La detención del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel abrió uno de los capítulos de mayor impacto político dentro de las investigaciones federales contra el llamado huachicol fiscal, una modalidad de contrabando que no depende de tomas clandestinas en ductos, sino de la manipulación de permisos, pedimentos y declaraciones aduaneras para introducir combustible al país sin pagar correctamente los impuestos correspondientes.

La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que Ruffo Appel y otras cuatro personas fueron detenidos como presuntos integrantes de una organización a la que calificó como una “colosal red” de tráfico de combustibles, con operaciones en al menos ocho entidades y una afectación económica que, de acuerdo con las primeras estimaciones ministeriales, superaría los 4 mil millones de pesos.

A través de un mensaje videograbado desde las instalaciones centrales de la Fiscalía, en la alcaldía Cuajimalpa, Godoy Ramos informó que la institución desplegó una operación de amplio alcance después de integrar información ministerial, financiera, fiscal, ferroviaria, aduanera y de comercio exterior.

Según la fiscal, el objetivo de la investigación es desmantelar una estructura dedicada a introducir combustibles procedentes de Estados Unidos mediante declaraciones falsas, incompletas o deliberadamente alteradas, para posteriormente almacenarlos, transportarlos y comercializarlos en distintas regiones de México.

En una primera etapa, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 objetivos, entre quienes se encontraban Ernesto Ruffo Appel y su socio Ricardo Thompson Navarro, ambos relacionados con la empresa Ingemar S.A. de C.V., fundada por el exmandatario panista.

La incorporación de Ruffo Appel al expediente le da una dimensión política excepcional al caso. El exgobernador fue el primer mandatario estatal emanado del Partido Acción Nacional en romper, en 1989, la hegemonía del entonces partido oficial. Décadas después, su nombre aparece ahora en una investigación federal por presunta delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y operaciones financieras que la Fiscalía considera incompatibles con las actividades declaradas por las empresas involucradas.

Godoy Ramos sostuvo que el análisis realizado por la FEMDO permitió identificar lo que describió como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”, una estructura que habría aprovechado el transporte ferroviario y los cruces aduaneros del norte del país para ingresar volúmenes de combustible muy superiores a los reportados oficialmente.

Ingemar, punto de partida de la investigación

De acuerdo con la exposición de la fiscal, la operación comenzó a estructurarse alrededor de Ingemar, compañía vinculada formalmente con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, y fundada por Ernesto Ruffo Appel.

La Fiscalía afirma que las empresas relacionadas con la organización estaban registradas como importadoras de productos derivados del petróleo, pero que al momento de cruzar la frontera declaraban cantidades muy inferiores a las transportadas o registraban mercancías distintas a las que realmente se encontraban dentro de los carros-tanque.

“Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados”, señaló Ernestina Godoy.

El combustible provenía, según la investigación, de refinerías localizadas en Texas y era trasladado por ferrocarril hacia México para ser distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, aunque la estructura tendría presencia y vínculos logísticos en por lo menos ocho estados.

El esquema habría dependido tanto de la falsificación de datos como de la ausencia de revisiones efectivas en las aduanas. La mercancía ingresaba al país sin que se verificaran los volúmenes reales transportados y, posteriormente, era descargada en conexiones ferroviarias conocidas como espuelas, desde donde se transfería a pipas y tractocamiones.

Declaraban 10 mil litros y transportaban hasta 110 mil

Uno de los elementos centrales de la imputación es la enorme diferencia entre la capacidad real de los carros-tanque y el volumen declarado ante las autoridades.

La Fiscalía sostiene que la organización reportaba únicamente alrededor del 10 por ciento del combustible transportado. En algunos casos se declaraban aproximadamente 10 mil litros, aunque cada unidad podía llevar hasta 110 mil litros.

Ese diferencial permitía, presuntamente, reducir de manera drástica el pago de contribuciones federales, particularmente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, y del Impuesto al Valor Agregado, el IVA.

“Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal”, explicó la fiscal.

Una vez descargado el producto, era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes, las cuales presuntamente carecían de los permisos necesarios de la autoridad reguladora del sector energético.

“En esos puntos, y sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético, el producto era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes. Después, estas empresas se encargaban de vender y distribuir el combustible en distintas regiones del país”, detalló Godoy Ramos.

Este mecanismo permitía que el combustible ingresara al mercado nacional a un costo artificialmente menor, al evitar impuestos y controles regulatorios. Además de provocar un daño al erario, la operación habría generado una competencia ilegal frente a importadores, distribuidores y estaciones de servicio que sí cumplían con las obligaciones fiscales.

Ferrotanques localizados y combustible no declarado

La Fiscalía informó que una primera acción operativa permitió afectar financieramente a la organización por alrededor de 32 millones 808 mil pesos, además de desarticular uno de sus principales centros logísticos.

Las autoridades localizaron decenas de carros-tanque en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí, puntos estratégicos dentro de la infraestructura ferroviaria y de distribución de combustibles del norte y centro del país.

“Como resultado de una primera acción operativa, se generó una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para la organización investigada. Además, se desarticuló uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carro-tanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí”, afirmó la fiscal.

La investigación identificó aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible que no habrían sido declarados ante las autoridades. Para realizar estas operaciones, la organización presuntamente utilizó 162 carros-tanque de ferrocarril.

