La ejecución de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, volvió a encender las alertas sobre el deterioro de la seguridad pública en Oaxaca y colocó nuevamente bajo escrutinio la estrategia del gobernador Salomón Jara Cruz.

El edil, militante del Partido Acción Nacional (PAN), fue asesinado por un grupo armado que lo buscó hasta su domicilio semanas después de haber sobrevivido a una agresión en la que también estuvieron involucrados integrantes de su administración municipal. Tras aquel atentado, Bravo solicitó formalmente protección a las autoridades estatales; sin embargo, dicha seguridad nunca le fue proporcionada.

Su homicidio se suma a una cadena de ataques contra autoridades municipales que ha marcado la actual administración estatal. Con este crimen, ya son cinco los alcaldes o autoridades electas asesinadas desde que Salomón Jara asumió la gubernatura en diciembre de 2022.

Antes de Bravo fueron asesinados Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, quien fue atacado con arma blanca cerca de su domicilio; Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, abatido durante una emboscada armada; y Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, ejecutada dentro del propio Palacio Municipal por un comando que irrumpió en las instalaciones gubernamentales.

A estos casos se suma el de una autoridad municipal electa que tampoco logró consolidar su mandato debido a la violencia política que afecta distintas regiones del estado.

Más allá de los asesinatos de alcaldes, la administración de Salomón Jara enfrenta un escenario cada vez más complejo. Mientras la entidad continúa siendo uno de los principales bastiones de movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos paros y protestas mantienen afectaciones en gran parte del sistema educativo estatal, los indicadores de violencia muestran una tendencia preocupante.

Incluso dentro de las cifras presentadas por el Gobierno federal, que reportan una disminución nacional cercana al 30 por ciento en homicidios dolosos durante los primeros meses del año, Oaxaca aparece entre las entidades donde la violencia mantiene una trayectoria ascendente.

Los registros oficiales colocan al estado entre los primeros diez lugares nacionales en incidencia de homicidios dolosos, una posición que contrasta con el discurso de reducción de la violencia promovido desde el ámbito federal.

La combinación de conflictos sociales, presión sindical, disputas regionales y ataques contra autoridades municipales ha convertido a Oaxaca en uno de los focos rojos del país. El asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez no sólo exhibe la vulnerabilidad de los gobiernos locales, sino que abre cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones estatales para responder a solicitudes de protección formuladas por funcionarios que habían advertido riesgos concretos contra su vida.