La declaración del jefe de la DEA, Terry Cole, ante el Senado de Estados Unidos, no sólo colocó nuevamente en el centro de la discusión al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y 9 más en la lista de extraditables que pidió la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sino que dejó entrever un cambio de estrategia en Washington: pasar de perseguir exclusivamente a las organizaciones criminales a enfocar las investigaciones en las estructuras políticas que presuntamente les brindan protección institucional.

Durante una comparecencia ante legisladores estadounidenses, y al responder cuestionamientos del senador republicano por Luisiana, John Kennedy, Cole aseguró que existe una responsabilidad compartida entre narcotraficantes y funcionarios mexicanos acusados de colaborar con el crimen organizado. “No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención a esto”, declaró el funcionario estadounidense al referirse al proceso judicial abierto contra Rocha Moya por presuntamente favorecer al Cártel de Sinaloa.

Las declaraciones se producen apenas semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la propia DEA anunciaran, el pasado 29 de abril, la primera acusación formal por narcotráfico contra un gobernador mexicano en funciones, junto con otros nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses. El caso detonó una crisis política en Sinaloa, donde además se han multiplicado las presiones sobre integrantes del círculo político cercano al mandatario con licencia.

Cole endureció aún más el mensaje al sostener que los funcionarios que colaboran con las organizaciones criminales son responsables directos de la crisis de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos. “Tenemos un Presidente que apoya plenamente a EU, que pone a los estadounidenses primero. (Los políticos en México) son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”, afirmó.

La frase que encendió las alertas diplomáticas llegó al final de su intervención. “Y le aseguro que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”, sentenció el titular de la DEA, en lo que fue interpretado como un adelanto de nuevas investigaciones y posibles acciones judiciales contra actores políticos mexicanos presuntamente relacionados con los cárteles.

Las declaraciones ocurren en medio de una creciente presión de la Administración de Donald Trump hacia México en materia de seguridad, narcotráfico y combate al fentanilo. En semanas recientes, Washington endureció el discurso sobre la infiltración criminal en instituciones mexicanas y condicionó parte de la cooperación bilateral a resultados concretos en extradiciones, detenciones y desmantelamiento de redes de protección política.

El caso de Rubén Rocha Moya se convirtió así en un punto de inflexión en la relación bilateral. Para sectores políticos y de seguridad en Estados Unidos, el expediente abierto contra el mandatario sinaloense representa una señal de que las investigaciones ya no se limitarán a líderes criminales, sino que buscarán alcanzar a funcionarios acusados de facilitar operaciones financieras, logísticas o de protección territorial para los cárteles mexicanos.