La evasión tributaria calculada únicamente sobre esos cargamentos asciende a más de 106 millones 800 mil pesos. De esa cantidad, alrededor de 88 millones 511 mil pesos corresponderían al IEPS y 18 millones 289 mil pesos al IVA.

“Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. A ello se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, IVA. En conjunto, el posible daño causado a la Hacienda Pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos”, comentó Godoy Ramos.

La cifra fiscal corresponde únicamente a una parte de las operaciones analizadas. La estimación global superior a los 4 mil millones de pesos incorpora movimientos financieros, operaciones cambiarias, ingresos no reportados, diferencias entre volúmenes autorizados e importados y otros posibles daños patrimoniales derivados de la actividad de la red.

Importaban hasta diez veces más de lo autorizado

Otro elemento relevante del expediente es la diferencia entre los volúmenes autorizados por las autoridades y las cantidades que efectivamente habrían ingresado al territorio nacional.

En el caso del diésel, las empresas investigadas importaron presuntamente volúmenes equivalentes a más de diez veces lo permitido. Respecto de la gasolina regular, las cantidades introducidas habrían sido superiores a tres veces y media el volumen autorizado.

Estas discrepancias refuerzan la hipótesis de que no se trataba de errores administrativos aislados, sino de una operación sistemática diseñada para ocultar combustible, evadir contribuciones y distribuir el producto fuera de los mecanismos regulatorios establecidos.

La Fiscalía también investiga si las importaciones se realizaron utilizando permisos ajenos, documentos alterados, fracciones arancelarias incorrectas o declaraciones que presentaban el combustible como otro tipo de derivado petrolífero sujeto a una carga tributaria menor.

Más de 3 mil millones de pesos en cuentas puente

La investigación no se limitó al seguimiento físico de los ferrotanques. La FEMDO desarrolló un análisis financiero que permitió identificar patrones de dispersión de recursos presuntamente destinados a ocultar el origen y destino del dinero generado por la comercialización del combustible.

De acuerdo con Godoy Ramos, las autoridades localizaron movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.

“Como resultado de este análisis, se identificaron movimientos por más de tres mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares”, informó la titular de la Fiscalía.

Las cuentas presentaban un comportamiento característico de los mecanismos utilizados para dispersar recursos: recibían transferencias, enviaban el dinero casi inmediatamente hacia otras cuentas y mantenían saldos mínimos.

“Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos. Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales”, expuso Ernestina Godoy.

Este patrón podría constituir un indicio de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque corresponderá a los jueces determinar si los movimientos financieros estaban vinculados directamente con el contrabando de hidrocarburos y si los imputados conocían el origen presuntamente ilegal de los fondos.

Más de 4 mil operaciones en aduanas de Tamaulipas

La ampliación de la investigación, realizada en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, permitió detectar que entre enero y julio de 2025 la red habría llevado a cabo 4 mil 238 operaciones de importación.

Los cruces se realizaron principalmente a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, todas ubicadas en Tamaulipas, una entidad estratégica para el comercio ferroviario y carretero con Estados Unidos.

La magnitud y continuidad de las operaciones llevan a la Fiscalía a investigar una posible red de protección o colaboración institucional. La introducción de miles de cargamentos con diferencias tan amplias entre los volúmenes declarados y los realmente transportados difícilmente podría explicarse únicamente por irregularidades atribuibles a las empresas privadas.

Por ello, la FGR mantiene abiertas líneas de investigación contra servidores públicos, socios empresariales, operadores logísticos, agentes aduanales y responsables de las compañías de transporte que habrían participado en el ingreso y distribución del combustible.

La investigación deberá determinar si existieron omisiones, actos de corrupción o acuerdos deliberados dentro de las aduanas que permitieron el paso de los ferrotanques sin inspección, así como establecer quiénes eran los beneficiarios finales de las operaciones financieras.

El peso político del caso Ruffo

La captura de Ernesto Ruffo Appel representa un golpe político para el Partido Acción Nacional y, particularmente, para la historia política de Baja California, entidad en la que Ruffo se convirtió en símbolo de la alternancia.

Su detención también puede tener efectos sobre la disputa política actual en el estado, donde distintos grupos partidistas han intercambiado acusaciones por presuntos vínculos con redes de contrabando, lavado de dinero, narcotráfico y huachicol fiscal.

No obstante, el señalamiento de la Fiscalía no equivale a una sentencia. Ruffo Appel, Thompson Navarro y el resto de las personas detenidas deberán ser presentados ante un juez, quien analizará si los datos de prueba reunidos por la FEMDO son suficientes para vincularlos a proceso.

La FGR tendrá que demostrar no sólo la existencia de las irregularidades aduaneras y financieras, sino también la intervención concreta de cada uno de los imputados, su grado de conocimiento sobre las operaciones y la posible existencia de una organización criminal con división de funciones.

El expediente presentado por Ernestina Godoy perfila una investigación de gran alcance que conecta empresas, ferrocarriles, aduanas, cuentas bancarias, operadores logísticos y posibles funcionarios públicos. Su relevancia no radica únicamente en la cantidad de combustible presuntamente introducido de manera ilegal, sino en la dimensión institucional de una red que habría operado durante meses a través de los principales cruces fronterizos del noreste del país.