El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, se pronunció contra las evaluaciones punitivas promovidas por Néstor Vargas Solano, el funcionario que Claudia Sheinbaum propuso personalmente el 21 de agosto de 2025 para integrar el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

La confrontación institucional ocurre en medio de una rebelión de miles de trabajadores federales que rechazan un sistema de evaluación que podría costarles sus empleos.

La controversia enfrenta dos posturas dentro del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF): la del organismo responsable de administrar al personal y la del presidente de la Corte, quien exige diálogo y garantías para evitar que las evaluaciones se conviertan en instrumentos de sanción laboral.

“La evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF”, estableció la Corte mediante un comunicado difundido después de los encuentros que Hugo Aguilar sostuvo con representantes sindicales.

El pronunciamiento representa un cuestionamiento a la aplicación de los lineamientos aprobados por el OAJ, que contemplan consecuencias para la permanencia de aproximadamente 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales.

La posición de Néstor Vargas adquiere especial relevancia por su relación política y profesional con Claudia Sheinbaum, de quien fue consejero jurídico durante su administración como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El 21 de agosto de 2025, la Presidenta anunció públicamente que propondría a su antiguo colaborador como representante del Poder Ejecutivo en el nuevo organismo encargado de administrar buena parte de los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial.

“Voy a proponer a quien fue consejero jurídico mientras fui Jefa de Gobierno, Néstor Vargas, él es mi propuesta”, declaró entonces la mandataria.

Sheinbaum defendió además las cualidades de su colaborador: “Es un hombre muy recto, me consta, porque ha trabajado conmigo y conoce el Poder Judicial y además tiene todos los atributos”.

La designación fue parte de la nueva estructura institucional creada por la reforma judicial de 2024, que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el OAJ, integrado por cinco miembros: uno designado por la Presidencia de la República, tres por la Corte y uno por el Senado.

Esta composición explica el origen de la presencia de Néstor Vargas en el organismo, aunque las decisiones administrativas corresponden institucionalmente al OAJ, no directamente a la Presidencia de la República.

El conflicto estalló después de que el organismo publicara, el 5 de noviembre de 2026, los lineamientos de evaluación del desempeño del personal judicial.

El nuevo sistema contempla exámenes de conocimientos, productividad, trabajo en equipo, ética, comportamiento profesional y valoraciones de superiores jerárquicos y compañeros.

Uno de los aspectos más cuestionados por los trabajadores es que las opiniones de jueces, magistrados y compañeros representarán el 30 por ciento de la calificación, un mecanismo que consideran susceptible de decisiones discrecionales.

El examen de conocimientos tendrá un valor del 40 por ciento, mientras que otros indicadores complementarán la evaluación.

Aunque durante 2026 las pruebas tendrán exclusivamente fines diagnósticos, a partir de 2027 los resultados podrán tener consecuencias sobre la permanencia laboral.

Quienes obtengan entre 80 y 100 puntos evitarán una nueva evaluación ordinaria durante dos años, mientras que aquellos con calificaciones de 60 a 79 deberán someterse a medidas de fortalecimiento profesional.

Los trabajadores que obtengan menos de 60 puntos podrán recurrir a un examen extraordinario, pero el incumplimiento de los requisitos establecidos podría terminar en la separación del cargo.

Las disposiciones provocaron protestas en tribunales y juzgados federales de numerosas entidades, así como bloqueos viales en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Durango.

En diversas sedes judiciales se declararon días inhábiles para evitar afectaciones a los plazos procesales, mientras la suspensión de actividades complicó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

Durante una visita a Durango, Néstor Vargas enfrentó directamente el descontento de trabajadores judiciales, en un altercado durante el cual terminó en el suelo.

La protesta evidenció el rechazo al nuevo mecanismo de evaluación, pero también la tensión que persiste entre el personal de carrera judicial y la estructura surgida de la reforma constitucional.

Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF (SNRS-TPJF), cuestionó que los empleados de carrera deban enfrentar evaluaciones que podrían determinar su permanencia, mientras los nuevos jueces y magistrados llegaron a sus cargos mediante elecciones populares.

“Es injusto, cuando los jueces están entrando por una votación y a nosotros sí nos quieren evaluar. Queremos que se eche para atrás todo absolutamente y que dejen a la base trabajadora hacer lo que ha hecho durante años”, afirmó.

Por su parte, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), manifestó que los trabajadores no rechazan ser evaluados, siempre que existan garantías para impedir despidos arbitrarios.

En el mismo sentido se pronunció Víctor Mata, secretario de Tribunal, quien explicó que el desacuerdo no radica en comprobar conocimientos y desempeño profesional, sino en que una calificación pueda convertirse en motivo de separación laboral.

Ante el crecimiento de las protestas, Hugo Aguilar recibió por separado a los dirigentes sindicales y ofreció establecer mecanismos de negociación con el OAJ.

“La legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla. Para seguir fortaleciendo al PJF, es indispensable hacerlo entre todas y todos, con respeto, escucha y disposición para alcanzar acuerdos”, señaló el comunicado de la Corte.

La intervención del ministro presidente tiene una limitación institucional: Hugo Aguilar ya no administra los más de 900 juzgados y tribunales federales, facultad que correspondía al presidente de la Corte cuando también encabezaba el desaparecido Consejo de la Judicatura Federal.

Actualmente, la administración de esos órganos judiciales corresponde al OAJ, por lo que Aguilar puede promover acuerdos, pero no cancelar unilateralmente las evaluaciones establecidas por el organismo.

El presidente de la Corte también sostuvo reuniones en la Cámara de Diputados con Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva.

Durante esos encuentros presentó planteamientos relacionados con nuevos ajustes a la reforma judicial, en un momento de tensiones sobre el funcionamiento de las instituciones surgidas de esa transformación.

La obligación de evaluar al personal no nació con Néstor Vargas. La Ley de Carrera Judicial de 2021, impulsada durante la presidencia de Arturo Zaldívar en la Corte, ya establecía evaluaciones como requisito de permanencia.

Sin embargo, ese mecanismo no llegó a implementarse de manera generalizada durante la existencia del Consejo de la Judicatura Federal.

La legislación vigente desde enero de 2025 conservó la evaluación del desempeño como parte de la carrera judicial y dejó pendiente el desarrollo de los lineamientos específicos.

Por ello, la controversia involucra tanto la aplicación de una obligación legal como las garantías que deben proteger a los trabajadores frente a posibles decisiones discrecionales.

La Asociación de Jueces y Magistrados también ha expresado preocupaciones sobre el uso de valoraciones subjetivas que podrían afectar la estabilidad de los funcionarios judiciales.

El enfrentamiento institucional coloca nuevamente bajo escrutinio la reforma judicial promovida por Andrés Manuel López Obrador y continuada durante la administración de Claudia Sheinbaum, particularmente en lo relacionado con la autonomía administrativa, la profesionalización y los derechos laborales.

La participación de Néstor Vargas, excolaborador de Sheinbaum y designado por ella para el OAJ, añade una dimensión política al conflicto, aunque su nombramiento no demuestra por sí mismo que la mandataria haya ordenado las evaluaciones o sus consecuencias laborales.

Hugo Aguilar ha ofrecido encauzar el desacuerdo mediante la negociación, mientras los sindicatos exigen modificar los lineamientos y establecer garantías verificables contra ceses arbitrarios.