La política de Claudia Sheinbaum para mantener artificialmente contenidos los precios de las gasolinas y el diésel tiene una factura millonaria: 171 mil 034 millones de pesos, que no salen del bolsillo del Gobierno federal, sino de los recursos públicos que pertenecen a todos los mexicanos.
La cifra exhibe el costo fiscal de una estrategia que la Cuarta Transformación presenta como una conquista del bienestar, pero cuyo financiamiento depende de impuestos que dejan de recaudarse y subsidios que terminan absorbiendo las finanzas nacionales.
El cálculo corresponde a un análisis del especialista energético Ramsés Pech, difundido por Reforma, que estima el impacto acumulado entre el 21 de marzo y el 20 de noviembre de 2026, apenas ocho meses de intervención gubernamental en el mercado de combustibles.
De ese monto, 163 mil 819.93 millones de pesos corresponden a ingresos que la Secretaría de Hacienda dejaría de percibir mediante estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Otros 7 mil 214.48 millones de pesos representarían subsidios adicionales al diésel, con lo que la afectación fiscal estimada alcanzaría los 171 mil 034.41 millones de pesos.
El combustible más costoso para las finanzas públicas es precisamente el diésel, con 92 mil 280.31 millones de pesos de recaudación sacrificada. Le siguen la gasolina Magna, con 61 mil 791.49 millones, y la Premium, con 9 mil 748.13 millones.
Las cifras incluyen una proyección hasta el próximo 20 de noviembre, por lo que constituyen una estimación del especialista y no el cierre definitivo de la recaudación federal.
La contradicción apareció en el Senado.
El pasado 12 de noviembre, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, defendió ante los legisladores la política de contención de precios y aseguró que México había evitado los incrementos registrados en otros países por la guerra en Medio Oriente y la crisis en el Estrecho de Ormuz.
La funcionaria atribuyó buena parte de esa supuesta fortaleza a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, a la que presentó como una pieza fundamental para proteger el bolsillo de las familias.
Según González, la refinería procesa alrededor de 270 mil barriles diarios y ha contribuido a reducir la dependencia de combustibles importados.
Sin embargo, la funcionaria dejó fuera de su explicación un elemento central: mantener los precios contenidos no significa que las presiones internacionales hayan desaparecido, sino que parte de su costo está siendo absorbido por el erario y por Pemex.
La diferencia es fundamental. Una cosa es que las familias no enfrenten directamente todo el incremento en las estaciones de servicio y otra muy distinta que la economía mexicana no esté pagando las consecuencias.
El Gobierno no tiene una bolsa propia. Los recursos que utiliza para subsidiar combustibles provienen del dinero público, financiado mediante impuestos, ingresos petroleros y otras fuentes de financiamiento.
Además, los 163 mil 819 millones de pesos de estímulos al IEPS no constituyen necesariamente dinero desembolsado por Hacienda, sino recaudación a la que renuncia el Estado. Pero el efecto presupuestario es igualmente relevante: son ingresos que no estarán disponibles para financiar otras necesidades.
Aquí aparece una de las mayores contradicciones del discurso del bienestar de la 4T: quienes utilizan el Metro, el transporte público o ni siquiera tienen automóvil también participan, mediante las finanzas públicas, en el sostenimiento de una política que beneficia directamente a los consumidores de gasolina.
Es cierto que contener el precio del diésel también puede ayudar a reducir los costos del transporte de mercancías, alimentos y pasajeros. Sin embargo, eso no elimina la necesidad de evaluar quién recibe los mayores beneficios y cuánto cuesta sostenerlos.
Pemex también paga la factura.
La propia petrolera reconoció en sus informes financieros que los acuerdos para mantener la gasolina Magna por debajo de 24 pesos y el diésel por debajo de 27 pesos por litro pueden deteriorar sus márgenes de operación.
La empresa advirtió que no siempre puede trasladar a sus clientes nacionales los incrementos en los costos de producción y comercialización, situación que presiona sus resultados y sus flujos de efectivo.
Esta advertencia contradice la idea de que los precios internacionales dejan de importar simplemente porque Pemex opera bajo una política de protección al consumidor.
Y tampoco la producción de Dos Bocas elimina automáticamente esos costos. La capacidad de refinación nacional puede reducir importaciones y mejorar el suministro, pero no vuelve gratuitos el petróleo, su procesamiento, la logística ni la distribución.
El problema de fondo no es que el Estado intervenga para amortiguar una crisis energética. Los subsidios pueden ser una herramienta legítima de política económica cuando están justificados, son transparentes y tienen objetivos definidos.
El problema es presentar esa intervención como un beneficio sin costo, mientras se omite explicar a la sociedad quién la financia, cuánto representa y qué otras prioridades presupuestarias desplaza.
Con un impacto estimado de 171 mil millones de pesos en apenas ocho meses, el Gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una pregunta que Luz Elena González no resolvió satisfactoriamente durante su comparecencia.
¿Cuánto cuesta realmente proteger el precio de los combustibles y quién termina pagando esa protección?
Porque mientras la Cuarta Transformación presume que Dos Bocas y Pemex han blindado la economía popular frente a la crisis internacional, las cifras muestran que el blindaje tiene una factura considerable.











