Antes de concluir la gestión de Víctor Rodríguez Padilla al frente de Petróleos Mexicanos, la empresa estatal adjudicó directamente un contrato con un monto máximo de 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos para el arrendamiento de vehículos especializados destinados a combatir el mercado ilícito de hidrocarburos.

El contrato fue otorgado a un consorcio integrado por Arrendo Serv, S.A. de C.V., e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., compañías que ahora son objeto de una denuncia por posibles conflictos de interés, simulación de competencia, opacidad corporativa y eventual daño patrimonial a Pemex.

La querella fue presentada el 6 de julio ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y remitida también a la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control de Pemex.

El documento solicita revisar la legalidad de la adjudicación, la capacidad técnica y financiera de las empresas contratadas, la identidad de sus beneficiarios finales y las relaciones corporativas que podrían existir entre los participantes y otros grupos empresariales.

El procedimiento quedó formalizado mediante el contrato PMX-2025-98-347, adjudicado sin licitación pública el 25 de julio de 2025, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028.

El servicio contempla el arrendamiento de entre 350 y mil 200 vehículos especializados por ejercicio fiscal, además del mantenimiento y sustitución de las unidades. Los vehículos serían utilizados en actividades de salvaguardia estratégica, seguridad física y combate al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

La contratación fue sustentada en una excepción a la licitación pública prevista en la normatividad de Pemex, bajo el argumento de que el servicio está relacionado con la seguridad nacional, la seguridad pública y la protección de infraestructura estratégica.

Sin embargo, la denuncia sostiene que la magnitud económica del contrato y la utilización de un procedimiento excepcional obligan a verificar que la adjudicación se haya realizado bajo condiciones de legalidad, transparencia, economía, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Las empresas beneficiadas participaron conjuntamente. Arrendo Serv tiene como accionistas a José Alejandro Reyes Zeind y Kora Naama Conchas Burelo, mientras que Impulsa Tu Ganancia está vinculada con Alberto Pliego Hernández.

La querella señala una posible relación de cercanía entre los empresarios y Carlos Alberto Ulloa Pérez, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, mejor conocida como Birmex.

“Al respecto, se tiene conocimiento de que Alberto Pliego Hernández, José Alejandro Reyes Zeind y Kora Naama Conchas Burelo se presentan en diversas dependencias de la administración pública federal para gestionar asuntos relacionados con sus empresas, Arrendo Serv, S.A. de C.V., e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., manifestando tener una relación de cercanía o amistad con Carlos Alberto Ulloa Pérez, actual director general de Birmex”, establece el documento.

La denuncia no presenta esa relación como un hecho probado de corrupción, pero considera que constituye un elemento que debe ser esclarecido por las autoridades debido al tamaño del contrato y a la ausencia de una licitación abierta.

También plantea dudas sobre la estructura empresarial de Impulsa Tu Ganancia y sus antecedentes en otros procedimientos de contratación pública.

“De la revisión de diversa documentación corporativa, registros mercantiles y antecedentes empresariales se desprenden elementos que ameritan ser investigados por las autoridades competentes”, señala la querella.

De acuerdo con el documento, Impulsa Tu Ganancia habría participado en distintos procedimientos junto con Time 2 Lease, S.A. de C.V., empresa cuyos representantes legales, accionistas y directivos coincidirían con los de compañías pertenecientes al grupo empresarial Surman.

Entre las sociedades mencionadas se encuentran Surman México, S.A. de C.V., Gutiérrez Motors, S.A. de C.V. y Desértica Motors, S.A. de C.V.

La denuncia también identifica a Lorena Montserrat Martínez Aguilar como representante legal de Impulsa Tu Ganancia y señala que habría ocupado cargos en sociedades relacionadas con Alberto Manuel Mena Palacios.

Otros antecedentes corporativos, de acuerdo con la querella, la vincularían profesionalmente con empresas presuntamente relacionadas con la familia Mena Palacios, propietaria de CA Soluciones Financieras, S.A. de C.V., y Continental Automotriz, S.A. de C.V.

“Lo que constituye indicios suficientes para presumir que la estructura corporativa del consorcio adjudicatario podría involucrar beneficiarios finales, personas relacionadas o grupos de interés económico distintos de aquellos que aparecen formalmente en la documentación pública”, afirma la denuncia.

El señalamiento central es que las empresas que formalmente aparecen como adjudicatarias podrían mantener vínculos empresariales, financieros o personales con otras sociedades, lo que eventualmente habría reducido la independencia entre participantes o simulado condiciones de competencia.

Por ese motivo, la querella exige identificar quién controla realmente a las compañías, quiénes son los beneficiarios finales del contrato y si existen relaciones corporativas que no fueron reveladas durante el procedimiento de adjudicación.

También solicita determinar si las empresas tenían la capacidad técnica, financiera, patrimonial y operativa suficiente para ejecutar un contrato de casi 5 mil millones de pesos, así como establecer si terceros o sociedades relacionadas participarían en la prestación del servicio.

La adjudicación adquiere mayor relevancia por haberse autorizado durante la gestión de Víctor Rodríguez Padilla, quien dejó la dirección de Pemex y posteriormente fue detenido por un caso distinto, relacionado con una acusación de violencia contra su esposa.

La denuncia contractual no vincula directamente ese proceso penal con la adjudicación, pero coloca bajo escrutinio decisiones tomadas durante los últimos meses de su administración y abre la posibilidad de que sean revisadas otras contrataciones autorizadas bajo esquemas de excepción.

La querella pide que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Órgano Interno de Control de Pemex y la Auditoría Superior de la Federación revisen la fundamentación jurídica del contrato, la razonabilidad económica del monto y la justificación para evitar una licitación pública.

A la Unidad de Inteligencia Financiera se le solicita investigar la estructura financiera y corporativa de Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia, mientras que al Servicio de Administración Tributaria se le pide verificar la situación fiscal de las empresas y de las personas vinculadas con su administración.

La denuncia también plantea que, si se detectan irregularidades administrativas, fiscales, financieras o patrimoniales, se inicien procedimientos de responsabilidad, se impongan sanciones y se ordenen medidas para resarcir cualquier eventual daño al patrimonio de Pemex o al erario federal.

En caso de que las auditorías identifiquen hechos que pudieran constituir delitos de corrupción, la querella solicita dar vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y a la Fiscalía General de la República.

Hasta ahora, los señalamientos contenidos en la denuncia deben ser investigados y no constituyen por sí mismos una resolución administrativa o penal. No obstante, el caso vuelve a colocar bajo cuestionamiento el uso de adjudicaciones directas en Pemex, particularmente cuando se invocan razones de seguridad nacional para comprometer recursos públicos por varios años y por montos multimillonarios.