciera pública la estructura, operación y protección institucional de la red de huachicol fiscal liderada por los hermanos Farías Laguna, quienes contaban con protección derivada de su parentesco con el entonces Almirante Ojeda Durán”.
La acusación coloca nuevamente bajo presión a la administración federal de Claudia Sheinbaum, debido a que el caso conecta una trama de corrupción aduanera con mandos de alto nivel de la Marina, institución que durante el sexenio pasado amplió significativamente su control sobre puertos, recintos fiscales y operaciones estratégicas del Estado mexicano.
El expediente también revela sospechas de la Fiscalía sobre otras muertes relacionadas con el caso. La dependencia considera posible que existiera un “ajuste de cuentas” detrás de los fallecimientos de los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga, oficialmente reportados como suicidio y accidente, respectivamente, tras el estallido del escándalo.
En el caso de Pérez Ramírez, la FGR asegura que era investigado por recibir presuntamente un soborno de 100 mil pesos para permitir el ingreso ilegal de combustibles por la Aduana de Tampico. El oficial murió el 8 de septiembre pasado dentro de oficinas de la Unidad Portuaria de Altamira, en un hecho clasificado oficialmente como suicidio.
La Fiscalía advierte en su solicitud judicial que la organización investigada operaba mediante amenazas, sobornos y violencia extrema. “Quedan evidenciados los alcances, capacidad de corrupción y alto nivel de violencia utilizados por los integrantes de esta empresa criminal, quienes de manera reiterada amenazan, coaccionan y privan de la vida a personas que no acatan sus instrucciones o que proporcionan información sobre el modus operandi de la organización”.
El caso también exhibe las tensiones internas dentro de la Marina tras el relevo de mandos entre Rafael Ojeda Durán y el actual Secretario, Raymundo Morales, en un contexto donde el Gobierno federal ha intentado contener el impacto político de las investigaciones sobre contrabando de combustibles y corrupción aduanera.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el pasado 19 de febrero que no existía ninguna línea de investigación contra Ojeda Durán. Sin embargo, la narrativa de la propia FGR abre una ruta de cuestionamientos sobre hasta dónde alcanzaba la protección política y operativa que, según la acusación, permitió durante años el funcionamiento de la red de huachicol fiscal dentro de instalaciones estratégicas del país.
