Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre una red de corrupción en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales estatales ha colocado bajo escrutinio a siete empresas proveedoras de materiales electorales, vinculadas con personajes que llegaron a ocupar puestos estratégicos durante la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala, publicó el periódico Reforma.
La indagatoria federal apunta a un entramado empresarial que utilizó licitaciones simuladas, triangulación de recursos y sociedades con características de empresas factureras para obtener contratos públicos millonarios. Actualmente se reportan 70 cuentas bancarias bloqueadas, aunque la autoridad no ha revelado públicamente la identidad de todos los titulares afectados por esas medidas.
El caso tiene antecedentes de mayor alcance. Entre 2023 y 2024, la UIF bloqueó más de 400 cuentas bancarias relacionadas con 13 personas físicas y siete empresas, como parte de las investigaciones sobre proveedores de materiales electorales.
La investigación también examina transferencias hacia empresas mexicanas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que habrían recibido recursos procedentes de algunas de las compañías investigadas.
Sin embargo, no se han divulgado los nombres de esas empresas sancionadas ni los detalles de las operaciones financieras, por lo que todavía no es posible establecer públicamente el alcance de esos vínculos.
El centro de la investigación son los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios relacionados con Corporativo Zeg y Cajas Graf, compañías proveedoras de materiales electorales cuyos negocios con organismos públicos se remontan a 2012.
De acuerdo con los señalamientos, ambos empresarios habrían articulado una red de sociedades aparentemente competidoras que, en realidad, mantenían relaciones corporativas y financieras entre sí.
Entre las empresas identificadas aparecen Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
El mecanismo investigado consistía presuntamente en presentar distintas propuestas dentro de procedimientos de contratación pública para generar una apariencia de competencia, pese a que las sociedades participantes podrían encontrarse vinculadas mediante sus propietarios, representantes o movimientos financieros.
“El análisis financiero, fiscal y corporativo permitió identificar a una red de empresas presuntamente utilizadas para simular competencia entre proveedores, obtener contratos públicos millonarios y triangular recursos mediante sociedades relacionadas y empresas con características de factureras”, señala el reporte citado por Grupo REFORMA.
La conexión con Guadalupe Taddei
Uno de los aspectos relevantes del expediente es que las relaciones entre estas compañías y funcionarios electorales no comenzaron con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, sino que registran antecedentes en organismos estatales.
La investigación incluye licitaciones realizadas en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, durante el periodo en que Taddei encabezó ese organismo.
Según el reporte, en esos procedimientos se identificaron propuestas aparentemente independientes y alianzas entre sociedades vinculadas, que habrían favorecido al grupo empresarial de los Hernández Casillas.
La revisión de contratos también alcanza a organismos electorales de Oaxaca y Chihuahua, entidades donde las compañías señaladas realizaron operaciones y mantuvieron relaciones con funcionarios que posteriormente ocuparon responsabilidades dentro del INE.
Entre los nombres mencionados se encuentra Claudia Espino, quien desempeñó la Secretaría Ejecutiva del INE entre finales de 2024 y septiembre de 2026, y cuya participación en determinadas contrataciones es objeto de señalamientos dentro de la investigación.
Estos antecedentes plantean una interrogante sobre los controles institucionales: ¿cómo pudieron representantes de empresas proveedoras llegar a ocupar cargos administrativos dentro del mismo organismo que contrataba sus servicios?
De representante empresarial a director de Administración del INE
El caso más significativo es el de Jesús Octavio García González, quien fue representante de Cajas Graf y Corporativo Zeg en diversos procedimientos de contratación con autoridades electorales.
Pese a esos antecedentes empresariales, Guadalupe Taddei lo nombró director de Administración del INE en septiembre de 2025, una posición con responsabilidades directas sobre la operación presupuestal y administrativa del organismo.
La designación generó cuestionamientos por un posible conflicto de interés, debido a su relación previa con compañías contratistas.
Grupo REFORMA documentó el 3 de febrero de 2026 que García González había representado a Corporativo Zeg en una contratación cercana a 200 millones de pesos para suministrar urnas, mamparas y marcadores destinados a la elección judicial de junio de 2025.
El 20 de enero de 2026, García González fue denunciado ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE por presunto conflicto de interés y abuso de funciones.
En abril de ese año dejó la Dirección de Administración, en medio de la controversia sobre sus vínculos empresariales.
Su trayectoria concentra uno de los puntos fundamentales de la investigación: la posible convergencia entre intereses privados de proveedores y decisiones administrativas relacionadas con el gasto público electoral.
El chofer de Taddei y su vínculo con Corporativo Zeg
Otro de los personajes identificados es Jonathan Navarrete Torres, contratado desde 2025 como chofer y adscrito a la oficina de la presidenta del INE.
De acuerdo con información del Registro Público de Comercio, Navarrete recibió desde el 28 de junio de 2023 facultades como apoderado de Corporativo Zeg, una de las empresas investigadas.
El poder fue otorgado mediante un acto corporativo en el que aparece Rodolfo Higareda Coen, representante de la compañía.
La relación cobra relevancia porque Navarrete figura en la nómina del INE y está formalmente adscrito al equipo cercano de Guadalupe Taddei, mientras conserva como antecedente una representación legal de una compañía proveedora del organismo.
Según lo publicado por Grupo REFORMA, trabajadores del Instituto no han logrado identificarlo desempeñando las funciones de conductor que corresponden a su nombramiento.
Esta circunstancia abre otro frente de revisión administrativa: la comprobación de las funciones efectivamente realizadas, las posibles incompatibilidades y la declaración de intereses de quienes ocupan puestos cercanos a la presidencia del Instituto.
No obstante, la existencia de un poder notarial no demuestra, por sí misma, que su titular haya intervenido en contratos irregulares. Para determinar responsabilidades resulta necesario conocer su vigencia, las actividades efectivamente realizadas y cualquier participación en decisiones de contratación.
Una investigación que alcanza la credibilidad institucional
El expediente adquiere una dimensión adicional porque el INE, encargado de organizar elecciones y fiscalizar los recursos de partidos políticos, también está obligado a garantizar legalidad, transparencia y competencia en el ejercicio de su propio presupuesto.
El Órgano Interno de Control, encabezado por Víctor Hugo Carvente Contreras, tiene atribuciones para investigar posibles responsabilidades administrativas, revisar contratos, verificar conflictos de interés y presentar denuncias ante las autoridades competentes cuando encuentre indicios de delitos.
Por su parte, la UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interviene en la identificación de operaciones financieras presuntamente irregulares, mientras que las eventuales responsabilidades penales corresponden a las autoridades ministeriales.
La autonomía constitucional del INE no lo coloca fuera de los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. Tampoco significa que una investigación financiera contra sus proveedores implique automáticamente responsabilidad penal de sus consejeros o funcionarios.
Las designaciones del grupo de Taddei realizadas durante su administración y las relaciones de sus colaboradores con empresas investigadas constituyen hechos que requieren esclarecimiento.
